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22 Nacional DOMINGO 12 12 2004 ABC Rajoy ridiculiza al Gobierno porque ya está prohibido que los altos cargos roben Recuerda que cuando el PP ganó las elecciones no tuvo que crear una ley para combatir la corrupción b Denuncia que el desnortado PSOE vasco sólo busca entrar de la mano del PNV en el próximo Gobierno de Ibarretxe con el lema López, vicelendakari M. LUISA G. FRANCO VITORIA. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ridiculizó ayer el proyecto de ley que prepara el Gobierno para fijar pautas de actuación de los altos cargos, afirmando que puede resumirse en tres palabras: Está prohibido robar El dirigente popular dijo que su partido votará a favor de esa prohibición de robar porque es algo obvio pero añadió que el PP no necesitó ningún proyecto de ley para combatir la corrupción, que era el tercer problema de España cuando llegaron al poder en 1996 y que ni siquiera apareció entre los cuarenta problemas citados por los españoles cuando dejaron el Gobierno. El presidente del PP consideró que mejor que aprobar leyes como la anun- ciada para los altos cargos es tener comportamientos democráticos, como el reconocimiento por parte del ministro Moratinos de su equivocación al acusar al Gobierno de Aznar de apoyar el golpe de Venezuela o retirar la ley que cambia el sistema de elección de los jueces. En la clausura del XI Congreso del PP de Álava, Rajoy consideró que su partido tiene un reto importante en las elecciones al Parlamento vasco de la próxima primavera, con la convicción de que es necesaria una alternativa en el País Vasco y de que el PP es decisivo para formarla. En opinión de Rajoy, el plan Ibarretxe no puede ser un proyecto compartido por los vascos, ni tampoco el plan de un Partido Socialista desnortado y sin convicciones claras que responde a una estrategia electoral detrás de la cual está el lema López, vicelendakari El presidente del PP destacó que hasta ahora el único proyecto compartido por la sociedad vasca ha sido el Estatuto y que el PP pretende, con María San Gil como candidata a lendakari, que El presidente popular junto al alcalde de Vitoria y la presidenta del PP vasco TELEPRESS en el País Vasco se genere un nuevo clima político donde se respete la legalidad y la libertad de la gente. pe González, y criticó su política exterior, que definió como una sucesión de fotos en reuniones sin contenido y la inexistencia de una política económica seria. Rajoy respaldó ayer la elección de Alfonso Alonso como nuevo presidente del Partido Popular de Álava. Fue elegido ayer con el 91,1 por ciento de los votos de los compromisarios en el congreso provincial y sustituye al diputado general alavés, Ramón Rabanera, quien ha permanecido al frente del partido desde su fundación. Alfonso Alonso, nuevo presidente Mariano Rajoy dio carpetazo en Vitoria al desconcierto provocado en el PP por lo ocurrido el 14- M y aseguró que su partido lo ha superado sin caer en el desánimo, ni en la división También acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de dejar que Carod Rovira se le suba a las barbas todos los días algo que, según aseguró, no permitió Feli- ÁLVARO DELGADO- GAL MI REINO POR UN CABALLO as relaciones entre PP y PSOE se están deteriorando hasta un punto de no retorno. Todavía sobrevive, de modo precario, el Pacto Antiterrorista. Pero no queda mucho más. Esto desactiva de oficio la reforma de la Constitución, gran asignatura pendiente según el Gobierno. Es impensable, en efecto, que se pongan a reformar la Carta Magna dos partidos que no se hablan. Dada la capacidad de presión de ERC y de Maragall sobre el Gobierno, lo más probable es que se desvirtúe la Constitución sin alterarla formalmente, lo que introducirá un desorden fabuloso en el Estado de aquí a uno o dos años. Pintan bastos, justo en el momento en que habría sido máximamente deseable una alianza de socialistas y populares con el fin de que no se desbarate la baraja. Las cosas, sin embargo, son como son. La última y quizá irreparable pendencia entre los dos partidos, la ha ocasionado la reforma judicial. El 15 de octubre, el Consejo de Ministros dio curso al proyecto de ley que finalmente cambiará el sistema de mayorías en el Consejo General del Poder Judicial. Tras un proceso infeliz y accidentado, L los populares abandonaron la Cámara en el momento en que se discutía el procedimiento para tramitar la ley. La izquierda ha reprochado a la derecha su comportamiento montaraz. Haya sido o no montaraz el comportamiento de la derecha, es necesario recordar a la izquierda que los atajos no siempre llevan a buen puerto. Vayamos por partes. Lo menos importante, en este asunto desgraciado, es el contenido sucinto de la ley. En principio es defendible, o al menos debatible, la tesis de que las mayorías reforzadas resultan preferibles a las simples. Concedamos, por no complicar la cuestión, que una mayoría de tres quintos, al exigir un grado superior de consenso que una mayoría simple, acrece la autoridad y representatividad de los elegidos. Dicho esto, hay que pasar al contexto, que es donde está la madre del cordero. En el Consejo disponen aún de mayoría los jueces conservadores, por lo común afectos al PP. Esto significa que, en unas fechas críticas en que debían renovarse varios cargos en el Supremo y los Tribunales autonómicos, los populares disponían, conforme al sistema de elección vigente, de los recursos requeridos para colocar a jueces de su preferencia. Lo que en esencia ha hecho el Gobierno, ha sido elevar los sufragios que aseguran la provisión del cargo. De este modo, se devalúa el peso de los jueces presuntamente adictos a la derecha. Cuando llegue el momento de las elecciones interesantes, se habrán de negociar los nombres que, sin la inflexión sobrevenida, el PP habría podido entronizar en absoluta franquía. El Gobierno ha seguido un procedimiento relámpago, o por acudir a la terminología militar, de Blitzkrieg Se decidió tramitar la ley por lectura única, cosa que no se hace nunca o poquísimas veces en el caso de las leyes orgánicas. Al perderse la votación por la incomparecencia de varios diputados el 25 de noviembre, y transcurridos apenas cuatro días, se convocó de nuevo Consejo de Ministros. Luego de una serie de incidentes rocambolescos, se sacó el texto delante, de nuevo por lectura única. Los diputados de la derecha, como se ha dicho, abandonaron el dos de diciembre el hemiciclo. El PP asegura que bloqueará por tiempo indefinido la renovación del CGPJ, y su grupo parlamentario ha anunciado un recurso ante el Constitucional. A este extremo hemos llegado. La operación del Gobierno resulta objetable por dos razones. La primera es que es estéril, o peor aún, perturbador, romper las reglas de juego unilateralmente. El que venga a continuación lo hará a su vez, desvaneciéndose toda oportunidad de organizar la convivencia política sobre bases estables. La segunda se refiere al desfalleciente entendimiento de la ley de que ha hecho gala el PSOE. Las leyes, por su propia naturaleza, son normas constantes e invariables, es decir, marcos que orientan la actuación de las personas o las instituciones con carácter general. Es por tanto perverso promulgar una ley con objeto de promover un fin concreto, aquí y ahora. A la vuelta de poco, y ya prescritos el aquí y el ahora, permanecerá la ley, rehén de ambiciones alicortas que se ha llevado la trampa del tiempo. Lo perdurable se habrá sacrificado a lo contingente, que es exactamente lo que debe evitar una clase política responsable. Una modificación de las mayorías no enderezada a evacuar urgencias perfectamente descriptibles, no sólo habría despejado toda sospecha de intromisión del Ejecutivo en la justicia. Habría permitido, además, ponderar con sosiego mayor los pros y los contras anejos a la redefinición del sistema. No son estas consideraciones asépticas, me temo, las que han motivado la cólera del PP. El PP ha protestado porque se le desplazaba de una posición ventajosa. Aún así, tiene razones para llamarse a engaño, y está autorizado a expresar su enfado apelando a argumentos harto sólidos. El movimiento se demuestra andando. Y el talante, actuando.