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94 Economía SÁBADO 11 12 2004 ABC EADS venderá el Airbus- 350 en 2010 para competir con el Boeing- 7 E 7 M. P. MADRID. El consorcio europeo EADS y BAE Systems, propietarios de Airbus en un 80 y en un 20 respectivamente, han dado luz verde a la fabricación del modelo A- 350, que comenzará a volar en el primer semestre de 2010, y que será la competencia directa del Boeing 7 E 7, operativo a partir de 2008. El A- 350 se ofrecerá en dos versiones con capacidad para 245 y 285 plazas. Airbus estima que se demandarán unos 3.100 aviones de este tipo en los próximos 20 años, de los que, al menos espera vender el 50 EADS espera obtener en 2005 unos ingresos de 33.000 millones de euros, de los que el 26 procederán de la rama militar, y prevé que Airbus entregue entre 350 y 360 aviones. Por su parte, Boeing y Singapore Airlines (SIA) han formalizado un pedido de 18 aviones del modelo 777- 300 ER. El contrato está valorado en unos 3.100 millones de euros, según precio de catálogo. Asimismo, Boeing ha firmado un contrato con Vodafone para ofrecer internet de alta velocidad a bordo de los aviones. El juicio contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui empezará el 10 de enero La Fiscalía ha presentado cuatro solicitudes de sobreseimiento del caso b El proceso arranca de una denun- Santander: los pagos son legales El Santander reiteró ayer la legalidad de las jubilaciones pagadas a Amusátegui y Corcóstegui por considerar que la aprobación de las retribuciones se incluyó en las cuentas del banco de los años 2001 y 2002, aprobadas por las respectivas juntas generales de accionistas, órgano soberano de la sociedad La entidad crediticia recuerda que las indemnizaciones derivan de acuerdos adoptados por unanimidad por el consejo de administración lo que provocó que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento de la causa hasta cuatro veces. El pasado marzo, el consejo de administración ratificó los acuerdos. nar la entidad para dejar el campo libre a Botín La acusación pide penas que van de 6 a 12 años de cárcel, dependiendo de que se considere que los hechos son un delito societario de apropiación indebida o una administración desleal. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado su absolución, por lo que ha llegado a pedir en cuatro ocasiones el sobresei- cia de Rafael Pérez Escolar, condenado por estafa y apropiación indebida, por las jubilaciones de los dos ex altos cargos del SCH ABC MADRID. El próximo 10 de enero, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará el juicio oral contra el presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín; el ex presidente, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Ángel Corgóstegui, por el asunto de los pagos millonarios a estos dos últimos cuando abandonaron la entidad. El caso saltó a la palestra después de que Rafael Pérez Escolar, ex consejero de Banesto en la época en que Mario Conde era su presidente, y condenado por estafa y apropiación indebida, y el abogado Juan Francisco Franco Otegui presentaran una querella contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui por considerar que recibieron las indemnizaciones- -de 43,7 millones de euros, el segundo, y 108, el tercero- -al abando- miento de la causa. El Santander, por su parte, presentó el pasado mes de marzo un recurso contra el proceso ante el Constitucional, en el que pedía su paralización en la Audiencia hasta que se resolviese el recurso de amparo. Sin embargo, la juez Teresa Palacios, el pasado 19 de febrero, tras instruir el caso, dio vía libre a la celebración del juicio oral. Además de la prisión, las acusaciones solicitan multas millonarias a los procesados y su inhabilitación para ejercer como administradores de cualquier entidad mercantil. Los querellantes expresaron su sorpresa por la celeridad de la Audiencia Nacional en iniciar el juicio oral, que terminará el 9 de febrero. El Santander se remitió ayer al texto aprobado por el máximo órgano de dirección del banco, en el que expresa su indignación y absoluta discrepancia con las resoluciones judiciales que se han dictado en este procedimiento. Sin perjuicio del debido respeto a la Administración de Justicia- -continúa la entidad- el consejo no puede permanecer impasible ante la infundada imputación de los tres afectados.