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24 Nacional SÁBADO 11 12 2004 ABC Reabrir la comisión La comisión de investigación se abrió el 3 de diciembre de 2002 por acuerdo del pleno de la Cámara gallega y se cerró el 11 de marzo de 2003 también por decisión del plenario sólo con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta en ese Parlamento. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, dijo que espera que tras la sentencia los gallegos sean conscientes de la forma en la que el PP ejerce su poder en Galicia, la misma que cuando tenía el poder en España El PSOE y el BNG creen que es necesario retomar los trabajos de la comisión y terminar el trabajo encomendado para elaborar el dictamen. El TC anula el acuerdo del Parlamento gallego de cerrar la comisión del Prestige El alto tribunal da amparo a los recursos presentados por BNG y PSOE P. M. MADRID. El Tribunal Constitucional ha anulado la decisión del Parlamento gallego de disolver la comisión de investigación por el naufragio del Prestige en dos sentencias dictadas tras los recursos de amparo presentados por el BNG y el PSOE. El TC afirma que se vulneró el artículo 23.2 de la Constitución y reconoce el derecho de los de- mandantes a ejercer sus funciones representativas en condiciones de igualdad y con arreglo a lo previsto en el Reglamento del Parlamento de Galicia Los recursos de BNG y PSOE pedían al Constitucional que se pronunciara sobre la legalidad de la decisión de la Mesa del Parlamento del 5 de marzo de 2003 de aprobar normas supletorias del artículo 50 del Reglamento de la Cá- mara, que permitían la disolución anticipada de la comisión y su inclusión en el orden del día del pleno de los días 11 y 12 de marzo de 2003. Las normas supletorias del Reglamento fueron solicitadas por un grupo de diputados del PP después de que el 8 de enero de aquel año, el entonces secretario de Estado de Organización Territorial comunicara al presidente de la Cámara que, por razones competenciales, no era adecuada la solicitud de comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado, sus entidades públicas o de otras vinculadas al ejercicio de competencias estatales. El escrito del secretario provocó la inasistencia de los diputados de la oposición a la comisión, lo que motivó que los representantes del PP propusieran la modificación del Reglamento para disolverla, aunque se había creado hasta el final del periodo de sesiones El TC reconoce el carácter de fuerza de ley que tienen los reglamentos parlamentarios pero desestima el procedimiento aplicado a su modificación pues no es jurídicamente lícito proceder a una modificación del Reglamento sustrayendo esa decisión al Pleno de la Cámara y obviando, además, el requisito de la mayoría absoluta que, para su reforma, establecen la Constitución, los Estatutos y normas de desarrollo directo de los mismos Lejos de justificar la adopción de las normas supletorias ahora impugnadas- -según el TC- la pretensión de éstos (diputados populares) no merecía, en el marco de lo reglamentariamente factible otra respuesta que la inadmisión, la remisión a la comisión por si ésta acordara asumir esa pretensión como propia o debatirla en su seno o, en su caso, la reconducción de la iniciativa como propuesta de reforma expresa del reglamento parlamentario Entiende el alto tribunal que, al ser nula la decisión de la Mesa del Parlamento, lo fue también la del pleno. Fin legítimo y relevante Sobre el argumento de que la comisión era inoperante por la ausencia de la oposición, el tribunal subraya se quería así, con el bloqueo de la actividad de la comisión, escenificar la situación de desavenencia alcanzada con el grupo de la mayoría En términos parlamentarios- -añade- -ese fin puede ser tan legítimo y relevante como alcanzar los específicos objetivos para los que la comisión fue creada pues no puede dejar de tenerse en cuenta que los Parlamentos son, ante todo, escenarios privilegiados del debate público El TC alega que disolver el escenario que hace posible la expresión de la discrepancia a través de la inasistencia o de la abstención supone sacrificar, en último término, un fin parlamentario superior, cual es el de la institucionalización del debate político en clave de libertad y pluralidad