Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión SÁBADO 11 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO ¿CÁMARA ALTA? E L veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005 tiene algo más que el valor histórico de la novedad, pues nunca antes se había producido. Que sea un Gobierno con marchamo de integrador y dialogante el que sufra por vez primera el rechazo de los Presupuestos en el Senado no deja de ser una paradoja, pero muy ilustrativa del esfuerzo que debe aplicar, y no aplica, para fomentar un verdadero consenso. Lo que no puede hacer el Gobierno es actuar como si el PP no estuviera a cuatro escaños de la mayoría absoluta en el Senado. El veto senatorial, que aún tiene que pasar por el Pleno de la Cámara la próxima semana, implicaría una lógica parlamentaria y política que el Gobierno socialista no está dispuesto a respetar. Si la Cámara Alta, depositaria de los mejores deseos de reforma y consolidación expresados en el discurso de investidura de Rodríguez Zapatero, finalmente dice no a los PGE, el Gobierno debería interpretar el mensaje como un emplazamiento para revisar el proyecto presupuestario. El respeto a las instituciones se demuestra con hechos y no con declaraciones formales, de las que el Senado ya ha recibido suficientes a lo largo de su reciente historia. La voluntad de la Cámara Alta ha sido contraria a los intereses del Gobierno, lo que no es una patología del sistema, sino una muestra de su buen funcionamiento y que Rodríguez Zapatero debería reconocer como tal, pues uno de sus propósitos, según anunció en el Congreso antes de ser investido presidente, era propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno Sin embargo, la reacción del Ejecutivo ha sido ignorar el fracaso de su proyecto en el Senado y consolarse con la certeza de que el Congreso de los Diputados lo apoyará. El problema del Gobierno socialista es que esta táctica, legítima sin duda alguna, anula su discurso reformista del Senado, que queda sepultado- -aún más, si cabe- -por la superioridad del Congreso de los Diputados y por un mensaje político de irrelevancia enviado desde el Ejecutivo. Además, la alternativa política va a representar un reforzamiento de la alianza con Esquerra Republicana de Catalunya, que ve cómo su capacidad de influencia sobre el Gobierno se consolida como efecto de la precariedad parlamentaria del PSOE, ya patente e indisimulable. Ambas consecuencias no son beneficiosas ni para el Gobierno ni para los intereses generales. No lo son para el Gobierno, porque afronta sus primeros Presupuestos hipotecado por una minoría independentista, radical y crispadora, que no se recata en demostrar, dentro y fuera de nuestras fronteras, su insolidaridad con cualquier proyecto que beneficie a España. Y no lo son para los intereses generales, porque los compromisos internos y externos que esperan al Gobierno- -reformas constitucional y estatutaria, negociación de fondos europeos- -no se pueden abordar con la debilidad progresiva que está mostrando. España tiene un Gobierno débil, que se hace a sí mismo más débil al querer subsanar sus limitaciones con el peor aliado posible del arco parlamentario. El Gobierno comete un error grave, y con efectos duraderos, si considera que sus decisiones para aprobar los Presupuestos- -ignorar al Senado y estrechar la relación con ERC- -son males menores, compensables por la aprobación definitiva de los Presupuestos. Obviamente, para un Gobierno sacar adelante los PGE es una prioridad, pero es una prioridad que puede atenderse sin conculcar la coherencia del propio discurso y la correcta identificación de los intereses generales. No es éste el único caso en el que el Gobierno está pasando por encima de la prudencia y de la ecuanimidad con tal de llegar al resultado que busca. Lo ha hecho con la reforma judicial y ahora lo va a hacer con los Presupuestos de 2005. Ésta no es la política de transacción y diálogo que prometió Rodríguez Zapatero. LA FACTURA EUROPEA AJOY ha denunciado la pasividad del Gobierno en la negociación de las Perspectivas Financieras 2007- 2013 de la Unión Europea, lo que es sorprendente teniendo en cuenta que Rodríguez Zapatero ha hecho de la vuelta a Europa su objetivo preferente. O quizás no tanto, porque cuando se olvida que Europa es una construcción de intereses- -desde su fundación con la Comunidad del Carbón y el Acero- -y sólo se aspira a una política de gestos, fotos y propaganda, el resultado es que España se queda a merced de aquellos países con los que vive una feliz luna de miel. El problema es que toda la boda la pagamos nosotros: España se juega 39.900 millones de euros en seis años, el 90 por ciento de nuestro saldo neto con la Unión Europea. Ésa es la cifraque puede perderEspaña si prospera la propuesta de la Comisión, pero podría ser peor si salieran adelante las iniciativas de nuestros aliados, Francia y Alemania, que pretenden excluir a todas las regiones españolas de los fondos de cohesión. Las perspectivas financieras se enmarcan en la necesidad de pagarlos costes de la ampliación a la Europa de los 25. Un propósito justo, aunqueno sea solidario precisamente el mecanismo de reparto propuesto, por el que se reduce el techo de los recursos disponibles al 1 por ciento del PIB comunitario, frente al 1,24 por ciento actual, y se aumenta la absorción de recursos de los nuevos miembros por encima del 4 por ciento de su PIB. El resultado es queEspaña pagaría tres veces más que Alemania, dos que Francia e Italia y cinco que el Reino Unido, y pasaría a ser contribuyente neto a pesar de que aún estaría por debajo de la renta per cápita media. Es lógico que España pierda parte de los fondos de cohesión. Pero no lo es que suceda de forma drástica para beneficio de los países más ricos. El Gobierno del PP, aun a costa de duros enfrentamientos con Francia y Alemania, negoció duramente y los resultados fueron buenos. No cabe olvidarse de Niza. Pero con el talantepor bandera, sólo hemos cosechado fracasos; algunos dramáticos, como en agricultura y pesca. Ahora nos jugamos 450 euros al año por cada hogar español. Cabe exigir dureza en la negociación. Hay múltiples precedentes de soluciones transitorias graduales cuando los cambios normativos afectan de manera excepcional a un país concreto. Recordemos el cheque británico, o la reforma de la política agraria y la excepción francesa, o Luxemburgo y el secreto bancario. Ayer Rajoy le echó una manoal presidenteZapatero y le ofreciósu colaboración para una política firme en defensa de nuestros intereses y del reconocimiento de nuestra especificidad. Cabe esperar que la acepte, aunque tenga que cambiar el discurso de que el PP no cree en Europa. R MANUAL DE INTENCIONES L A Constitución de Cádiz, en el hermoso lenguaje de la época, decía que uno de los deberes de todos los españoles era ser justos y benéficos Casi dos siglos después, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ofrece una versión anacrónica de aquel optimismo antropológico al adoptar esa especie de código de buenas intenciones aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que parece seguir la moda de los códigos de conducta al uso (al menos teórico) en el ámbito empresarial y financiero. Sobre todo, pretende poner negro sobre blanco el discutido significado del famoso talante que- -como ha dicho más de una vez el presidente del Gobierno- -forma parte consustancial de su proyecto político. Cumplir la legislación sobre incompatibilidades o conducirse de forma austera en el manejo de los asuntos (y, por supuesto, de los dineros) públicos son obligaciones estrictamente jurídicas y no sólo morales, cuyo cumplimiento debe ser exigido con rigor y no sólo recomendado. En cualquier caso, no cabe el reproche a un manual de buenas intenciones que es de esperar se ponga en práctica. Eliminar los tratamientos rompe con viejas tradiciones y rebaja, por cierto, en el plano simbólico a los agentes del Estado frente a sus equivalentes de las autonomías; en cambio, no aporta nada al ejercicio eficaz de las competencias administrativas. Más valdría evitar privilegios sin justificación como el concedido hace poco por el Ejecutivo andaluz a los altos cargos que cesen en sus funciones. El talante, en todas sus expresiones, se ha instalado sin remedio en un Ejecutivo cuyos miembros, en aplicación del código, dejarán de ser excelentísimos señores. Lo que no sorprende en un Gobierno que, hasta el momento, no se ha caracterizado precisamente por la excelencia.