ABC MADRID 10-12-2004 página 4

4 Opinión VIERNES 10 12 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO CRISIS ENTRE PODERES A votación, ayer, en el Congreso de los Diputados y en lectura única de la reforma de los nombramientos judiciales para el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia ha desencadenado una crisis entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Este escenario de enfrentamiento es, a todas luces, lamentable, pero el Gobierno parecía empeñado en llegar a él como fuera. Sin talante alguno, sin voluntad de consenso con la oposición, promoviendo alianzas de intereses partidistas, hurtando al Parlamento su función deliberante, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha optado claramente por la ruptura de las formas democráticas y por un tratamiento institucional de la Justicia. Dijo el Partido Socialista durante la campaña electoral que la primera ley que aprobaría el Parlamento sería la de la protección integral de la mujer frente a la violencia de género. No ha sido así porque la prioridad del Ejecutivo era someter a un poder judicial cuya mayoría conservadora no complacía sus expectativas, cargo suficiente para actuar contra ella, aunque sus integrantes estuvieran doblemente legitimados por la voluntad democrática de los jueces y por la decisión del Parlamento. El Gobierno ha actuado con una prepotencia inaudita, aprobando una ley cuya eficacia queda en manos de la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los que quiere neutralizar. No podía aspirar a otro resultado que el del enfrentamiento institucional, porque la soberanía del Parlamento no justifica la arbitrariedad legislativa, ni la irrupción dominante en otro poder del Estado. El portavoz del CGPJ ha planteado la posibilidad de entablar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, lo que, al margen de un pronóstico sobre el resultado, mide bien claramente la tensión provocada por el Gobierno. Tensión, además, que le puede resultar improductiva, porque la ley que L ayer votó favorablemente el Congreso no promueve mayorías de consenso sino de bloqueo. Además, muy ingenuo tiene que ser el Gobierno socialista si realmente creía que la mayoría de los vocales del Consejo iban a ser ejecutores felices de esta maniobra de asalto al poder judicial. El Gobierno no ha asumido que la izquierda es minoritaria en la judicatura, que la pluralidad ya está garantizada en la composición del CGPJ y que de los jueces nombrados por este órgano no se debe esperar que representen la diversidad ideológica del Parlamento ni de la sociedad. Es un ejercicio de hipocresía afirmar, como ha hecho el Gobierno, que esta reforma asegura la independencia judicial. ¿Acaso no ha estado garantizada en los nombramientos efectuados por todos los Consejos constituidos desde 1985? El PSOE no se preocupó de esta independencia cuando tenía un CGPJ afín y el PP no aprovechó su mayoría absoluta en la pasada legislatura para establecer el sistema de elección de los vocales judiciales por sufragio directo de los jueces. El Gobierno de Aznar optó por un acuerdo de Estado con el PSOE, que Rodríguez Zapatero ha sustituido por una coalición de intereses con minorías que aspiran a una cuota en el poder judicial, cuando no a la simple sumisión. La respuesta del PP ha sido devolver ruptura por ruptura y anunciar que no pactará la renovación del CGPJ, para la que son imprescindibles los 148 diputados populares, porque la Constitución exige mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. El Gobierno ha actuado como si esta ley fuera suficiente para alcanzar sus propósitos, despreciando que su precariedad parlamentaria no le permite eludir al PP. Para Rodríguez Zapatero el problema es de crédito político. Ni ha sido leal a su compromiso de diálogo ni ha respetado su promesa de hacer del Parlamento el centro de la vida política. Su estreno legislativo ha roto su imagen. PESCAR EN BRUSELAS L nuevo comisario europeo de Pesca, el maltés Joe Borg, le ha hecho falta apenas un par de semanas para ponerse en marcha y empezar a trabajar en un departamento que es muy importante en su país, pero del que no tenía experiencia previa. En cosa de días ha sacado su primer plan de recortes en las capturas pesqueras, que puede tener una influencia decisiva en la situación de una parte del sector español, que es en su conjunto el más importante de Europa. Sorprendentemente, la ministra del ramo, Elena Espinosa, a pesar de tener experiencia probada en materia de pesca, nada menos que en Galicia, lleva más de medio año en el puesto y no parece que haya dado todavía señales de entender la mecánica de los asuntos europeos. Los recortes anunciados en un sector tradicional como el de la anchoa, a cambio de unos pocos aumentos en otros tipos de capturas, amenazan con convertirse en otro de los goles que entran en la red del Ministerio, pero en los pasillos de la Comisión o del Consejo todavía no se ha visto ni un síntoma de que esos planes hayan molestado a nadie en Madrid. Al comisario no le falta razón cuando dice que es necesario garantizar la supervivencia de los stocks de pescado, porque no sirve de nada que ahora se pueda pescar sin límites para que en el futuro haya que lamentar crisis peores. Los propios pescadores, sin distinción de nacionalidades, deberían ser los primeros interesados en que se tomen cuantas decisiones sean necesarias para asegurar que en el futuro encontrarán en sus redes qué pescar en las aguas europeas. Por ejemplo, en Gran Sol la política restrictiva de temporadas anteriores ha tenido como resultado que a partir del año que viene sea posible aumentar el número de las capturas en aquellas aguas, lo que demuestra que se pueden compatibilizar la administración de los recursos y los intereses económicos de la flota. Pero eso no quiere decir que haya que aceptar cualquier medida que salga de la Comisión. Primero, porque muchas se anuncian con un margen previsto de antemano para poder regatear con flexibilidad; y segundo, porque los propios pescadores también son los que pueden decir si están de acuerdo con los criterios del recorte, según su propia experiencia. Cerrar los ojos y confiar plácidamente en la amistad del eje franco- alemán no es la mejor actitud cuando se sabe que en Bruselas todo el mundo defiende sus posiciones con ferocidad. El Gobierno español debería mostrar cierto grado de combatividad en sus posiciones, aunque sea solamente para el regateo, para ver si por fin pesca algo en Bruselas. A LOS REYES EN MONDRAGÓN A visita de los Reyes de España a Mondragón, acompañados por el lendakari Ibarretxe y la ministra de la Vivienda, es un signo de normalidad institucional. Mondragón es un lugar emblemático de la economía vasca y por ello la visita tiene un alto valor simbólico. La amenaza de los radicales que desean borrar cualquier expresión de la nación española en aquella Comunidad Autónoma tropieza siempre, cuando se trata de la Corona, con la cordial acogida que dispensa la ciudadanía a las personas reales. Procura además Don Juan Carlos en sus viajes al País Vasco acudir a los centros más activos de una economía capaz de mantener su dinamismo a pesar de que el contexto político no es el más apropiado. Aunque lo deseable sería- -por supuesto- -que el asunto no fuera noticia, las circunstancias de todos conocidas convierten en L un dato positivo el éxito de la visita. Debe tenerse presente que, en las últimas semanas, se han movido algunas piezas en el tablero político vasco, además de la reaparición criminal de ETA con su mensaje de siempre, en el intento de reforzar la moral alicaída de la izquierda abertzale. La reacción de la España constitucional no puede ser otra que reforzar los valores y principios de nuestro sistema democrático, ajeno por definición a cualquier aventura soberanista y a la ruptura de un modelo que tiene su fundamento en la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Con su presencia y con su palabra, Don Juan Carlos reafirma siempre la validez indiscutible de ese modelo, que sólo puede ser cuestionado desde la insensatez y el radicalismo al servicio de intereses ajenos al bienestar de la sociedad vasca y del conjunto de España.