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ABC MARTES 7 12 2004 Opinión 7 JAIME CAMPMANY Los etarras no quieren muertos. Parece que quisieran alejarse del terrorismo más brutal y sangriento de los atentados del 11- S y el 11- M EL MAPA DE LAS BOMBAS OS etarras, después de mirar el mapa de España como les pedía su visitante Carod- Rovira, señalaron los puntos de España donde debían estallar las bombas de la traca constitucional: Cantabria, las dos Castillas, el sur de Levante, Málaga y Almería, cabeza de Andalucía. El festejo mayor se reservó para Madrid. Ya se sabe, Madrid, capital de la Gloria, pero ciudad de los más turbios siniestros provocados en voz de los poetas. Eran bombas de escasa potencia, dicen las crónicas, y además con preaviso: las habituales llamadas al periódico Gara Sustos, miedo, correndillas, ajetreo policial y el consiguiente riesgo. El balance arroja algún herido leve, el pánico del gentío, el caos en las cinco salidas de Madrid cuando comenzaba el puente laboral de la Constitución, ganas de jorobar al respetable, y el peligro de que el fuego hiciera estallar los depósitos de combustible en las cinco gasolineras. Bromas siniestras. Da la impresión de que los etarras no quieren muertos. Sus atentados se producen como si llegaran llevando por delante el cartel avisando del peligro de muerte, la calavera sobre los huesos cruzados. Primero, calculan e inventan el riesgo, y luego intentan evitar las consecuencias irremediables. No parece sino que quisieran desligarse y alejarse del terrorismo más brutal y sangriento, y en especial, del terrorismo que ha causado las dos terroríficas masacres de las Torres Gemelas de Nueva York el 11- S y de las estaciones de Madrid el 11- M. Claro está que no es casualidad que estos atentados con preaviso sembrados por el mapa de España hayan estallado en días vecinos y en la propia fecha de la fiesta de la Constitución. En esta ocasión, los etarras habrán querido hacernos recordar, con el único lenguaje que conocen y practican, que hay unos cuantos españoles- -pocos, pero ruidosos, y a veces desalmados y crueles- -que quieren modificar la Constitución, no para mejorarla o perfeccionarla, sino para hacer desaparecer de ella algunos de sus fundamentos esenciales. El Plan Ibarreche es un envite a la Constitución, dirigido en último término a desnaturalizar y destrozar el concepto y la realidad de la Nación española, es decir de España entera y verdadera. Y la cancha que los socialistas (Maragall, primero y Zapatero después) han dado a los quatre gats de Esquerra Republicana de Cataluña ha propiciado los ataques sucesivos y empecinados contra la Constitución del 78. Es norma perfeccionable, por supuesto, pero esencial en sus bases para la convivencia de todos los españoles y la supervivencia de la España en paz, y de todas sus tierras y todos sus pueblos. Un partido político que suma aproximadamente el uno por ciento de la población española negocia con los etarras la exclusión de la Comunidad catalana del mapa terrorista, pide de modo altanero la supresión del Ejército español y de la misión que le encomienda el artículo octavo de la Constitución, y exige la consideración de nación independiente para Cataluña, nada menos que para Cataluña, núcleo fundacional de España y ser entrañable de ella. Bombas verbales, aunque de destructiva potencia. L IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA Ganar tiempo y mantenerse en el poder, a cambio de fortalecer a los enemigos de España y de la Constitución, sería un error de consecuencias tan previsibles como nefastas. Los juegos con las palabras no suelen ser inocentes ¿SERÁ EL ÚLTIMO? UIZÁ sea éste vigésimo sexto el más inquietante aniversario que celebramos de la Constitución desde su aprobación. Y no por las posibilidades de reformarla (reformar algo es una de las maneras, a veces inevitable, de conservarlo) sino por las amenazas explícitas de su destrucción. Y lo peor no es que existan estas intenciones explícitamente declaradas, sino que algunos de quienes las promueven, ERC, son aliados del Gobierno de Zapatero en Madrid y del regional de Maragall en Cataluña. El Gobierno español se encuentra coligado con quienes aspiran a destruir a España y, con ella, naturalmente, a la Constitución. Lo primero lleva a lo segundo, ya que la Carta Magna se asienta sobre la unidad indisoluble de la Nación española. Por eso hoy es algo más que alarmada retórica la pregunta que titula este artículo: ¿será éste el último aniversario de la Constitución de 1978? No es la eventual reforma lo que resulta inquietante, siempre que se expliquen sus razones, se concrete su contenido y se respete el procedimiento establecido. Además, sería deseable para la eventual modificación la obtención de un consenso semejante al que obtuvo la aprobación. La inquietud es libre. Y si mis temores resultaran infundados, siempre será preferible prevenir un mal que no llega a ser asaltado por uno imprevisto. En este sentido, por mí que no quede, y no va a quedar. No es insensato apreciar síntomas de ruptura del viejo consenso constitucional, del espíritu de reconciliación y concordia que, entre aciertos, los más, y errores, los menos, alumbró la vigente Constitución. Y no me refiero sólo a los separatistas, pues éstos, patente o taimadamente, siempre se opusieron a ella. Me refiero a los dos principales partidos y, más concretamente, a la actitud del PSOE, o de parte de él, al menos de sus dirigentes. En Q sus disputas percibo hoy una inquietante novedad. Antes sus querellas fueron agrias. Lo fueron en la oposición socialista a la UCD, también en la oposición popular al socialismo; lo fueron en la oposición socialista al PP; lo son en la actual oposición popular al socialismo. Pero ahora hay una novedad alarmante, imputable, si no me equivoco, al Gobierno: la ruptura del consenso constitucional. Éste era hasta ahora un valladar que ninguno de los dos partidos se saltó. Hoy el Ejecutivo va de la mano de los anticonstitucionalistas y pretende reducir al PP a una soledad de diez millones de españoles, a la marginación, quizá a la negación, si no de su existencia, sí de su legitimidad democrática. Más que a una segunda transición nos invitan a una funesta contratransición. La misma actitud revela su propensión a revisar la historia reciente, rompiendo la pasada concordia, y aspirando a confundir la reconciliación con la conversión de los vencedores en vencidos y de los vencidos en vencedores, es decir, pura revancha. Lo mismo cabe decir del desafortunado intento por reabrir una cuestión religiosa, inexistente y superada para la gran mayoría de los españoles. No es ni prudente, ni quizá siquiera rentable electoralmente, la división de la sociedad entre católicos y no católicos. La Constitución, y no Rodríguez Zapatero, ya resolvió la vieja querella con la declaración de la aconfesionalidad del Estado y la garantía de la libertad religiosa para todos los españoles. Ganar tiempo y mantenerse en el poder, a cambio de fortalecer a los enemigos de España y de la Constitución, sería un error de consecuencias tan previsibles como nefastas. Los juegos con las palabras no suelen ser inocentes. Y modificar el titular de la soberanía, como derruir la separación de poderes, no es reformar la Constitución; es destruirla.