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ABC LUNES 6 12 2004 Nacional XXVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 15 tre sí, pero que tenderán a confluir, más o menos conjuntamente, en las Cortes Generales al final de la legislatura. Todo depende también del ritmo que las propias Comunidades impriman a sus reformas ya que, el primer trámite compete exclusivamente a los Parlamentos autonómicos, que después deben elevar su texto al Congreso para su aprobación o rechazo. Lo que el Gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones es que está decidido a avalar cualquier reforma de los Estatutos autonómicos que tienda a mejorar el servicio a los ciudadanos y, en cualquier caso, que no supere el marco establecido en la Constitución. Ése es el límite y, por tanto, están abocadas al fracaso iniciativas como el soberanista plan Ibarretxe o las ideas iniciales- -ahora más matizadas- -de los nacionalistas catalanes de incluir el derecho de autodeterminación en su reforma estatutaria. Estas medidas contravendrían abiertamente el espíritu y la letra de la Constitución española y, por tanto, quedarían en dique seco. Una reforma que acceda a las pretensiones de los nacionalistas no podría contar nunca con el respaldo del PP te los avisos a navegantes que lanza el Partido Popular, no parece, al menos en estos momentos, que las reformas tengan visos de prosperar. EFE 8. ¿Es posible una reforma constitucional por la vía compleja sin el consenso de los dos principales partidos políticos? No. Resulta imposible. Y ahí es donde radica la mayor dificultad con la que topan los planes del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Conseguir sumar al Partido Popular a una profunda revisión constitucional- -por muy acotada que esté- -no tiene visos de resultar sencillo, especialmente cuando el propio líder del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al Ejecutivo de no saber qué quiere ni dónde va La reforma del Senado, por ejemplo, es una necesidad en la que coinciden tanto PSOE como PP, pero el cómo acometerla es lo que los distancia ya desde hace quince años, en los que ha resultado imposible alcanzar un acuerdo definitivo que dé luz verde a una nueva estructura y composición de la Cámara alta. De otro lado, el PP viene advirtiendo del serio riesgo que para la cohesión territorial supone dar vía libre en las reformas estatutarias a múltiples exigencias de los nacionalistas en Comunidades como el País Vasco o Cataluña, región ésta en la que algunos postulados del PSC se aproximan más a las reivindicaciones de Esquerra Republicana que a las del propio PSOE. Ante este escenario y an- 9. ¿La ratificación del Tratado por el que se constituye la Constitución Europea, firmado en Roma el pasado 29 de octubre, requiere de una reforma expresa de la Constitución española? Está por ver. La respuesta vendrá de la mano del Tribunal Constitucional en los próximos días, antes en cualquier caso de que el 20 de febrero se celebre el referéndum previsto en España. En el supuesto de que el Tribunal Constitucional detectase que ese Tratado entra en contradicción con algún precepto de la Carta Magna española, su criterio será vinculante para el Gobierno, que tendrá que iniciar los trámites para su reforma. En este caso- -sobre el que expertos constitucionalistas discrepan- la hipotética modificación se podría llevar a cabo mediante la vía común del artículo 167, repitiendo el proceso de 1992 derivado del Tratado de Maastricht. Esto es, sin necesidad de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Pero por el momento todo son hipótesis ya que el Tribunal Constitucional aún estudia los cuatro requerimientos que le planteó el Gobierno el pasado 5 de noviem- La Constitución sólo ha sufrido una modificación en 26 años de historia, obligada en 1992 por la aprobación del Tratado de Maastricht La reforma que plantea el Gobierno requerirá de la vía agravada, con disolución de las Cortes y nuevas elecciones, por afectar al orden de sucesión al trono bre para determinar si, en efecto, existen contradicciones, y, en su caso, qué cauce de reforma sería el adecuado. Esta iniciativa del Gobierno- -no prevista en un principio- -le vino encomendada por el Consejo de Estado, que emitió un dictamen en el que sí alertaba precisamente de posibles contradicciones entre los respectivos ordenamientos relativas a la supremacía de normas. Además, este episodio obligó al Gobierno, en el plazo de muy pocas horas, a rectificar su inicial decisión de no consultar al Tribunal Constitucional antes del referéndum del 20 de febrero y dejarlo para después. Finalmente lo hizo antes. 10. ¿Por qué se modifica la Ley Orgánica del Consejo de Estado? El Gobierno pretende que su máximo órgano asesor pueda asumir competencias de las que en estos momentos no goza. Una de ellas sería la de poder emitir un dictamen sobre el qué y el cómo de la reforma de la Constitución, función que en estos momentos no tiene expresamente atribuida. Por ello, en este primer tramo de la legislatura el Gobierno ha impulsado la reforma de la Ley Orgánica que regula al Consejo de Estado con el fin de que pueda estar en vigor el próximo mes de enero. A partir de ese momento, el Gobierno, a través de una consulta, le instará formalmente a estudiar cómo encajar las reformas anunciadas por Zapatero en el texto constitucional y, en su caso, qué preceptos deben suprimirse, añadirse o modificarse. Los cálculos del Gobierno pasan, en principio, por que las recomendaciones del Consejo de Estado- -a las que Zapatero ya ha adelantado que se adherirá- -estén en su poder en los primeros meses de 2006.