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20 Nacional LA REFORMA DE LA CONSTITUCION DOMINGO 5 12 2004 ABC Zapatero mantiene inalterable la agenda de las cuatro reformas constitucionales El Gobierno advierte al PP del error de instrumentalizar la Carta Magna que la hostilidad de hoy entre PSOE y PP no es incompatible con que Rajoy, cuyo voto es imprescindible, acceda mañana a avalar los cambios MANUEL MARÍN MADRID. La celebración de los actos institucionales con motivo del XXVI aniversario de la Constitución llega precedida estos días de una agitada hostilidad entre el Gobierno y el PSOE, de un lado, y el Partido Popular, de otro. Precisamente, las dos instancias que están obligadas a complementarse para que pueda fructificar a finales de legislatura el compromiso adquirido por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de afrontar una compleja reforma de la Constitución. Y es que, sin un pacífico convenio entre ambos para determinar el qué y el cómo será imposible acometer cualquier modificación en el texto de la Carta Magna. Pero a tenor del enrarecido ambiente que parece haber envenenado las relaciones entre ambos- -maltrechas desde el pasado y dramático 11 de marzo- -el PP no deja de enviar avisos a Zapatero de que su proyecto de reforma constitucional está en el aire. Si no en su totalidad, al menos sí en parte. b Moncloa opina Calendario del Gobierno La agenda inicialmente prevista por el presidente del Gobierno para las reformas constitucionales permanece inalterable pese a la hostilidad política de las últimas semanas. En enero de 2005, debe estar aprobada una reforma del Consejo de Estado que permita atribuir a este órgano, máximo asesor del Gobierno, competencias expresas para recomendar qué y cómo debe modificarse de la Constitución. Dispondrá aproximadamente de un año para emitir un dictamen y el Gobierno estima que con ello tendrá adelantado trabajo A lo largo de 2006, será tiempo de iniciar las negociaciones con todos los partidos, y en especial con el PP, sin cuyo concurso cualquier reforma fracasará. Para esas fechas, es previsible que, en paralelo, las Cortes tengan que decidir qué reformas de Estatutos de autonomía se avalan y cuáles no. A finales de legislatura, en fecha aún no concreta, y de exisitir acuerdo (en 2007 hay elecciones locales y autonómicas y suele ser mala época para pactos) las Cortes aprobarían la reforma constitucional, se disolverían y se convocarían elecciones, para luego ser ratificada, en su caso, por las nuevas Cámaras. asuntos de la vida pública, hay un estrato en el que debe caber, y cabe, el acuerdo en lo que nos afecta a todos; y la reforma constitucional es uno de ellos porque la Constitución es el texto que nos hemos dado los españoles como norma de convivencia y no creo que sea algo como para instrumentalizar. El Gobierno, desde luego, no lo va a hacer para nada Mientras tanto, y a expensas de lo que los próximos meses puedan deparar en la agitada escena política, la Constitución celebra su aniversario con el mismo texto- -salvo dos palabras añadidas en 1992 e impuestas por la rúbrica del Tratado de Maastricht- -que hace 26 años. No es poco. ria que está experimentando una polémica reforma de la Ley del Poder Judicial- -calificada por el PP como verdadera cacicada -para alterar sobre la marcha y en un tiempo récord el sistema de elección de jueces en cargos muy significativos... algo que ha movido al PP a plantear incluso la reprobación del presidente del Congreso, Manuel Marín. ¿Colaborar? Lo mínimo imprescindible Si a ello se añaden las forzosas cesiones ante el nacionalismo catalán, la enquistada última reunión del Pacto Antiterrorista, el diálogo de sordos que supuso la reciente reunión del Pacto contra el transfuguismo a cuenta de la moción de censura en León, o las acusaciones lanzadas desde el PSOE contra José María Aznar por haber asegurado que en España se alienta el antiamericanismo el recalentamiento de la actividad política llega al punto del hervor. O, al menos, así lo han concebido los máximos dirigentes del PP, Mariano Rajoy- -cuyo liderazgo es puesto en entredicho día sí, día no, por los socialistas- y Ángel Acebes, que han echado un órdago a cualquier posible acuerdo en materia de política exterior y limitado al mínimo imprescindible el diálogo institucional. Sin llegar al estricto bloqueo, pero casi... Por el momento, Rajoy ha advertido que cualquier reforma de la Carta Magna ajena al obligado reconocimiento en nuestro texto fundamental de España como país miembro de la UE y, en su caso, a la que pueda derivarse de contradicciones con el Tratado de la Constitución Europea, no tiene su sí definitivo. Rajoy se dice a la espera de que Inalterable cuaderno de bitácora Conviene ir por partes. Por un lado, el Gobierno mantiene inalterables en su cuaderno de bitácora los planes iniciales de navegación para cubrir la travesía en cuatro fases: planteamiento de la iniciativa de reforma de la Constitución, apertura de un debate político y social, negociación con los partidos- -con el PP en concreto se trata de una exigencia imperativa- -y ejecución de las reformas. Por otro, el Partido Popular no está convencido de que el Gobierno sepa qué quiere hacer con la Constitución. Así se lo expresó personalmente el líder de este partido, Mariano Rajoy, a Zapatero el pasado septiembre, durante una fría reunión en Moncloa que marcó el deterioro de una relación mutua que, al menos en lo personal, llegó a ser satisfactoria en el pasado. Rajoy salió de aquella cita con un único mensaje: Entré preocupado y salgo muy preocupado Era la escenificación de una falta de entendimiento que se ha visto agravada- -con acusaciones mutuas de extrema dureza- -en las últimas semanas. El Partido Popular se niega a pasar por alto las afirmaciones de Miguel Ángel Moratinos, según las cuales Aznar respaldó el golpe de Estado en Venezuela en 2002 y por ello, más que irritado, ha exigido a Rodríguez Zapatero la destitución del titular de Asuntos Exteriores. A este episodio se suma la enrevesada y aviesa tramitación parlamenta- Zapatero determine con exactitud qué quiere hacer especialmente con el Senado y con el modelo de Estado y las reformas de Estatutos de autonomía. Y, en esta situación, ¿por qué el Gobierno sigue confiado en poder culminar su travesía de la reforma constitucional? La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, avala esta tesis para ABC con tres argumentos. Primero: el clima de crispación es coyuntural debido a una estrategia de radicalización del PP que se verá obligado a suavizar; segundo: el PP, pese a la altisonancia de algunas declaraciones públicas, no se ha desmarcado del Gobierno en cuestiones de Estado esenciales y que nos afectan a todos como la propia Constitución Europea o el Pacto Antiterrorista; y tercero: el Gobierno no va a echar leña al fuego Si el PP se distancia en cuestiones esenciales es seguro que se verá abocado a asumir un doble coste: de liderazgo y estrictamente electoral. Por ello, y aunque el Gobierno respeta la estrategia política que cada partido quiera ejecutar sobre el tablero, considera un error cualquier endurecimiento de posturas. Mostrarse radical resta votos... y, a su juicio, esa es la responsabilidad que en su caso tendría que asumir el PP ante los ciudadanos. Y más, con la Constitución como fondo, una reforma que pese a la vigencia de sus contenidos, el Ejecutivo entiende demandada por los ciudadanos para modernizar su estructura tras 26 años de existencia. De la Vega: Debe caber el acuerdo De la Vega admite que incluso en condiciones de lógico enfrentamiento político, por tenso que sea en múltiples La casa de la palabra, no la de la bronca EP EFE MADRID. La masiva afluencia de ciudadanos caracterizó ayer la novena edición de la jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados, en la que participaron la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Gaspar Llamazares, dirigente de IU. Rubalcaba explicó el funcionamiento de la Cámara a los visitantes, que reprocharon a los políticos que siempre estén de bronca y defendió que el Congreso no puede ser la casa de la bronca, sino de la palabra Llamazares responsabilizó al PP de la crispación.