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22 Nacional MIÉRCOLES 1 12 2004 ABC MADRID. Se sometió a un control de salud rutinario de su empresa y descubrieron que consumía hachís. Consecuencia: le fue rescindido el contrato- -era el tercero que firmaba, siempre de carácter temporal- -antes de la fecha de vencimiento y se le dijo que no había superado el periodo de prueba. Los protagonistas de esta historia son Iberia y una ex empleada- -auxiliar administrativo- -a la que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón por entender que su derecho a la intimidad ha sido vulnerado. El despido queda así anulado. La clave está en que Iberia no puso en conocimiento de su empleada que el análisis de orina al que ella se sometió de forma voluntaria permitiría conocer si consumía algún tipo de estupefaciente. Ni lo puso en su conocimiento ni en ningún momento recabó su consentimiento para algo más que no fuera un control rutinario de salud. El Tribunal Constitucional- -en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado Barrio- -recuerda que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a su intimidad personal (artículo 18.1) Pero, ¿se puede vulnerar la intimidad de las personas con un análisis de orina? En un primer análisis, y según la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del artículo 18.1, resul- El Constitucional ha anulado el despido de una trabajadora de Iberia porque la empresa vulneró su intimidad al utilizar un control rutinario de salud para conocer si consumía drogas Un análisis de orina nada constitucional TEXTO: NIEVES COLLI ta notorio que no. De hecho, el ámbito de protección de ese precepto alcanza- -señala la sentencia- -la intimidad personal stricto sensu, integrada, entre otros componentes, por la intimidad corporal Pero esa afirmación general tiene excepciones. Así, que no exista vulneración del derecho a la intimidad corporal no significa que no pueda existir una lesión del derecho más amplio a la intimidad personal del que aquél forma parte, ya que esta vulneración podría causarla la información que mediante este tipo de exploración se ha obtenido Es decir, explica el TC, que un análisis de orina puede vulnerar la intimidad no en sí mismo pero sí por lo que a través de él se pretenda averiguar Dicho esto, el Constitucional deja claro también que, como regla general el control médico de la salud de los trabajadores es voluntario- -nunca obligatorio- -y las excepciones de- ben estar perfectamente regladas. Así, constituirían una excepción a esa norma general aquellos casos en los que el control sanitario resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o cuando se busque verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa La obligatoriedad, por lo tanto, no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio trabajador pues aquél es libre para disponer de la vigilancia de su salud Más allá, aclara el Tribunal, el reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, un instrumento del empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar. Su eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de su salud Si trasladamos la teoría al caso concreto resuelto por el Constitucional, se llega a la conclusión de que antes de someter a su empleada al examen médico que determinaría si consumía o no algún tipo de droga, Iberia debió informar expresamente a la recurrente, pues esa información entra dentro del ámbito de protección del derecho a la intimidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que el consumo de algún tipo de estupefaciente puede provocar un juicio de valor social de reproche o desvalorización ante la comunidad Analítica imprevisible El Constitucional concluye que, según los hechos probados de este caso, a la recurrente no se le comunicó ni por la empresa ni por sus servicios médicos cuál era la información buscada con los análisis médicos comunicación a la que Iberia estaba obligada. Esa obligación incumplida por la empresa- -concluye la sentencia- -se intensifica si se tiene en cuenta que la empleada no podía prever de ninguna manera las intenciones de Iberia. En efecto, ni se ha probado ni se ha fundamentado por los órganos judiciales la concurrencia de alguna justificación, por razón del riesgo inherente al trabajo, de la necesidad de practicar esa analítica en el concreto puesto de trabajo de la señora G. F. Así pues, no era previsible dicha prueba