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4 Opinión DOMINGO 28 11 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: GNACIO Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz I CAMACHO SÍMBOLOS DE CONVIVENCIA UIEN siembra vientos recoge tempestades. El Gobierno tripartito de la Generalitat catalana y la necesidad de votos por parte del PSOE en el Congreso de los Diputados otorgan a ERC un protagonismo que no merece. El noble ejercicio de la política exige de quienes lo practican una alta responsabilidad moral, que no está al alcance de ciertos líderes histriónicos y populistas. El sentido de Estado y la búsqueda del interés general son conceptos incomprensibles para los que practican una política de vía estrecha, miope y egoísta, orientada a cultivar las pasiones de los sectores más radicales. Los intransigentes buscan por todos los medios a su alcance motivos para la confrontación entre España y una de sus partes integrantes. Así, la propuesta para prohibir las corridas de toros a la española en una Comunidad Autónoma que cuenta con una larga y notable tradición taurina se suma a otros episodios recientes, como la polémica artificial sobre el idioma valenciano, cerrada hace días por Pasqual Maragall y Francisco Camps. Ayer mismo, muchos miles de valencianos, aún heridos, expresaron en la calle una firme defensa de su lengua, al tiempo que su indignación por la agresión injustificada de que se sienten víctimas. Todo ello, conviene subrayarlo, en una Comunidad en la que la convivencia de las lenguas en la vida social puede calificarse de modélica. La búsqueda de enfrentamientos provoca la discordia civil, conduce al conflicto de unos territorios con otros y daña sin remedio la convivencia. Estos planteamientos deben ser proscritos en nombre de la buena salud democrática. La España constitucional ofrece un proyecto atractivo de vida en común, abierto a todos por igual, con la única y elemental exigencia de respetar los derechos de los demás y de ser leales a las institucio- Q nes. No hay que dar cancha, por tanto, a los partidos antisistema, que promueven intereses mezquinos a costa del bienestar colectivo. Está en juego nada menos que la subsistencia del sistema constitucional vigente. Nuestra Constitución reconoce, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Existe, pues, una dimensión moral en la vida colectiva, que exige compartir esfuerzos y apoyar los proyectos de todos, como el conjunto de los españoles ha hecho con frecuencia respecto a Cataluña. España es mucho más que un Estado: es una nación que constituye desde hace siglos el único marco imaginable para la convivencia política de muchos millones de personas. Es, además, un Estado fuertemente descentralizado que permite el autogobierno de los diversos territorios y respeta plenamente su peculiaridad. Nada más ajeno, sin embargo, al modelo constitucional que el imperialismo linguístico, cultural o político que algunas Comunidades pudieran querer ejercer sobre otras. En este marco, la estrategia de los radicales consiste en crear una sensación de independencia psicológica con el resto de España, como paso previo a una ruptura jurídico- formal. Por ello, es primordial que se mantenga el entendimiento entre los ciudadanos de toda España, sin crear situaciones de agravio o confrontación que dañan profundamente la moral colectiva. A la hora de la verdad, la vida se rige por sentimientos y afectos compartidos y no sólo por normas administrativas sobre la distribución de competencias. Ojalá los excesos pasionales sean superados por la lógica del sentido común, que exige de los responsables políticos el fomento de la paz social como expresión de la convivencia. LA LLAVE DE MADRID E GANA EL MEDIO AMBIENTE RENTE al agorero pronóstico de muchos, que veían en el protocolo de Kioto una amenaza para la competitividad de la economía española, se han impuesto las tesis más coherentes y equilibradas, que apuestan por el cumplimiento de la directiva comunitaria sobre reducción de emisiones. El Gobierno ha encarado un proyecto que había sido respaldado por unanimidad en el Parlamento español, pero que chocaba con los intereses económicos de múltiples agentes. Y lo ha hecho sin dañar a los sectores más expuestos a la competencia internacional, como el azulejero, el cementero o el papel, y que, en buena parte, ya habían hecho su reconversión. Y metiendo la tijera en otros como el sector eléctrico, que dispone de un amplio margen de renovación de sus parques de generación. En este último sector, el Gobierno dispone además del marco tarifario para incentivar la progresiva sustitución de las tecnologías más contaminantes, carbón y fuel, por el F gas y las energías limpias. Hace falta también coraje político para reconocer que el sector eléctrico está al límite y necesita apoyos para evitar cuellos de botella en la distribución que amenazan con perpetuar los apagones. Igualmente es urgente replantearse la moratoria nuclear, como han hecho nuestros vecinos europeos y los ecologistas mejor informados, como la única manera de garantizar energía limpia, en cantidad suficiente y a precio competitivo. Sólo así puede el sector eléctrico actuar como motor de una economía necesitada de dinamismo, una tarea crucial en un momento en que el crecimiento empieza a dar señales de debilidad. Medio ambiente y economía, otras veces incompatibles, pueden caminar esta vez de la mano si con valentía e imaginación se olvidan antiguos prejuicios y se apuesta por su contribución a la recuperación económica. El largo camino hacia Kioto, que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre empresas y sectores, llega de esta forma a su recta final. L valor estratégico que para el Partido Popular representa Madrid adquiere en las actuales circunstancias de la política nacional una dimensión nueva que trasciende al mero control de la Comunidad y el Ayuntamiento. Madrid es para el PP factor esencial del proyecto de centro reformista que encarna Mariano Rajoy, hasta el punto de que el objetivo de recuperar el Gobierno perdido en las urnas el 14 de marzo pasa de manera obligada por el afianzamiento del poder en la autonomía y el consistorio madrileños. La elección de Esperanza Aguirre, mujer de acreditada talla política, como presidenta del PP de Madrid en el XIII Congreso Regional la enfrenta desde hoy a un reto del que dependen buena parte de las aspiraciones generales del principal partido de la oposición: vertebrar e intensificar eficazmente en Madrid la estructura de una formación política que hasta hace siete meses tenía cauce directo con el Ejecutivo a través de una doble dirección- -Comunidad y Ayuntamiento- obligadas ahora, por la fuerza de las urnas, a gobernar en soledad, sin el apoyo añadido proveniente de La Moncloa. La nueva realidad política española obliga al PP madrileño a resistir la lógica ofensiva socialista, que cuenta, obviamente, con las armas que otorga el poder central. El PSOE, consciente del valor que supone acabar con la hegemonía popular en la Comunidad y el Ayuntamiento, ha hecho de su conquista el eje central de su estrategia política. En estas circunstancias, recuperar la unidad, desde las diferentes sensibilidades que representan Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz- Gallardón, debe ser un objetivo irrenunciable, no como mera expresión de voluntad, sino como condición estrictamente necesaria para que el PP mantenga sus actuales posiciones de dominio en Madrid y las ponga en valor para impulsar la alternativa de gobierno del Partido Popular en 2008. La cita con las urnas, un año antes, será crucial para el éxito global de un partido obligado sobre la marcha a una reestructuración, no tanto ideológica sino como de diseño de estrategias, y no sólo en la dirección nacional, sino en las distintas ejecutivas regionales. El PP de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, debe tener muy claro que el electorado premia tanto la eficacia en la gestión como la cohesión interna. Ella y Gallardón pueden presentar un excelente balance de resultados, pero si los madrileños siguen percibiendo un enfrentamiento entre las dos administraciones, la autonómica y la local, el gran beneficiado será un PSOE que sabe que el triángulo Madrid- Cataluña- Andalucía es el mejor salvoconducto para la permanencia en el Gobierno de la nación.