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ABC SÁBADO 27 11 2004 Nacional DEBATE LEGISLATIVO 19 quedó sustituido por las palabras real decreto El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, considera que la actual legislación sobre el indulto- cuyo ejercicio en general no se discute -suscita algunas cuestiones. Por ejemplo, cuáles son los requisitos de estricta legalidad a que ha de someterse la concesión o denegación de un indulto y por tanto hasta dónde debe llegar el margen de discrecionalidad del Gobierno Y en relación con ese tema- -añade- es preciso definir cómo y por quién ha de ejercerse el oportuno control de legalidad, tanto antes como después de la decisión gubernativa, o si cabe incluso introducir algún control jurídico de oportunidad su decisión. Se evitarían escándalos y suspicacias asegura Manuel Torres Vela, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. Tanto para este magistrado como para el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez Robledano, sería deseable que se fijaran unos criterios objetivos para que se conozcan las motivaciones del Ejecutivo. Más allá, ambos recomiendan la obligada motivación con el fin de limitar el margen de discrecionalidad del Gobierno que, con la legislación actual, es demasiado amplio y de evitar arbitrariedades Fuentes del PSOE también se mos- traron partidarias de efectuar una modificación en este sentido para que la concesión de la medida de gracia no se interprete como una confrontación entre el poder Ejecutivo y el Judicial: Sea cual sea el color del Gobierno, lo mejor es motivar la decisión indicaron, para recordar después que en Europa nos llevan bastante ventaja El fiscal general del Estado cree que la ley necesita cambios a través del prisma constitucional El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí, opinó que el indulto requiere un cúmulo de datos para garantizar su razonabilidad de ahí que sea muy importante que venga motivado. La discrecionalidad no debe ser absoluta, sino ir acompañada de cierto porcentaje de racionalidad Fernando Sobrón, portavoz de la Asociación de Fiscales, opinó que sería lógico que el decreto de indulto, como cualquier resolución se motivara. Juan Antonio García Jabaloy, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, no se opuso a la motivación, aunque advirtió que podría ir en contra del espíritu del indulto, que es competencia discrecional del Ejecutivo. Reforma pendiente Dejando claro que las propuestas de reforma no corresponden al fiscal, sino al Gobierno y al Parlamento, el fiscal general constata que la solución a los problemas enunciados probablemente exija una mirada a través del prisma constitucional Algo que hoy por hoy está pendiente, puesto que la ley actualmente en vigor es de 1870 y la pequeña reforma que se produjo en 1988 no dio respuesta global a tales cuestiones De hecho, el aspecto más destacable de aquella reforma, concluye Conde- Pumpido, fue la supresión del deber de motivar los decretos de indulto, detalle que, siendo aparentemente coherente con la lógica de la institución (parece querer subrayar la diferencia que separa la decisión política de la decisión judicial o jurídica, que sí requiere tal motivación) no hace más que poner de relieve esa falta de una visión global elaborada a partir de los principios de la Constitución de 1978 Polémicas como la suscitada por el caso de Vera, ejemplo claro de lo incómoda que puede ser una solicitud de indulto, se evitarían si el Ejecutivo tuviera la obligación de poner negro sobre blanco los motivos que justifican dultos con fuerte impacto social sería muy recomendable. El juez Oliver Wendell Holmes declaró que un perdón es la decisión de la autoridad suprema que mejor sirve al bienestar público Explicar necesariamente por qué cada indulto contribuye al bienestar público podría hacer ilusorio el derecho mismo, pero hacerlo públicamente en supuestos excepcionales como los delitos ligados a la corrupción política o cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones estaría muy bien; y plantearse explicarlo, llegado el caso, en supuestos de grandes delitos económicos, sería fantástico. El presidente Carter lo hizo ante el perdón a los que se negaron a acudir a filas para la guerra del Vietnam y Clinton, antes de abandonar la Casa Blanca, justificó los indultos de Marc Rich y su socio Pincus Green, condenados por fraude fiscal mediante ingeniería financiera. El Poder Ejecutivo puede y debe ejercer medidas de gracia conforme a una nueva Ley; el Poder Judicial comprende y respeta esas decisiones, pero los ciudadanos tienen el derecho y la necesidad de entender lo que pasa.