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18 Nacional DEBATE LEGISLATIVO SÁBADO 27 11 2004 ABC Partidos y jueces cuestionan que la reforma de la Ley de Indulto deba ser prioritaria Coinciden en que debería volver a ser obligatorio para el Gobierno motivar sus decisiones y PP opinan que no es un asunto prioritario Desde las filas socialistas se apunta que no sería bueno relacionar la reforma con el caso Vera NIEVES COLLI MADRID. Ciento treinta y cuatro años avalan su funcionamiento. Y no es sólo una cuestión de longevidad por haber sobrevivido apenas sin variaciones a regímenes dispares- -monárquicos, republicanos y dictatoriales, hasta llegar a la actual fórmula política de la Monarquía parlamentaria- sino más bien de servicio, pues es generalizada la opinión sobre su satisfactorio resultado. Pese a todo, nadie discute que a la Ley de Indulto- -promulgada en 1870 como una norma provisional -le vendría más que bien un lifting con el objeto de adecuarla a las exigencias y necesidades del siglo XXI. No obstante, el actual no parece ser el momento oportuno para hacerlo. Desde el fiscal general del Estado, pasando por el PSOE y por el principal partido de la oposición hasta las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y abogados, todos son partidarios de retocar el vetusto texto. Tanto en las filas populares como en las socialistas así como en las asociaciones progresistas de fiscales y de jueces se precisa, no obstante, que siendo la ley mejorable, ni es urgente cambiarla ni éste es el momento oportuno para hacerlo Una reforma de estas característib Gobierno, PSOE LAS OPINIONES Cándido Conde- Pumpido Fiscal general del Estado Luis Martí Mingarro Decano de los abogados de Madrid Juan Luis Rascón Diputado del PSOE Cabe preguntarse hasta dónde debe llegar el margen de discrecionalidad del Gobierno La reforma es necesaria pero requiere consenso y una paz social y pública que ahora no hay en este tema Ahora no es una prioridad política; no hay ninguna prisa para modificar esta ley, pese a su antigüedad cas no puede plantearse al hilo de concretas peticiones de indulto añadieron, en referencia a las solicitudes de gracia para el ex secretario de Estado Rafael Vera que el Gobierno tiene sobre la mesa. Fuentes del PP no estimaron prioritario este debate- muy delicado por la naturaleza del indulto- -aunque apuntaron que podría estudiarse una posible modificación dada la antigüedad de la norma. El decano de los abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro consideró necesaria la reforma, pero advirtió que exigiría un absoluto consenso entre las fuerzas políticas y una paz social y pública que en este momento no se tiene respecto a este tema En clara referencia al caso Vera opinó que ahora quedaría manchada por el oportunismo Fuentes gubernamentales aseguraron que no está entre las prioridades del Ejecutivo. En los mismo términos se pronunció el diputado del PSOE Juan Luis Rascón: No hay ninguna prisa Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, defendió la actual redacción de la norma porque sigue siendo válida El indulto, reconocido por la Constitución, es competencia discrecional del Poder Ejecutivo y, en la medida en que afecta a las resoluciones dictadas por los Tribunales, esconde una peculiar relación entre aquél y el Poder Judicial. Estas peculiaridades aconsejan, según la opinión unánime de las personas consultadas por ABC, una reforma dirigida a que el Gobierno motive sus decisiones, ya sea a favor o en contra de conceder la medida de gracia. Curiosamente, el deber de motivación existió en la ley de indulto desde su nacimiento hasta 1988, fecha de su única reforma, en la que el decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros al que se refería el artículo 30 INDULTO TRANSPARENTE FERNANDO FERNÁNDEZ MARTIN Juez y vocal del CGPJ tra vez a debate el alcance del derecho de gracia. No hace mucho sucedió con el caso del juez Gómez de Liaño, después con el de los Albertos y ahora con el de Rafael Vera. En diciembre de 2000 se produjo una concesión masiva de indultos- -por un total de 1.443- -sobre delitos tales como la insumisión, prevaricación judicial, corrupción política, etcétera, que motivó fuertes críticas por entenderse que se hacía una revisión generalizada de las sentencias judiciales y se daba sensación de lenidad ante determinados tipos de delito de gran rechazo social. No en vano ese Real Decreto de indulto es la más amplia medida de gracia concedida en democracia, sólo superada por la última amnistía parcial dada en 1977, que afectó a 3.900 personas. Lo cierto es que frente al temido ingreso en prisión, una vez agotadas todas las instancias judiciales, el indulto O con su sola solicitud se está ofreciendo como el último recurso para retrasar la entrada en la cárcel. Hasta hace pocos años era una petición excepcional. En 1999, hubo doscientas ochenta y dos peticiones que en el año 2003 superaron las setecientas, la inmensa mayoría con pocos visos de prosperar aunque sirven de argucia para dilatar el cumplimiento de la pena. La existencia legítima del derecho de gracia en todo tiempo y lugar con indiferencia del régimen político, no excusa, sin embargo, de plantearse dos reflexiones que ayudarían mucho a la comprensión de esta institución por la sociedad española, neutralizando los perversos efectos que la concesión de los indultos tiene en la conciencia social al interpretarse como un desaire del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. La primera, que la Ley del indulto vigente en España es de 18 de junio de 1870, lo que implica que los principios, valores y dictados que la promovieron no sean los mismos o, al menos, no tengan la misma interpretación que los actuales inspiradores de los actos de clemencia y, por supuesto, que las razones de justicia, equidad o utilidad pública que la Ley invoca han sido revisados y actualizados por nuestra Constitución. Es precisa una nueva y moderna Ley de Indulto que enseñe a la sociedad que los actos de clemencia del Gobierno (gracias, amnistías, indultos, etcétera) no son un abuso del Poder Ejecutivo contra la autoridad del Poder Judicial y que estas medidas, por su propia naturaleza, son decisiones políticas. Cuando se absuelve a un ciudadano frente a una acusación concreta, se está diciendo que a esa persona no se le puede hacer nada, y eso frente al Estado y en una sociedad como la nuestra sólo puede decirlo un juez sin que pueda ser contravenido por otro poder. Una sentencia judicial de condena ha de entenderse negativamente y dirigida al condenado pero también y muy especialmente al Estado, al decirle que a ese ciudadano se le puede privar de libertad por no más de determinado tiempo; es el límite que se le pone al Poder Ejecutivo, no una orden en positivo para que a ese ciudadano se le prive de libertad por tantos años. Así entienden los jueces la existencia de los actos de gracia, porque si la condena fuera una orden inmutable de cumplir determinado tiempo, el indulto sí sería un abuso de un poder frente a otro. La segunda reflexión consistiría en imponerse la obligación de explicar a la opinión pública las razones de los indultos polémicos o inusuales a la manera del mundo anglosajón. Siendo como es intrínsecamente polémico el ejercicio de la clemencia, no es menos cierto que la transparencia justificativa de determinado tipo de indultos ayudaría mucho a la normalidad democrática disipando artificiales e interesados argumentos generadores de debates innecesarios. Encontrarse con un técnico, breve y frío Real Decreto de concesión de indulto levanta suspicacias. Acudir en todo caso a una exposición de motivos, al modo de los preámbulos de las normas, podría ser excesivo, pero una explicación pública en determinados in-