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ABC VIERNES 26 11 2004 La Tercera UN FUTURO DEMOCRÁTICO PARA EL SAHARA OCCIDENTAL N O cabe ninguna duda de que la legalidad internacional reconoce y garantiza el derecho de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental para decidir libre y democráticamente su futuro. Esta legalidad internacional está basada, someramente expuesta, en la Carta de las Naciones Unidas (artículo 73) y en las Resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV) 1541 (XV) y 2625 (XXV) Todas ellas fueron analizadas por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en su dictamen consultivo de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental y aceptadas como corpus juris gentium es decir, como parte integrante del derecho internacional aplicable al Sahara Occidental como territorio no autónomo. La esencia de esta legalidad internacional que ha evolucionado gracias a la Carta de la ONU y a la costumbre consiste en la aplicación de la libre determinación a todos los territorios no autónomos, lo que supone la expresión libre y auténtica de la voluntad de los pueblos interesados (TIJ R 1971 y R 1975) Esta legalidad internacional que los sucesivos gobiernos democráticos españoles siempre han respetado reconoce por tanto al pueblo saharaui el derecho a la expresión libre y auténtica de su voluntad como ha recordado la jurisprudencia del TIJ. Partiendo de esta premisa, la cuestión que se ha planteado en términos políticos hasta la fecha es por qué razón no se ha podido aplicar por las Naciones Unidas la legalidad vigente al Sahara Occidental. En otras palabras, por qué no se ha podido organizar todavía por las Naciones Unidas el referéndum justo y libre que reclama el Frente Polisario apoyado, entre otros países, por Argelia. La respuesta la encontramos en las palabras del ex secretario de Estado norteamericano, señor Baker, en unas declaraciones a una emisora de televisión el pasado mes de junio tras su dimisión como enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental. En su opinión, Marruecos ganó la guerra y no ve ninguna razón por la que deba renunciar a la ocupación y anexión de un territorio que siempre (posesión inmemorial) ha reivindicado como propio En este contexto, la próxima visita a Madrid del secretario general del Frente Polisario, señor Abdelaziz, puede ser la ocasión de hacer ver al líder de este Movimiento de Liberación que en las Naciones Unidas es reconocido como representante del pueblo saharaui, que el conflicto con Marruecos en el contexto internacional actual no puede ser solucionado con criterios legales de aplicación automática para permitir la libre expresión de la voluntad de un pueblo cuando la identidad de este pueblo, como titular del derecho de libre determinación, es negada por una de las partes del conflicto. Partiendo de esta premisa, la primera fase del Plan de Paz Baker II representa una solución política inteligente para introducir en el proceso de paz después del alto el fuego de 6 de septiembre de 1991 unas instituciones democráticas que permitan, reconociendo el statu quo actual, que el pueblo saharaui reunificado se exprese por pri- mera vez en su historia de una manera libre y democrática. El pragmatismo de esta propuesta está basado en que, como el propio señor Baker reconoce en las declaraciones antes citadas, ni el Consejo de Seguridad ni los Estados Unidos van a forzar a Marruecos a aplicar la legalidad internacional (léase Referéndum de Autodeterminación) sin su consentimiento y su colaboración explícitos. Para cualquier experto conocedor de la política interior marroquí y de la relación de fuerzas que existe en estos momentos sobre el terreno, esta es una realidad estratégica que, aunque sea dolorosa, tiene que ser asumida por el Frente Polisario como punto de partida de una negociación realista en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad. Sólo si se establece un marco democrático auténtico, con la voluntad política necesaria, será posible crear un clima de entendimiento y de confianza entre todas las partes Si esto es así, y al parecer seguirá siendo así después de la reelección del presidente Bush, para avanzar en una negociación, sea esta bilateral con Marruecos o multilateral, en las Naciones Unidas, hay que encontrar un principio básico sobre el que pueda construirse un consenso para reactivar el proceso de paz en el Sahara Occidental. En recientes declaraciones a un medio de comunicación español, el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor Fassi Fihri, ha señalado que no nos da miedo el referéndum como tal, sino las modalidades y condiciones de su desarrollo añadiendo, además, que en el caso concreto de la primera fase autonómica del Plan Baker II el censo electoral no es aceptable por su carácter arbitrario e incompleto en relación con los electores potenciales por su arraigo en el territorio No cabe duda de que, matices aparte, el ministro marroquí abre un camino para negociar los términos de una consulta democrática que ambas partes puedan considerar legítima y cuyos resultados serían por tanto reconocidos como válidos. Si, como es lógico, esta consulta se organizase con las debidas garantías de libertad y seguridad para todos los electores, el debate político se concentraría en las opciones sometidas a consulta democrática, y no en las modalidades o en las condiciones de la misma. Aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad la Resolución 1570 (04) de 28 de octubre, se abre un período de reflexión hasta el 30 de abril de 2005. A pesar del pesimismo expresado por el secretario general señor Koffi Annan, respecto a la aplicación del Plan de Paz Baker II, hasta ahora rechazado por Marruecos, cabría la posibilidad de que, en el marco de la resolución aprobada, el secretario general propusiera a las partes su colaboración para elaborar un censo electoral definitivo válido para cualquier consulta democrática que pudiera celebrarse en el territorio. Como es evidente que la cuestión del censo electoral es una cuestión esencial en un referéndum de autodeterminación y la experiencia de la aplicación del plan de arreglo no puede ser olvidada, cabría arbitrar, si las partes no se pusieran de acuerdo respecto a este censo electoral, acudir de nuevo al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ) para que resolviera cualquier cuestión jurídica que se plantee por las partes para la elaboración de este censo electoral. En concreto, se trataría de que, por la vía consultiva, si no hay acuerdo de las partes el Consejo de Seguridad o la Asamblea General solicitasen del TIJ un arbitraje para establecer un censo electoral definitivo y, en su caso, para definir la forma, simultánea o sucesiva, en que el pueblo saharaui pudiera expresar su voluntad libre y auténtica respecto a las opciones que se le puedan someter en una o en varias consultas democráticas. A modo de conclusión personal, me atrevería a afirmar, después de largos años de experiencia profesional respecto a un conflicto que pesa dolorosamente sobre la conciencia histórica de España, que sólo si se establece un marco democrático auténtico, con la voluntad política necesaria, será posible crear un clima de entendimiento y de confianza entre todas las partes para garantizar un futuro común en paz y estabilidad. España, la UE, la UA, el Consejo de Seguridad y en especial los Estados Unidos, podrían garantizar a las partes que la mejor opción para todos los pueblos de la región y, sobre todo, para los pueblos marroquí y saharaui sería la convivencia democrática en un Magreb políticamente integrado, económicamente desarrollado, socialmente justo y culturalmente abierto. El camino será todavía largo, pero abordar la solución de este conflicto por una vía democrática auténtica podría ser un primer paso en la buena dirección. FERNANDO ARIAS- SALGADO MONTALVO Ex embajador de España en Marruecos