Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MARTES 23 11 2004 Economía 87 España y otros nueve países se oponen a la reforma del azúcar que propone Bruselas Los agricultores de nuestro país percibirían un 43,2 menos de ayudas b Alrededor de 50.000 agriculto- Fomento autoriza a subir un 2,8 el billete de autobús interurbano ABC MADRID. El Ministerio de Fomento ultima un proyecto de Orden Ministerial por el que autorizará a las empresas de transporte de viajeros de autobús interurbanas a subir un 2,82 adicional sus tarifas para compensar el encarecimiento del combustible, según informó ayer la Federación Empresarial de Transportes (Asintra) Esta subida se sumará a la del 3,03 que se aplicó en abril por el nuevo sistema de actualización automática anual de precios diseñado por el sector. Dicha revisión se calcula con una fórmula que combina la subida media mensual del IPC en el último año y la productividad media de cada empresa. res y ganaderos convocados por Asaja se manifestarán hoy en Madrid en protesta por la subida del precio del gasóleo MARIBEL NÚÑEZ MADRID. Diez países europeos, entre ellos España, se opusieron ayer a la propuesta de reforma del sistema de ayudas a los productores de azúcar que propuso la Comisión Europea (CE) La nueva comisaria de Agricultura europea, la danesa Mariann Fischer, puso sobre la mesa del consejo de ministros de Agricultura, que se celebró ayer en Bruselas, más o menos la misma propuesta que había diseñado su antecesor en el cargo, Franz Fischler. En síntesis la CE plantea reducir en 2,8 millones de toneladas la producción de azúcar en toda la UE y rebajar los precios que perciben los productores en una media de un 37 para adaptar esta producción a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya que, a su juicio, la actual OCM no es sostenible. Fischer indicó que estudiará la carta firmada por los diez países que se oponen a la reforma, aunque no se presentará antes de mayo o junio de 2005 una propuesta formal. Para diciembre de ese año confía en alcanzar un acuerdo político. Pero, en el caso de España, la situación es aún más grave ya que nuestro país tendría que reducir su producción a pesar de que es deficitaria, es decir, se importa azúcar y se importará más si se aprueba la reforma. La mi- Aspecto de la protesta realizada ayer en Bruselas por productores de azúcar ante el inicio del consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea nistra de Agricultura, Elena Espinosa, por su parte propuso ayer en el consejo que el recorte de cuotas se haga en aquellos países europeos que son excedentarios. A su juicio, tanto la CE como algunos de los grandes exportadores de la UE, como Alemania o Francia, se han mostrado más flexibles respecto al calendario de la reforma. EPA Pérdida de 30.000 empleos en España Además, el Ministerio de Agricultura reconoció que la propuesta de la CE para este sector supondría, en el caso de salir adelante en los términos planteados, un recorte de los precios de un 43,2 para los agricultores españoles dedicados al azúcar frente al 37 de media de recorte que representaría para el resto de países productores. Las organizaciones agrarias españolas han cifrado en 30.000 los puestos de trabajo que se destruirán si Fischer consigue el apoyo del consejo de ministros. En otro orden de cosas, miles de agricultores (50.000 según los organizadores) convocados por Asaja tienen previsto manifestarse hoy en Madrid en protesta por la fuerte subida del precio del gasóleo. La concentración partirá a las doce de la mañana de la Puerta de Alcalá y terminará en la Glorieta de Atocha, frente al Ministerio. Esta manifestación se produce sólo unos días después de la que llevaron a cabo los agricultores de COAG. Las normas de buen gobierno se extenderán a las empresas no cotizadas, según la vicepresidenta ABC MADRID. El Ministerio de Economía y Hacienda está trabajando en la propuesta de elaborar un texto unificado del Código de Normas de Buen Gobierno, que incorporará, entre otros, los dos textos vigentes sobre esta materia, el Código Olivencia y el Informe Aldama, según anunció ayer la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. Como novedad, De la Vega anunció que las actuales normas de buen gobierno deben extenderse a las sociedades no cotizadas, aunque reconoció que la estructura de estas empresas es distinta y su incidencia sobre los mercados de valores es inferior a la de las cotizadas. Además, indicó que también estudia el establecimiento de un foro permanente de discusión y análisis, integrado por representantes del Gobierno, de los supervisores y expertos del mercado, y la posibilidad de trasladar a la normativa interna dos recomendaciones de la Comisión Europea: la de la transparencia de las remuneraciones de los administradores y el papel de los consejeros independientes. Durante la entrega del premio a la firma con mejores prácticas de gobierno corporativo y excelencia informativa entre las empresas del Ibex 35, organizado por la Fundación de Estudios Financieros y el Grupo Recoletos, que recayó sobre Indra, Fernández de la Vega reiteró el compromiso del Ejecutivo de extender la vigencia de los principios de buen gobierno a las sociedades públicas en lo que les sea aplicable Insistió en que para reforzar la confianza de los ahorradores en los mercados de capitales es primordial asegurar el acceso igualitario a la informa- ción o, cuando menos, que en el caso de que algún agente cuente con mayor información, no la pueda utilizar en beneficio propio. Para ello es necesario la existencia de tres pilares básicos: normativa clara y precisa instrumentos institucionales eficaces capaces de realizar un seguimiento eficiente de los mercados y la actuación eficaz y rápida de la Administración de Justicia.