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4 Opinión MARTES 23 11 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO UNA INVESTIGACIÓN NECESARIA L fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, ordenó ayer a la Fiscalía de Asturias que investigue a los mandos de la Guardia Civil que no informaron de la grabación en la que un confidente daba cuenta, en 2001, de la trama de explosivos que tenían montada Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, imputados por los atentados del 11- M. La decisión del fiscal general es tan oportuna como inevitable, porque ya no cabía hablar de otra cosa que no fueran indicios racionales de delito. Por eso, incluso mejor habría sido llevar el caso directamente a los Tribunales de Justicia, porque lo ya conocido ha acumulado tal caudal de señales que justifican la incoación de una causa penal. Indicios que el propio fiscal jefe de Asturias ha calificado como muy claros y que apuntan directamente a una pésima actuación de mandos concretos de la Guardia Civil. Uno de ellos, el teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga- -relevado de su puesto al frente de la Comandancia de Gijón y que ayer declaró ante la Comisión parlamentaria que investiga el 11- M- -aludió a una decepcionante situación de recelos entre cuerpos policiales y de falta de cooperación entre comandancias de la propia Guardia Civil. La peor derivación posible de este caso sería un reparto de culpas entre Fuerzas de Seguridad del Estado, con el telón de fondo, venga o no al caso, del mayor atentado terrorista que ha sufrido España. Sea la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción el órgano que investigue los hechos, es necesario tener conclusiones definitivas, lo antes posi- CENSURA EN LEÓN A moción de censura presentada en el Ayuntamiento de León va a situar de nuevo- -con toda probabilidad- -al popular Mario Amilivia en la alcaldía de la ciudad. El asunto ofrece perfiles singulares en el marco de la polémica ya un tanto añeja sobre el transfuguismo político y sus consecuencias. En efecto, parece que el deseo de asegurar la gobernabilidad de un Ayuntamiento que tiene un especial significado para Rodríguez Zapatero ha desatado una serie de maniobras que culminan ahora en un cambio brusco de las mayorías. Por eso, el Partido Socialista debe aclarar cuanto antes qué hay de cierto en la supuesta oferta de una jubilación generosa para algún concejal de Unión del Pueblo Leonés y en qué medida se desencadena así una situación que afecta a una de las pocas capitales importantes que pasaron a manos de los socialistas en las últimas elecciones municipales. Sólo un conocimiento preciso de los hechos permitirá, en su caso, una adecuada valoración política. Más allá de la polémica partidista, se pone de nuevo en cuestión un elemento nuclear para la legitimidad del Estado democrático. El desprestigio de ciertas instituciones y los excesos del régimen de partidos son fenómenos que preocupan en toda Europa. Entre nosotros, la desilusión hacia la política que alcanza- -a veces sin motivos suficientes- -a muchos ciudadanos deriva, entre otros factores, de un sistema electoral demasiado generoso con los partidos bisagra, a los que otorga un poder muy superior a la representación popular que ostentan. En muchos Ayuntamientos y en algunas Comunidades autónomas es habitual la existencia de partidos que actúan en rigor como sindicatos de intereses, porque venden sus votos al mejor postor y no dudan en cambiar de bando cuando la coyuntura lo hace aconsejable. No basta, sin embargo, con que los partidos de ámbito nacional se rasguen las vestiduras de forma hipócrita cuando se sienten perjudicados en un caso concreto. Superado por las circunstancias el llamado pacto anti- transfuguismo ha llegado la hora de abordar por consenso una reforma ambiciosa del régimen electoral local para establecer la elección directa de los alcaldes, fórmula plenamente democrática y acorde con la naturaleza institucional de los Ayuntamientos, en los que no siempre son convenientes los mecanismos propios de la forma parlamentaria de Gobierno. La legitimidad del sistema constitucional es un valor muy superior al beneficio particular que puedan obtener unos y otros, y por ello el problema debe ser abordado desde el sentido de la responsabilidad política que es consustancial al régimen democrático. E ble, que se abran paso entre conjeturas que gravitan entre la incompetencia profesional y el secretismo. Es preciso establecer la verdadera dimensión de lo que, por ahora, se revela como un desastre sin paliativo alguno, realmente inimaginable si no fuera porque está documentado y aceptado por alguno de sus autores. La Fiscalía ha considerado inicialmente que los hechos- -privar a los Tribunales, durante dos años, de una cinta que recogía las pruebas de una trama delictiva- -podrían ser constitutivos de un delito de ocultación de pruebas o de obstrucción a la justicia. En principio, van a ser investigados separadamente de la causa abierta en la Audiencia Nacional por los atentados del 11- M, aunque ya ha quedado claro que entre ambos procesos habrá trasvase de diligencias de prueba, por lo que no siempre será fácil apreciar la desconexión de ambas investigaciones. En todo caso, tan grave como empeñarse en devaluar la gravedad de lo sucedido sería implantar una causa general contra la Guardia Civil, lo que no sería responsable ni justo. Sin embargo, hay que llegar a la verdad con todas sus consecuencias y determinar, sin lugar a más dudas, las causas por las que Rodríguez Bolinaga no entregó la decisiva cinta a sus superiores o a la Justicia; si es cierto que la Policía conocía, antes que los mandos de la Guardia Civil, el contenido de la cinta; y si desde 2001 existía ya relación entre la red de tráfico de explosivos de Toro y Trashorras con células integristas musulmanas u otra clase de terroristas. L BARROSO, EMBARRADO PENAS superado, con rapidez, tacto político y eficacia institucional, el escollo de Rocco Buttiglione, José Manuel Durao Barroso se enfrenta a un nuevo escándalo que puede hacer zozobrar la Comisión Europea que ayer echó a andar. Ahora, a cuenta del comisario francés de Transportes, Jacques Barrot, que ocultó al Parlamento Europeo y al propio Barroso una condena judicial por financiación ilegal de su partido político, el CDS, amparándose en la ley francesa que borra cualquier condena del certificado de penales si el reo es amnistiado. El portugués debe gestionar esta nueva crisis con firmeza y tomar las decisiones que mejor protejan los intereses de la Comisión, que acumula retraso en una agenda política marcada por los desafíos económicos y políticos urgentes. Aun asumiendo que Barrot hubiera actuado correctamente según la ley francesa, queda la cuestión de la responsabilidad política en Europa, donde las legislaciones sobre la amnistía y la financiación ilegal de partidos difieren sensible- A mente. Barrot ocultó esa información a sabiendas. Probablemente por eso no aceptó la primera propuesta de Barroso para hacerse cargo de la cartera de Libertad, Seguridad y Justicia, pese a tener una formación jurídica clásica y a que estas funciones respondían mejor a las demandas de París de un puesto de peso que el sector de Transportes, del que finalmente se ha hecho cargo. En la gestión de esta nueva trifulca, Barroso ha actuado con la misma rapidez que mostró en el caso Buttiglione, pidiendo explicaciones por escrito al protagonista y transmitiéndolas inmediatamente a la Eurocámara, que parece poco satisfecha y ha reclamado un examen a su servicio jurídico. El presidente francés, Jacques Chirac, pero también la casi totalidad de la Prensa francesa, cierran filas tras Barrot. En esta situación, Barroso puede verse atrapado entre dos fuegos y la maquinaria de la Comisión Europea, el motor que alimenta el proceso legislativo europeo, puede verse frenado de nuevo, un lujo que Europa no puede permitirse.