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32 Madrid LUNES 22 11 2004 ABC MADRID AL DÍA ¿Y MADRID? IGNACIO RUIZ QUINTANO SO. ¿Y Madrid? Es la pregunta que le venía a uno a la cabeza viendo la foto municipal de Madrid 2012, con Cobo poniendo la mano francamente en el sobre olímpico. Cobo es aquel campeón del oportunismo- basura que, sintiéndose rodeado de fachas, echó la pata adelante y se llevó tal cornada que presentó la dimisión a Gallardón, que no se la aceptó, porque Gallardón, cosa que Cobo no sabía, tiene un contrato social, como el de Rousseau, con el pueblo madrileño, que le impide aceptar las dimisiones de Cobo. Con Gallardón y Cobo más tranquilos en el Ayuntamiento, Rodríguez se presentó en el Senado y dijo que lo de nación española es una cosa bastante discutible. ¡En el Senado! Acuérdense de cómo un día, al final de cierta sesión nocturna en el Congreso, don José Ortega y Gasset apareció en el salón de sesiones, donde, con voz débil y ademán vacilante, porque su salud se encontraba entonces bastante quebrantada, declaró que los conceptos de autonomía y federalismo no eran conceptos análogos, sino conceptos opuestos. Para decir una cosa tan sencilla decía Camba, con gran sentido del bochorno tuvimos que sacar de la cama con toda urgencia, hacia las cuatro o cinco de la madrugada, al filósofo máximo de la nación, llevándolo a la plaza de las Cortes poco menos que en unas parihuelas, y es que, sencilla y todo, esa cosa no la sabía nadie en el Congreso. Para aquellos energúmenos era lo mismo ensamblar las piezas de un puzzle a fin de formar un cuadro, que coger un cuadro y hacerlo añicos, al objeto de crear un puzzle y era igual buscar un aumento de poder en la unión con otros países que desmembrar el territorio nacional en regiones más o menos independientes Al final, don Manuel Azaña, haciendo grandes aspavientos, declaró que, después de todo, España no era, realmente, un país unitario, y que la unidad nacional carecía de tradición entre nosotros. Ahora, a falta de otro Azaña, los editorialistas de progreso declaran que la pluralidad de España es un hecho innegable y arrojan tomos de Derrida contra los recalcitrantes. ¿Y Madrid? E DIMES Y DIRETES RICARDO AROCA DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS EL CONTENCIOSO DE LA M- 30 El responsable del Colegio de Arquitectos justifica la decisión de llevar a los tribunales el proyecto municipal de la M- 30 engo delante un estudio de los servicios municipales sobre la M- 30 que analiza sus muchos problemas y tras describir el plan de mejoras, que producirá una profunda transformación de la ciudad, estudia con cierto detalle sus consecuencias utilizando, al parecer, los más modernos programas de ordenador y llega a la conclusión de que tendrá efectos positivos en todos los aspectos estudiados. Incluso su enorme coste teórico (setecientos mil millones de las antiguas pesetas) también es positivo ya que la mejora de infraestructuras crea puestos de trabajo en función de su coste (milagros de la macroeconomía) de manera que si luego, como es probable la obra cuesta el doble, generará no 120.000 puestos de trabajo sino 240.000, eso sí, en toda la comunidad, aunque la pagaremos sólo los vecinos del municipio, que para eso somos muy rumbosos. Ante una empresa tan beneficio- T sa es preciso aclarar porqué el Colegio de Arquitectos ha acudido a los tribunales de justicia convirtiendo el contencioso coloquial de la M- 30 en un contencioso jurídico. El Colegio de Arquitectos, como institución, hubiera querido y debido participar en el análisis y perfeccionamiento del proyecto de la M- 30 siguiendo los cauces naturales, es decir respondiendo a consultas del Ayuntamiento (que no se han producido) y acudiendo a la información pública, a la que la ordenación legal obliga a las administraciones para establecer o modificar el planeamiento de una ciudad. El gobierno municipal del Sr. Gallardón no ha considerado necesario consultar la opinión del Colegio de Arquitectos; estaba en su derecho, pero no podía evitar que esta opinión, la de otras instituciones y la de particulares le fuera expresada en el obligado trámite de información pública. Pero ha eludido el trámite, y eso no puede hacerlo. El proceso ha sido el siguiente: En lugar de tramitar el conjunto de la actuación como una modificación del plan general, dado su profundo impacto en la ciudad ha dividido la obra en un conjunto de proyectos técnicos (en algún caso cortando un túnel por la mitad) y ha sometido a una brevísima información pública la voluminosa documentación resultante (una masa de casi 40.000 documentos, la mayoría irrelevantes desde el punto de vista del impacto urbano de las obras) en unas condiciones que hacían imposible la consulta, con evidente desprecio de su obligación de informar y hacer posibles las alegaciones, convirtiendo así el preceptivo trámite de la información pública en cumplir un trámite en la peor acepción de la frase. El Colegio de Arquitectos acudió, no obstante, a la información pública, formuló alegaciones solicitando la tramitación adecuada del proyecto (modificación del plan general) y una información pública real en lugar de una parodia. Las alegaciones fueron desestimadas, el recurso de reposición no mereció contestación. La única defensa posible que quedaba del derecho de las instituciones y los ciudadanos a conocer y opinar sobre el futuro de la ciudad era acudir a los tribunales de justicia y eso hemos hecho. La acción del Colegio no se dirige en contra del proyecto sino que se ejerce en defensa del derecho de la sociedad a participar y de la necesidad de que se respeten al menos las garantías formales que lo articulan. El respeto a las formas es la base de la democracia y quebrantarlo es un acto de despotismo inadmisible aunque se pretenda ilustrado