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ABC DOMINGO 21 11 2004 13 El PSOE, a punto de perder la Alcaldía de León después de que sus socios de UPL le hayan retirado el apoyo Se aconseja al Gobierno no compartir mesa de conversaciones con los etarras, aun en el caso de abandono definitivo del terrorismo La banda tenía como objetivo matar a Latasa, uno de los asesinos de Yoyes Urrestarazu imputó falsamente a Cobos y Balerdi, ya en libertad a Iturrioz y Urrestarazu, quien tras varias versiones ahora niega haber cometido crímenes. Ambos marcaron a concejales de PP y PSOE NATI VILLANUEVA MADRID. ETA tenía como objetivo asesinar a José Miguel Latasa Guetaria, ex preso de la organización terrorista que se acogió a las medidas de reinserción- -por lo que fue considerado un traidor por sus compañeros- y uno de los asesinos de la ex dirigente María Dolores González Catarain, alias Yoyes quien había abandonado la banda con anterioridad. Así lo señala el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en un auto en el que ordena prisión incondicional para los etarras Ibon Urrestarazu Esnaloa y Alaitz Iturrioz Garmendia por integración en organización terrorista. Además, acuerda la libertad provisional bajo fianza de Margarita Eizaguirre Aramburu, a quien acusa de colaboración con ETA. Los tres, detenidos esta semana, prestaron declaración ayer ante el Juzgado Central de Instrucción número 5. Garzón considera probado que Ibon Fernández Iradi, alias Susper ex dirigente de ETA hasta diciembre de 2002, solicitó a Alaitz Iturrioz- -compañera sentimental de Urrestarazu- -información sobre distintos objetivos. Entre ellos figura el ex preso de la banda Latasa Guetaria, quien participó también, entre otros, en el atentado que en 1985 costó la vida al gobernador militar de San Sebastián Rafael Garrido; a su esposa, Daniela Velasco, a uno de los hijos del matrimonio y a una súbdita portuguesa. b Garzón encarcela cional siguió de forma milimétrica, mientras ETA llegaba a acuerdos con los nacionalistas vascos, la formación de un nuevo comando Donosti o cómo en aquellas fechas el entonces cabecilla José Javier Arizcuren, Kantauri mantenía una reunión en Francia para valorar una compra de armas por valor de unos 75 millones de pesetas. En el caso de que ETA anunciara una tregua definitiva, es cuando el Estado, como condición irrenunciable, debería exigir la entrega y correspondiente control técnico de todas las armas y explosivos, según los expertos consultados por ABC. Las Fuerzas de Seguridad de Francia y España tienen ya un cálculo aproximado de los arsenales de la banda. En esta misma línea, debería imponerse a ETA el desmantelamiento de sus bases y la entrega de todos los huidos que estén reclamados, al menos, por delitos graves. Las Fuerzas de Seguridad del Estado disponen, asimismo, de un censo de los etarras dispersados por Europa y América, señalan los citados medios. Se trata de evitar que de una escisión surja otro grupo que utilice la infraestructura para proseguir el terror, como pasó con el IRA, espejo en el que se mira ETA. Ibon Urrestarazu EFE No compartir mesa con la banda El borrador recomienda que, en caso de tregua indefinida y entrega de las armas, el Gobierno nunca comparta una mesa de conversaciones con dirigentes de ETA. Los etarras se volverían a atribuir capacidad de interlocución política, precisamente en un contexto como el actual, de absoluto aislamiento y en el que algunos etarras figuran en las listas de los terroristas elaborada por la Unión Europea. Del desarme y de los presos hablarían los dirigentes de la banda con funcionarios. Los informes preliminares advierten del peligro de que sectores de la sociedad, además de los nacionalistas, se lleguen a creer una oferta de ETA sin exigirle antes pruebas a la banda. Así, las fuentes consultadas subrayan que los meros contactos llevados a cabo a lo largo del pasado verano entre Batasuna y el sector nacionalista del PSE llevaron a éste a pedir al Gobierno gestos de distensión hacia la izquierda abertzale, seguros de que la banda ultimaba una tregua. De ahí la urgencia de que el Gobierno disponga ya de un plan, aunque no se vislumbre a corto plazo una tregua de ETA. Un plan que insiste en la necesidad de la máxima firmeza contra la banda, incluso aunque se encuentre en fase terminal. Cuantos más golpes sufra, más necesidad tendrá de hacer un alto el fuego y menos exigencias que imponer. zu- -Iñaki Doubreil con el fin de atentar contra su vida Sin embargo, la que se encargó de hacer el seguimiento al edil fue su compañera sentimental, Alaitz Iturrioz, ya que ésta hacía el mismo itinerario- -que Doubreil- -en tren desde Ordicia hasta San Sebastián Esta circunstancia le permitió facilitar a los liberados datos del concejal y de su escolta, así como detalles sobre las escasas medidas de seguridad que solía adoptar. Finalmente se cometió ese atentado, aunque en él murieron dos trabajadores de la empresa Elektra. En el auto de prisión, Garzón acusa a Urrestarazu de haber imputado falsamente durante el interrogatorio ante la Policía a Xavier Balerdi Odriozola y a Andoni Cobos Novo en diversos hechos delictivos Esta imputación llevó a la detención de ambos el pasado jueves. Tras comprobar la Policía que no tenían implicación en atentados fueron puestos en libertad. Fuentes jurídicas señalaron que durante su estancia en la Comisaría General de Información, antes de que Garzón le tomara declaración, Urrestarazu se fue desdiciendo- -ha dado tres versiones- -sobre su autoría en distintos asesinatos, como los de Giménez Abad, Pagazaurtundua, dos ertzainas y dos policías nacionales. En ocasiones, etarras detenidos han acusado a otras personas, e incluso se han inculpado falsamente en hechos delictivos, para despistar a la Policía y dar tiempo a los autores reales de esas acciones a huir, tal y como consta en algunas kantadas -textos que los arrestados, ya en prisión, envían a ETA- Ocultaron explosivos Garzón señala que Urrestarazu e Iturrioz formarían parte del aparato de captación de ETA y que fueron reclutados por Susper como miembros de la banda a lo largo de 2000. Asimismo, asegura que estos dos etarras prestaron su piso de Ordicia a Fernández Iradi y a Ainhoa García Montero desde diciembre de 2000 a marzo de 2001- -cuando eran miembros del comando Buruntza antes de pasar a la dirección de la banda- Durante este tiempo, los etarras ahora en prisión ocultaron explosivos con los que se fabricaron artefactos utilizados después en atentados. Por otra parte, Garzón imputa a Margarita Eizaguirre Aramburu- -quien quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros- -por un delito de colaboración con banda terrorista, ya que facilitó su piso a Susper sabiendo que éste pertenecía a ETA. Tras acogerse a las medidas de reinserción, Latasa, alias Fermín fue considerado un traidor Concejales no nacionalistas Otros de los objetivos sobre los que Susper solicitó información a Iturrioz fueron el concejal del PP de Beasain Julio Herreros, quien sufrió un atentado mediante la colocación de 15 kilos de explosivo, y el edil del PSE de Lazcano José Antonio Dopaso Martín, cuyos datos aparecieron en poder del comando Buruntza Urrestarazu, por su parte, se encargó de facilitar a ETA datos sobre el vehículo del empresario Juan Bautista Rubio. Esta información posibilitó que la banda colocara en el turismo una bomba lapa que se desprendió sin que llegara a estallar. Además, este etarra entregó a Susper datos, itinerarios y costumbres del concejal socialista de Ordicia- -donde vivía el propio Urrestara- Una red de colaboradores por Europa La documentación incautada a Mikel Antza ha permitido a la Policía descubrir una red de colaboradores de ETA distribuidos por Europa, principalmente en el Reino Unido, Holanda, Suiza, Italia y Alemania, según informó ayer El Correo Este entramado está compuesto por miembros legales -no fichados- -y se encarga de buscar infraestructura para la banda en otros países y evitar la presión policial que sufren en lugares como Francia. La Policía sospecha que algunos de estos colaboradores realizan una vida normal en el país elegido, alejados de cualquier medida de clandestinidad. En algunos casos los activistas están casados con personas del país y han formado una familia, lo que dificultaría emprender acciones judiciales. Según los documentos, estas personas han recibido la orden de mantener un perfil político bajo en los países donde se han instalado por lo que se les pide que no se relacionen con los comités de solidaridad que podrían estar vigilados.