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4 Opinión VIERNES 19 11 2004 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO 11- M Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL A comparecencia de Ignacio Astarloa, anterior secretario de Estado de Seguridad, ha servido para subir el nivel de una comisión devaluada por el rumbo incierto de sus trabajos. Durante las casi siete horas de su intervención, el número dos de Interior en aquella trágica jornada ha aportado sentido común y responsabilidad institucional a una investigación lastrada con demasiada frecuencia por el dogmatismo y el interés de partido. Estamos, en efecto, al principio y no al final de una tarea muy compleja, que todos los poderes del Estado deben afrontar sin ideas preconcebidas ni sectarismos inaceptables. Esta reflexión vale también para el Congreso de los Diputados, porque no hay que confundir la expresión legítima del pluralismo político con el hostigamiento al adversario para obtener un triunfo coyuntural ante la opinión pública. Está en juego la seguridad colectiva de los españoles, víctimas de un terrorismo cruel e implacable. Todas las hipótesis siguen abiertas, vino a decir Astarloa, incluida por supuesto la que apunta a una posible conexión de ETA, aunque sea indirecta. Pero lo más importante, a efectos políticos, es la sensación transmitida por el compareciente de que el Gobierno no mintió y de que los ciudadanos votaron el 14- M disponiendo de toda la información que se conocía en ese momento. Sin ahondar en los graves acontecimientos del día 13, la aceptación de la legitimidad del resultado electoral refuerza esa impresión de veracidad, que ya había dado el ministro Acebes en su comparecencia del pasado julio. Acusado por activa y por pasiva de mentir, parece evidente que el Partido Popular está dejando a salvo la honorabilidad reconocida de sus responsables y todo apunta a que la próxima intervención del ex presidente del Gobierno sirva para confirmar TIEMPO PERDIDO L definitivamente esa percepción. A la vista de que no logran llevar el agua a su molino, se aprecia un cambio de estrategia en los portavoces socialistas. Se trata ahora de eludir el debate sobre la supuesta mentira para atacar a los populares por el flanco de la imprevisión Voces prudentes, sin embargo, incluso desde las filas de la izquierda, matizan este nuevo enfoque, que puede tener un peligroso efecto boomerang La lectura política de los trabajos de la Comisión no invita al optimismo. El PSOE sigue encastillado en sus acusaciones al Gobierno anterior, con el doble objetivo de desacreditar a José María Aznar y de mantener a la defensiva a Mariano Rajoy. Es muy alto el coste de esta visión partidista del asunto: exige cerrar vías de investigación que deberían apurarse hasta el final. Por su parte, el PP tendría que hacer una seria reflexión sobre el sentido y alcance de una comisión que en su día impulsó a regañadientes. Empecinado en la defensa de su honor, aplaza una y otra vez el ejercicio de una oposición que tendría que funcionar ya a pleno rendimiento porque se abren grietas muy serias en la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En política, por definición, hay que mirar al presente y al futuro. Otra cosa es, por supuesto, el derecho de los ciudadanos a que se aclaren todos y cada uno de los puntos oscuros en la llamada trama asturiana que revela una actuación desconcertante- -por emplear un calificativo suave- -de algunos responsables de la seguridad colectiva. La exigencia de responsabilidad debe alcanzar al nivel que sea preciso, pero en ningún caso está justificado el daño gratuito a las instituciones que tienen a su cargo la misión más delicada del Estado. Por esta vía, los terroristas habrían alcanzado un beneficio insospechado. L RACISMO Y FÚTBOL L A Asociación de Fútbol de Inglaterra ha decidido enviar cartas de protesta a la FIFA y a la UEFA por la actitud racista del público español durante los dos partidos amistosos celebrados entre España e Inglaterra. Continúa así la polémica suscitada por las recientes palabras pronunciadas durante un entrenamiento por el seleccionador nacional, Luis Aragonés, quien, por cierto, se disculpó. Por supuesto que las actitudes violentas y racistas de los espectadores deben ser censuradas y castigadas. En el mundo del fútbol, los ultras se mueven con una impunidad que hay que combatir sin fisuras y la lucha contra el racismo no debe detenerse en las puertas de los estadios. Pero cabe percibir mucha hipocresía en la reacción de la Prensa y de las autoridades deportivas inglesas. En primer lugar, hay que advertir de que se trata de un com- portamiento deplorable pero muy minoritario, y resulta injusto atribuírselo al público español en general. En segundo lugar, estos inaceptables signos racistas no son ni mucho menos exclusivos de nuestro país ni más graves o generalizados que en otros, entre ellos la propia Inglaterra. Acaso no sea ajena al escándalo la mala imagen de la selección inglesa y la candidatura olímpica de Madrid, rival, entre otras ciudades, de Londres. Por lo demás, sin menoscabo de la condena absoluta que merecen los cánticos, abucheos y expresiones racistas, lo cierto es que cesan cuando se trata de jugadores de otra raza que juegan en el propio equipo de los grupos radicales. Arrojar la acusación de racismo sobre la afición española constituye un injusto acto de fanatismo. El error de unos pocos debe ser combatido sin extrapolarlo a una mayoría irreprochable. A Comisión Europea ha rechazado el plan del Gobierno para salvar Izar. Como no podía ser de otra manera. Porque no hay forma de demostrar que existen inversores privados interesados en la parte civil de la construcción naval. La Sepi lo sabía, o debería saberlo, y de ahí su insistencia en que las Cajas participasen en el capital de la empresa mixta que se pretendía crear. Porque no se veía capaz de convencer a nadie para hacerlo y sus intentos exploratorios con bancos de inversión habrían resultado fallidos. Por eso también se resistían las Cajas, porque corrían el riesgo de ser confundidas con bancos públicos, y saben que están en el ojo de mira del comisario de la competencia. Lo sabían hasta los sindicatos, que han insistido durante todo la negociación en que el Estado fuese mayoritario en el presunto holding y garantizase la carga de trabajo de los astilleros civiles. En este juego de apariencias se han perdido unos meses preciosos, se han hecho promesas irresponsables, hasta por el propio presidente del Gobierno, y se han enconado aún más los ánimos. Porque hay quien se siente engañado. Y la confianza personal va a ser muy necesaria para resolver el futuro de una empresa, y sobre todo de unos trabajadores, que, como ha reconocido su máximo responsable, está obligada a iniciar un proceso de disolución el 1 de enero. Se puede intentar echar la culpa al Gobierno anterior, que pecó de exceso de ingeniería contable para postergar el problema. Pero no se puede disipar la sensación de que alguien ha jugado electoralmente con el futuro de los trabajadores. Las inexplicables promesas del presidente Zapatero son muy recientes, como lo es el apoyo que prestó el presidente Chaves a unas peticiones salariales absolutamente desproporcionadas de un sector en quiebra con el argumento de que con Andalucía no se juega. Envalentonados por esas actitudes y hasta convertidos en héroes del celuloide, algunos trabajadores del naval han vuelto a tomar las calles. Quien siembra vientos, no puede sorprenderse de recoger tempestades. Es necesario recuperar la cordura, abandonar falsas soluciones milagrosas y reconocer la realidad de un sector que lleva aplazando demasiado tiempo su cita con el destino. El problema humano de unos trabajadores a los que les ha tocado perder con la globalización ha de encontrar una solución generosa combinando sabiamente políticas activas de formación ocupacional y jubilaciones anticipadas. Gobernar es solucionar los problemas con los mecanismos posibles, no prometer indefinidamente lo que se sabe que no se puede cumplir. Y los astilleros civiles españoles difícilmente pueden ser hoy competitivos.