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20 Nacional JUEVES 18 11 2004 ABC La proposición del catalán divide a la minoría del CGPJ, aunque al final votó en bloque N. C. MADRID. El Pleno del CGPJ aprobó ayer por 11 votos a favor, 8 en contra y una abstención el informe que rechaza la proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el uso del catalán por los jueces al considerarla de dudosa constitucionalidad. Dicho informe, redactado por Adolfo Prego, se opone a que el conocimiento de la lengua autonómica se configure como requisito de capacidad en determinados territorios y aboga por mantener la situación actual, en la que es un un mérito preferente Dentro de la minoría progresista, que votó en bloque contra del informe de Prego, surgieron hasta tres posiciones diferentes que quedaron reflejadas en otros tantos votos particulares. El primero- -suscrito por Fernando Salinas, Montserrat Comas y Juan Carlos Campo- más próximo a la filosofía de la proposición de ley del Parlamento catalán, sobre la que no ve tacha alguna de inconstitucionalidad. Los tres vocales opinan que debe fomentarse el conocimiento de las lenguas autonómicas hasta llegar a la normalización lingüística y, entre otras medidas, plantean un sistema de plazos que permita aprender la lengua a aquellos jueces ya destinados en Cataluña que no la dominen. El segundo de los votos particulares- -firmado por Luis Aguiar, Félix Pantoja y Ángeles García- -tampoco ve contraria a la Constitución la proposición de ley. A diferencia de los otros tres vocales progresistas, consideran que la exigencia del conocimiento de las lenguas autonómicas no está exenta de problemas y, por ello, optan por una solución intermedia consistente en configurar dicho conocimiento como mérito determinante para ocupar plazas en las comunidades con idioma propio. Los aspirantes que conozcan dichas lenguas tendrían así preferencia absoluta, y no sólo relativa sobre el resto. El tercer voto particular, del vocal propuesto por CiU Alfons López Tena, apoya íntegramente la proposición del Parlamento catalán. Los imputados del Yak- 42 declararon sin los papeles que la juez pidió a Defensa El general Navarro podría ser procesado por falsedad documental no ha remitido al Juzgado los documentos solicitados por la juez, ni ha hecho gestiones con la anterior cúpula militar para averiguar su paradero N. VILLANUEVA MADRID. Los cuatro imputados en la investigación del accidente aéreo del Yak- 42, que el 26 de mayo de 2003 se cobró la vida de 62 militares españoles, prestaron declaración ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios sin que el Ministerio de Defensa aportara ni uno solo de los documentos que le fueron solicitados por el Juzgado Central de Instrucción número 3, según informaron fuentes jurídicas. Se da la circunstancia de que los testimonios de los cuatro militares versaron precisamente sobre el contenido y las firmas plasmadas en esos papeles y sólo a través de las declaraciones de los dos generales y los dos patólogos- -quienes en ningún momento han negado su existencia- -se ha sabido cuál fue el destino de los originales reclamados por la juez y el fiscal adscrito al caso: la relación de identificaciones ha desaparecido- -según el testimonio del general Vicente Navarro, él mismo la destruyó- los informes de los reconocimientos que realizaron el capitán y el comandante médico, las mal llamadas autopsias, están en el Hospital Central de la Defensa- -Gómez Ulla- donde Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez se encuentran en comisión de servicio. En cuanto a las certificaciones de defunción, algunas han sido aportadas por las partes. El primer requerimiento de Palacios al Ministerio de Defensa se realizó el pasado 20 de septiembre, cuando la b El Ministerio Es inadmisible que la culpa recaiga sólo sobre militares MADRID. El ministro de Defensa, José Bono, calificó ayer de inadmisible que la responsabilidad por el accidente del Yak- 42 recaiga sólo sobre militares. Para mí es mucho más responsable quien mandaba y mentía que quien obedecía, aunque se equivocaba recalcó en Moscú. En su opinión, el ministro de Defensa no es el abogado ni el juez ni el fiscal del anterior equipo El Gobierno ha exigido responsabilidades que están en su órbita y en sus capacidades. No somos en el Ministerio de Defensa quienes tengamos que exigirlas y mucho menos de orden político dijo. las puertas a la posible imputación de algunos de sus superiores, entre los que se encontraría el ex ministro Trillo. Navarro, quien podría ser procesado por un delito de falsedad documental, ha reconocido que él mismo se encargó de identificar a los cuerpos fijándose en objetos externos que portaban, como las guerreras o las insignias. Esa lista, con las identidades de cada uno de los cuerpos, fue trasladada al capitán médico Miguel Ángel Sáez y al comandante médico Ramón Ramírez, quienes, siguiendo órdenes de Navarro, se limitaron a hacer un reconocimiento externo de los cadáveres dejando constancia de los desperfectos que tenía cada uno y confiando en que la relación de nombres que les había dado el general era correcta. Elaborados en Torrejón Según ha podido saber ABC, Sáez y Ramírez conservaron esas notas que elaboraron con su puño y letra hasta que llegaron a España. De camino a sus respectivos domicilios, Navarro les llamó por teléfono para pedirles que regresaran a la base de Torrejón, donde acababan de aterrizar, para elaborar unos informes de autopsias basándose en las notas que habían tomado y que dejaran constancia del nombre y las causas de la muerte de cada uno de los militares. Al parecer, el general Navarro quería enviar esos informes a las familias que los solicitaran. Cuando pasaron unos meses del siniestro, el general, pensando que ya nadie los iba a reclamar, según señaló en su declaración, se deshizo de esos informes y de la relación de identificaciones. Si se conservan esos documentos es porque el capitán y el comandante se quedaron con copias, las que están en el Gómez Ulla. juez libró un oficio a Defensa en el que solicitaba, por una parte, toda la documentación relativa a la contratación y autorización del vuelo siniestrado, y por otra, la generada en el proceso de identificación de los 62 militares. Desde entonces hasta ahora el ministerio no ha remitido ningún documento ni tampoco ha informado al Juzgado del paradero de los mismos. Sólo a través del informe del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y de actas que han aportado las partes se ha podido confirmar que 30 de los militares fueron mal identificados. El hecho de que el general Vicente Navarro, coordinador de la actuación médica en Turquía, asumiera toda la responsabilidad en los errores de identificación de las víctimas ha cerrado UIM: SALVAGUARDA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO Portavoz de la APM Nombramientos Por otra parte, el CGPJ nombró a Emilio Frías magistrado de la Sala Tercera del Supremo por 12 votos; renovó a Jesús Souto como presidente del TSJ de Galicia por 12 votos y a Félix Mota, por 11, como presidente de la Audiencia de La Rioja; nombró presidente de la Audiencia de Salamanca a José Ramón González por 16 votos; y a José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia de Tenerife por 11 votos. llá por el año 1953, se fundó en Salzburgo (Austria) la Unión Internacional de Magistrados. En la web (www. iaj- uim. org) se define como una organización internacional profesional apolítica, sus miembros son asociaciones de magistrados y su objetivo principal es la salvaguarda de la independencia del Poder Judicial, condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos humanos y de las libertades de la persona. La UIM agrupa a 68 grupos representativos nacionales procedentes de los cinco continentes y en su seno funcionan cuatro Comisiones de Estudio. Basándose en las relaciones nacionales, los miembros de la Comisión estudian A los problemas de interés común que conciernen a la justicia en todos los países, considerados desde el punto de vista comparativo y transnacional. Goza, a su vez, de estatus consultivo ante Naciones Unidas (Oficina Internacional del Trabajo y Consejo Económico y Social) y ante el Consejo de Europa. Recientemente tuvo lugar en México su cuadragésimo séptima reunión anual. Para tener un exacto conocimiento de la importancia de los temas debatidos, en dicho simposio se trataron ampliamente los problemas actuales de la ética y de la deontología judiciales, la posible reforma jurisdiccional de los sistemas de protección de las relaciones laborales y de la seguridad social, los medios adecuados para la mejor y más eficaz protección de las víctimas de los delitos y los poderes del juez en asuntos de familia. Habiendo inaugurado sus sesiones el presidente Vicente Fox, la Asociación Profesional de la Magistratura tuvo la fortuna de conseguir la elección de uno de sus miembros, el magistrado José María Bento, como vicepresidente de la UIM. Las diversas sesiones de la reunión fueron realzadas por la presencia del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial. Cada delegación expuso los problemas actuales de la justicia en sus respectivos países y los posibles ataques a la independencia judicial y a la protección de los derechos fundamentales. Hay que recordar, a su vez, que otro magistrado español, hoy en el Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, fue el anterior presidente de la UIM y, en la actualidad, lo es a título honorario. Auguro un gran futuro para esta organización.