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ABC DOMINGO 5 9 2004 Los domingos 63 UNA EXIGENCIA DERIVADA DE LA APROXIMACIÓN LEGISLATIVA EUROPEA POR JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS 1981- 2003: el divorcio que crece En 1981 hubo 6.851 separaciones y 9.483 divorcios. En total, 16.334 casos. En 2003, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se registraron 79.423 separaciones y 47.319 divorcios. La suma de ambas cifras arroja un total de 126.742 rupturas. Algunos especialistas opinan que en menos de un lustro habrá tantos divorcios como matrimonios, en torno a 200.000 cada año. Desde el comienzo de la aplicación de la Ley del Divorcio, en España se han separado o divorciado más de 1,6 millones de parejas, más de tres millones de personas. Desde 2002 se anotan las nulidades civiles: 229 en 2002; 191 en 2003. otra vez pierdes la pensión, así que te vas a vivir con quien quieras y sigues cobrando esa pensión Juani, cincuenta y tres años, de Algeciras, lleva doce separada. El proceso le costó dos años y medio millón de las pesetas de entonces (3.000 euros) La mitad de lo que tenía en una cuenta a plazo fijo bromea. Esta mujer risueña y optimista, de buen ver recuerda que dejó su trabajo en una fábrica de papel porque su marido se lo pidió. Un error admite. Hoy recibe una pensión para su hija, que aún está estudiando, y una compensatoria para Francisco Fernández Ordóñez, padre de la ley del divorcio de 1981 ABC a proyectada reforma del Código civil pretende regular el divorcio sin necesidad de separación previa y ofrece dos datos relevantes frente a la situación anterior: la disolución matrimonial por mutuo acuerdo, que se podrá resolver en apenas dos meses, y la reducción sensible (seis meses) de los plazos para la tramitación del divorcio contencioso. Se trata de una regulación presente en la mayoría de los países europeos que, al margen de evitar los inconvenientes derivados de largos procesos y de reducir sensiblemente los costes, pretende que los procesos judiciales por ruptura matrimonial se reduzcan en un 30 por ciento. Con ello la carga que soportan los juzgados se atenuará de forma notable, al tiempo que se modernizará una ley que se halla anticuada por el delicado momento en que nació. La norma reguladora del divorcio data de julio 1981 y fue uno de los resultados más logrados del consenso vigente en aquella época, en el que tuvo una relevancia especial la actuación del sector demócrata- cristiano, con la notable actuación del desaparecido Íñigo Cavero. Una actuación que liberó a nuestro país de estériles y farisaicos debates ideológicos, como el que tuvo lugar en Italia a finales de los años sesenta o el que tiene lugar en estos días en Chile, más pretridentino que prevaticano. Pero el Derecho, especialmente en un sector tan sensible como el del divorcio, no es sólo ordenación legal que se plasma en las páginas del Boletín Oficial del Estado, sino el resultado, mucho más complejo, de una profunda interacción entre el legislador y los jueces, al compás de las demandas sociales; y éstas exigen en las sociedades desarrolladas actuales, tanto el conocimiento de los límites del Derecho respecto a la vida social como una mejor preparación de las normas y un control continuado de su proceso de aplicación. La prueba es que con todas las reservas inherentes de la Ley de 1981 el número de divorcios ha sido abrumador: el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron en España 126.742 rup- L turas (47.319 divorcios y 79.423 separaciones) Y el fenómeno no ha sido privativo de España. Si la regulación de 1981 pronto quedó obsoleta, lo propio ocurrió con regulación italiana de 1970 o la francesa de 1975, por sólo referirnos a los países de nuestro entorno cultural más inmediato. No en vano Italia realizó una reforma en profundidad en 1987 y Francia contará con una nueva Ley el próximo año. Es cierto que la Constitución Europea que se firmará el próximo 29 de octubre protege las distintas tradiciones y sistemas jurídicos de los Estados miembros, pero también presta atención a las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfonteriza y garantiza el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en el denominado Espacio Judicial Europeo. No es casual que uno de los mayores logros haya sido el Reglamento n 1347 2000 que garantiza libre circulación de decisiones de divorcio en este espacio y presupone un alto grado de armonización de las legislaciones nacionales en la materia. Las reformas a las Leyes de divorcio que se han practicado o se están practicando en Europa son un claro resultado de esta labor armonizadora. En términos generales el consenso de 1981 ha adquirido un signo diverso en la actualidad pues tiene un carácter más técnico y menos ideológico. Por el momento aún no se ha abierto la caja de Pandora que incluye la polémica en torno al derecho al divorcio Baste atender a las declaraciones de las distintas asociaciones de magistrados que, coincidiendo en las bondades de la reforma, llaman la atención de que se caiga en la fácil tentación de pensar que con cambiar leyes se soluciona todo. La reducción de los plazos sólo será posible si se dota a la justicia de los medios materiales y personales adecuados. En cualquier caso, España se une al esfuerzo de los países europeos de desdramatizar, humanizar y simplificar todo el procedimiento para llegar a un divorcio tranquilo Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. ella, de por vida. Según Luis Zarraluqui, habría que apostar- -salvo excepciones- -por una pensión que durara unos años, mientras la mujer se recicla para regresar al mercado laboral. ¿Y lo niños? En el proyecto del Gobierno parece que se limitará su obligación de declarar en los tribunales. Los expertos consultados creen que sólo tendrían que acudir cuando la ruptura no fuera de mutuo acuerdo y a partir de una determinada edad (doce años) Muchas de las asociaciones de padres separados se preocupan más por otro asunto: la custodia compartida. El equipo del ministro López Aguilar le ha sugerido a la Asociación por la Custodia Compartida que se potenciará sustancialmente la mediación familiar previa al divorcio. Habrá una red de mediadores (abogados, psicólogos, graduados sociales... que se reunirá con la pareja y que emitirá un dictamen. Ese dictamen será obligatorio, y el juzgado lo utilizará en caso de desavenencia explica Mariano Orta. La psicóloga Trinidad Bernal dirige en Madrid un centro de mediación familiar pionero, con quince años de experiencia. Por sus salas pasan 250 pare- jas cada año. No hay medios para más. Durante seis o siete sesiones, aunque pueden ser muchas más, buscamos que lleguen a acuerdos sobre sus hijos, sobre su patrimonio, que organicen su futuro Si se confirman las previsiones, con la nueva ley este tipo de centros ganarán musculatura y fondos, en este camino hacia el divorcio rápido e indoloro. Bernal también apoya la idea de reducir el proceso a un solo trámite: Una ruptura en dos etapas no es recomendable. Por un lado, se duplican los gastos; por otro, emocionalmente, hiere, desgasta