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56 Cultura VIERNES 23 4 2004 ABC Coincidiendo con el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, escritores y bibliotecarios unen su voz en contra del pago por el préstamo público de libros. Determinar la línea a seguir en el contencioso con Bruselas será una de las tareas del nuevo Ejecutivo El canon de la discordia TEXTO: O. BELLOT MADRID. La polémica está sobre el tapete. Como ya informó ABC, la decisión de la Unión Europea de abrir procedimiento contra España por la incorrecta aplicación de la Directiva sobre derechos de autor ha movilizado al sector del libro, propiciando una unión entre los bibliotecarios y los propios autores contra lo que califican de ataque contra la cultura Ayer, los dos colectivos se manifestaron a las puertas de la Biblioteca Nacional para mostrar su desacuerdo por una medida que consideran restrictiva del libre acceso del público a las obras culturales. Juan Marsé, Almudena Grandes, Gustavo Martín Garzo o Luis Landero son sólo algunos de los firmantes del manifiesto en el que se arremete contra el establecimiento de un canon por el préstamo bibliotecario de libros. Su principal preocupación es que la presencia de esta tasa merme los ya de por sí exiguos presupuestos con que cuentan las bibliotecas españolas. Este es el sentir de Luis Landero, uno de los escritores que se han adherido al texto. El escritor extremeño afirma que el canon no debe caer sobre los más débiles Nos interesa mucho más que nos lean que la cantidad que podamos percibir por esto precisa Landero al ser interrogado sobre la postura adversa de los autores a una medida de la que parecen ser los únicos beneficiados. Las bibliotecas aguardan la resolución del conflicto abierto res cinematográficos por el disfrute de sus películas. Desde el Centro Español de Derechos Reprográficos se añade: Lo que no parece lógico es pedir a los autores que, agradecidos y satisfechos por los servicios públicos que se proporcionan gracias a sus obras, renuncien a las remuneraciones que les corresponden por los usos que de ellas se hagan ¿Qué es lo que queda en medio de este fuego cruzado de acusaciones? Una nada desdeñable confusión que afecta tanto al coste que supondría la aplicación de la Directiva comunitaria- -fuentes del sector bibliotecario aluden a una cifra de algo más de trece millones de euros- -como en lo que respecta a la entidad sobre la que debería recaer la satisfacción del canon. En lo que sí coinciden unos y otros es en reclamar que, llegado el caso, las tasas por el préstamo de libros no salgan de los bolsillos de los lectores, sino de las arcas del Estado. ROCIO RUZ Hecha la Ley, hecha la trampa España no está sola en este trance. En parecida situación se encuentran Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal, países contra los que la Comisión también ha abierto un procedimiento de infracción por la incorrecta aplicación de la normativa comunitaria. Parecidos motivos llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fallar contra Bélgica recientemente. Según se desprende de la Directiva sobre derechos de autor, los escritores tienen la facultad exclusiva de autorizar el préstamo de sus obras. El mismo documento establece, sin embargo, Fomento de la cultura En parecidos términos se expresa Gustavo Martín Garzo, que alerta acerca de la situación precaria de las bibliotecas Garzo defiende que éstas constituyen un lugar de encuentro íntimo de los libros con sus lectores. Dado que en las librerías los volúmenes apenas permanecen unos pocos meses, las bibliotecas son los únicos lugares donde los libros encuentran un refugio para sobrevivir El autor vallisoletano destaca que las bibliotecas son absolutamente esenciales para el fomento de la cultura y, si tuvieran que destinar una parte de sus presupuestos a sufragar el canon, la situación de estas instituciones pasaría de ser alarmante a ser crítica La opinión vertida por los escritores parece chocar, no obstante, con las emanadas desde las cúpulas de las diferentes organizaciones del sector. Andrés Sorel, secretario general de la Asociación de Escritores de España, manifestaba a ABC su disconformidad con las incipientes protestas de los bibliotecarios ante la situación planteada. A nosotros se nos contrata una obra exclusivamente para su venta subraya Sorel, a la vez que trazaba una analogía entre el derecho de los escritores a cobrar por el préstamo que las bibliotecas hacen de sus obras y el derecho de remuneración que asiste a los directo- dos resquicios de los que se ha valido la legislación española para evitar el pago del canon. Por un lado, abre la posibilidad de sustituir la autorización expresa del autor por una compensación económica. Por otro lado, permite la exención del pago a determinados establecimientos. Este es el punto al que se han agarrado las autoridades españolas para eludir el pago. La Dirección General del Libro, Subdirección General de Bibliotecas, es el órgano bajo cuyo manto quedan las bibliotecas públicas. Sin embargo, las competencias están transferidas a las diversas Comunidades Autónomas, dando lugar a un amplio abanico de marcos legales. Al nuevo Ejecutivo le corresponderá, en consonancia con el dictámen de las autonomías, determinar la línea a seguir en el contencioso. EL PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO JUAN MOLLÁ Presidente de la A. C. E. E l hecho de que la Unión Europea haya abierto expediente sancionador a España por no aplicar debidamente su Directiva de 1992 sobre el préstamo de libros en bibliotecas, después de haber condenado a Bélgica por igual motivo, es el antecedente inmediato que ha de tenerse en cuenta al analizar el debate que se ha generado en la sociedad. No es cierto que si se cumple la norma, como se ha empezado a afirmar en medios bibliotecarios, los lectores tendrán que pagar, ni tampoco que las cantidades que abonen las Administraciones a los autores por este concepto disminuirán los presupuestos de las bibliotecas para compra de libros o financiación de mejoras. Por lo que debemos trabajar unidos, bibliotecarios y titulares de derechos, es por lograr que se atiendan las bibliotecas como se merecen para multiplicar sus fondos, mejorar sus instalaciones y su funcionamiento y también cumplir las exigencias legales respecto de los derechos de autor. ¿No sería más efectivo unir esfuerzos para pedir más fondos, más medios, mayores partidas económicas con el fin de equiparar las bibliotecas españolas a la media europea? Por otra parte, no puede aceptarse que se postule el incumplimiento de unas normas obligatorias asumidas por España. La igualdad y la interrelación entre los países que componen la Unión Europea así lo exigen. Todos los europeos deben tener los mismos derechos y oportunidades. Los principios de reciprocidad y de solidaridad así lo abonan. No podemos pretender ser europeos, más europeos se dice ahora, si no cumplimos las Directivas europeas. Una condena a España por los Tribunales de la Unión sería la única consecuencia, el único horizonte posible de esta actitud, si la asumieran nuestras autoridades.