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14 Nacional MARTES 11 11 2003 ABC La Fundación para la Libertad inicia una campaña para relevar al nacionalismo VITORIA. La Fundación para la Libertad inició ayer una campaña por el cambio que califica de proceso abierto y que pretende, en un plazo de aproximadamente un año relevar al nacionalismo de la dirección de las instituciones políticas Para ello, se requiere, según la Fundación, de un cambio electoral, pero también de una previa movilización ciudadana en la que participemos todos En el acto de presentación se difundió el manifiesto Cambiar para la libertad. Un llamamiento a los ciudadanos vascos En la imagen, Jaime Mayor, Loyola de Palacio, Agustín Ibarrola, Rosa Díez, la presidenta de la Fundación y colaboradora de ABC, Edurne Uriarte, así como el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo. TELEPRESS El fiscal afirma que el plan Ibarretxe no supera un elemental test de razonabilidad Es una estrategia jurídica de camuflaje para erosionar la Constitución Tribunal Superior de Justicia vasco que admita el recurso presentado por la Diputación de Álava contra el proyecto secesionista del PNV MANUEL MARÍN MADRID. La Fiscalía General del Estado emitió ayer su primer pronunciamiento oficial sobre el proyecto secesionista puesto en marcha por el Gobierno vasco, el llamado plan Ibarretxe que a juicio del Ministerio Público no es sino una flagrante vulneración de los principios constitucionales y una estrategia jurídica de camuflaje que no supera el más elemental test de razonabilidad En un escrito de ocho folios, la Fiscalía defiende la competencia del Tribunal Superior de Justicia vasco para resolver el recurso contencioso- administrativo presentado por la Diputación Foral de Álava contra el acuerdo del Consejo de Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe el pasado 25 de octubre. Ese acuerdo fue la formalización del proyecto independentista para su tramitación en el Parlamento vasco. b Cardenal pide al Según la Fiscalía, cuyo responsable es Jesús Cardenal, en un Estado de Derecho no existen espacios inmunes al imperio de la Ley. La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico obligan por igual a poderes públicos y ciudadanos de forma que es a los jueces a quienes corresponde controlar que la actuación administrativa se ajuste a la legalidad vigente En este caso, el fiscal mantiene que el plan Ibarretxe no nace al mundo jurídico blindado frente a los naturales mecanismos de control del Estado de Derecho. La discrecionalidad- -añade- -que define la esencia de cualquier iniciativa política no puede ser equívocamente invocada para justificar la arbitrariedad de su contenido En definitiva, y dado que el proyecto secesionista no supera el más elemental test de razonabilidad entra de lleno en el ámbito de la fiscalización que la legislación española atribuye a los Tribunales de lo Contencioso. Uso fraudulento de la ley Y es que- -señala la Fiscalía- -bajo la apariencia formal de una iniciativa de modificación estatutaria, se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de rup- tura con la legitimidad estatutaria hasta ahora vigente A criterio del Ministerio Público, el plan Ibarretxe es la más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje ya que utiliza un vehículo legal, cual es el propio Estatuto de Autonomía, no para acometer su reforma, sino para imponer- haciendo un uso fraudulento de sus facultades legales un marco político de verdadero alcance constituyente Ibarretxe pretende de esta manera fragmentar la Constitución propugnando su arbitraria inaplicación a una parte del territorio español El fiscal concluye que la estabilidad normativa- institucional puede verse erosionada si se aprueba el proyecto secesionista y su mera reducción a un acto no impugnable- -tesis defendida por el Ejecutivo de Ibarretxe- resulta incompatible con la legítima capacidad del Estado de Derecho para hacer frente a extralimitaciones competenciales tan clamorosamente ofensivas hacia la Carta Magna. UPN y el PSOE unen sus fuerzas en Navarra ante el desafío B. LÓPEZ PAMPLONA. El Gobierno de Navarra y el PSN- PSOE coordinarán actuaciones institucionales en el ámbito jurídico contra el plan Ibarretxe, según acordaron tras la reunión mantenida ayer por el presidente navarro, el regionalista Miguel Sanz, y el secretario general de los socialistas navarros, Juan José Lizarbe. La propuesta que Lizarbe presentó al presidente foral se basa en cuatro puntos: establecer una línea abierta de comunicación sobre la tramitación y contenido del plan; encargar a las instituciones forales dos informes jurídicos para analizar la posibilidad de un eventual recurso y en los que se viera la afección del plan a Navarra; fortalecer el autogobierno y la identi- No vale todo en política Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Fiscalía argumenta que pese a que la legislación restringe o limita la impugnación de todos y cuantos actos políticos se puedan producir, no cabe aceptar que porque el acto objeto del proceso sea de un Gobierno y ofrezca cariz de político excluya, sin más, la posibilidad de su examen jurisdiccional dad de la Comunidad Foral a través del repaso a las competencias pendientes; y la retirada de los recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno central tiene sobre algunos temas navarros. El líder socialista señaló que Sanz estuvo de acuerdo en todos los puntos salvo en la retirada de los recursos y el debate sobre el autogobierno. Por otro lado, Lizarbe quiso trasladar a los ciudadanos navarros la garantía de que el futuro de Navarra sólo lo decidirán los navarros, como así lo demuestran la fortaleza de las instituciones navarras y la mayoría de los partidos navarros. El PSN- PSOE quiere trasladar su postura de firmeza, prudencia y sentido común respecto al plan Ibarretxe, no coincidiendo ni en su contenido ni en su estrategia Finalmente, Lizarbe mostró el compromiso de que su partido no hará electoralismo de este asunto y pidió lo mismo al Ejecutivo foral, a Unión del Pueblo Navarro y al PP. Por su parte, el consejero- portavoz del Gobierno, Alberto Catalán, insistió en la necesidad de mantener la firmeza en todos los foros frente al proyecto soberanista del lendakari porque, en su opinión, lesiona la identidad y el estatus institucional de la Comunidad Foral, choca frontalmente con la Constitución española y no soluciona problemas reales incluida la falta de libertad en el País Vasco Catalán compartió la opinión de Lizarbe en el sentido de que las actuaciones contra el plan Ibarretxe deben estar al margen de las luchas partidistas. Por ello, declaró que se adoptarán las medidas institucionales pertinentes dentro de un cauce de comunicación permanente entre UPN, PSN y CDN.