ABC MADRID 15-05-2002 página 3

ABC MIÉRCOLES 15 5 2002 LA TERCERA LA DEMOCRACIA MILITANTE Y La amenaza es que parte del aparato de una Batasuna ilegal opte por integrarse en un PNV cuya ideología coincide cada vez más con la suya los efectos y niveles. Y es que la existencia de un frente legal de ETA resulta indispensable para llevar adelante los planes nacionalistas y conseguir un éxito muy problemático sin la presión que aportan sus amenazas y brutalidades. El debate sobre la oportunidad de la ilegalización de Batasuna no puede eludir este dato fundamental: a pesar del rechazo nacionalista de los atentados, la política de Ibarretxe necesita de la presión ultranacionalista de Batasuna y de la cobardía y el desistimiento que produce en la sociedad vasca, acompañados de creciente hostilidad y aburrimiento en la española. Aceptada por obvia la implicación activa de Batasuna en la estrategia de ETA, la mayoría de resistencias a la ilegalización buscan refugio en dos objeciones: una es la de su inoportunidad; la otra exige garantías de que ningún partido será ilegalizado por su ideología independentista. Como cualquier partido independentista vasco o catalán o maragato que acepte valores constitucionales y juegue las reglas democráticas es legítimo, parémonos en el argumento de la inoportunidad. El argumento prevé que Batasuna reaccionará contra la ilegalización compactándose y ofreciendo resistencia a su disolución. Sin embargo, la experiencia indica que Batasuna ya está inmersa en un proceso de descomposición y pérdida de apoyo electoral que la ilegalización puede acelerar. ¿Por qué? Veamos: en Batasuna cohabi- BATASUNA E L susto dado por Le Pen y su partido en Francia, a continuación de los anteriores dados por Haider, Bossi y otros- -veremos qué pasa en Holanda- pone sobre la mesa una cuestión que no puede esperar más: la necesidad de recuperar o crear una concepción militante de la democracia que supere esa mera tolerancia blanda que admite sin más partidos ultranacionalistas étnicos, xenófobos y antisistema. A propósito de Holanda, la posibilidad de suspender las elecciones estudiada tras el asesinato de Fortuyn señala en esa dirección al mostrar algunos límites que ninguna democracia exigente debería ignorar: la imposibilidad de celebrar comicios democráticos si los políticos de un partido son o pueden ser asesinados por una facción enemiga. Aunque finalmente Holanda celebre este miércoles sus elecciones, esa discusión no ha sido banal, sino todo un ejemplo de seriedad democrática. Y de Holanda vayamos a España, y en particular al País Vasco. Aquí, y dejando de lado- -de momento- -caricaturas como Gil, los semejantes más temibles de Le Pen son los nacionalistas vascos. Y aquí también se asesina o se intenta asesinar a representantes de una oposición política que carece de la libertad que gozan los partidos gobernantes. Es más, el Acuerdo de Estella acordado por los partidos del gobierno con los terroristas trató de imponer, con el señuelo de la paz, un programa comparable al lepenista, resumido por Arzalluz en sus famosas profecías: en un estado vasco independiente los vascos no nacionalistas serían como alemanes en Mallorca residentes sin derechos políticos, tolerados por su gasto en la hostelería local. A diferencia de Le Pen, el partido de Arzalluz y sus socios gobiernan el País Vasco, beneficiándose además de los efectos de una presión terrorista que combaten con poco entusiasmo. De manera que la situación vasca, y de rebote la española que la incluye, presenta rasgos de degeneración democrática que, meramente en germen, han sido considerados intolerables tanto en Holanda como en Francia. ¿Se imaginan que algún político europeo planteara en su país un simulacro de referéndum de autodeterminación como el anunciado por Arzalluz e Ibarretxe? Pues, con independencia de los aspectos jurídicos de la pretensión, es totalmente ilegítimo proponer siquiera una consulta pública donde los defensores de una de las opciones- -por ejemplo, NO a la autodeterminación- -carecen de libertad para comunicar sus puntos de vista, son marginados o difamados por el gobierno que hace la consulta y se convierten en dianas ambulantes para los terroristas. Pero que PNV, EA e IU crean esto posible es totalmente congruente con la lógica que ha tolerado, aplaudido y financiado- -literalmente- -la existencia de Batasuna y sus satélites, a pesar de su absoluta y pública negativa a integrarse en la democracia y a pesar de las clamorosas evidencias existentes sobre su colaboración con ETA a todos tan ahora mismo tanto sujetos que disfrutan del amparo y las ventajas que les da esa militancia legal, como otros atrapados en su pertenencia a la comunidad proetarra. La ilegalización puede dar a unos y otros el pretexto para huir o participar en iniciativas que, como la reciente escisión navarra llamada Aralar, asuman un nacionalismo independentista pacífico. Esta salida es indudablemente temida por ETA, cuya potencia quedará mermada sin su frente legal, pero también por el sector más autonomista del PNV, que tras largo y confortable letargo da señales de agitación. La amenaza, en efecto, es que parte del aparato de una Batasuna ilegal opte por integrarse en un PNV cuya ideología cada vez coincide más con la suya. Teniendo en cuenta que los militantes batasunos entienden mucho mejor que los del PNV el sentido y fines del soberanismo y conociendo su indudable capacidad de militancia y conspiración- -muy superior a la de los jóvenes tecnócratas peneuvistas- no es imposible que el PNV acabe pagando una OPA de Batasuna que lleve a sus militantes a puestos claves del partido de Arzalluz. Al fin y al cabo, ¿dónde está la diferencia entre el lenguaje y las ideas de Egibar y las de Arnaldo Otegi? Y la conversión de un partido moderado de derechas en una organización extremista tiene numerosos precedentes. Obviamente, el PNV desea una evolución diferente, un desgaste lento de Batasuna que, unido a su propia radicalización y al efecto de la amenaza españolista le permitiera seguir ganando votos proetarras, como ya pasó en las pasadas elecciones. Entre tanto, la erosión causada por la lucha contra ETA correría a cargo del Estado y de los partidos constitucionalistas, apareciendo el PNV como un partido pacifista, contrario a la represión y promotor del diálogo y de inocentes consultas populares y beatíficas conferencias de paz. Pero una rápida ilegalización de Batasuna, antes de la campaña de las municipales, modifica ese oportuno guión y resulta altamente inoportuna para el nacionalismo y sus socios menores- -como está demostrando Llamazares- En efecto, la ilegalización dejaría a la vista que el verdadero problema de la política vasca no es sólo la falta de libertad y seguridad por efecto del terrorismo, sino también la existencia de un gobierno que impulsa planes nacionalistas étnicos cuya realización significa convertir a la parte disidente de la sociedad en ciudadanos de segunda clase. Justamente el tipo de situación que ha provocado la movilización de la Francia republicana contra la Francia ultranacionalista de Le Pen, o llevado a los holandeses a preguntarse si era legítimo celebrar elecciones con un candidato recién asesinado, por muy populista xenófobo que fuera. Aquí también deberíamos hacernos esas preguntas. CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco