ABC MADRID 22-11-2000 página 11

ABC MIÉRCOLES 22- 11- 2000 U Advertencia macabra 1 asesinato ayer en Barcelona del ex ministro socialista de Sanidad Emest Lluch, también ex rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ensayista y hombre de irrefrenable vocación periodística, demuestra que la banda terrorista ETA desarrolla una estrategia en la que combina criterios criminales selectivos con indiscriminados, y que ambos se complementan para el logro de sus propósitos. Porque si las explosiones en vías o establecimientos públicos propagan el terror difuso en el conjimto de la sociedad, los crímenes de personalidades con perfiles relevantes encierran una advertencia que la clase política sabe descifrar con particular precisión. Al asesinar a Lluch, la banda terrorista se habría comportado de- una manera aparentemente irracional. El ex rector de la UIMP era un hon bre que propugnaba tesis muy cercanas a las del PNV y, en todo caso, era manifiesta su oposición a los discursos más contundentes contra el nacionalismo vasco. Sin embargo, el asesinato de Lluch tiene la misma lógica que el de Juan María Jáuregui o que el frustrado contra José Ramón Recalde y, en último término, idéntico aliento del atentado que segó la vida al empresario nacionalista José María Korta. Es decir, ETA emite señales a través de sus atentados de una extrema radicalidad hacia el nacionalismo vasco y le indica que su función y su papel están escritos y sentenciados en el pacto de Estella, que no admitirá nuevos ciclos autonómicos y que no considerará vías intermedias dirigidas por personas representativas de los sectores más permeables a las tesis nacionalistas. Y para demostrarlo, pasa de las palabras a los hechos y mata a Lluch, habitual colaborador también en medios periodísticos nacionalistas y, con frecuencia, autor de tesis sobre el problema del País Vasco que ni su propio partido- -el PSOE- -ha compartido. Cuando los dirigentes del PNV se indignan porque, tras una atentado etarra, los medios de comunicación y la sociedad española vuelven sus ojos hacia ellos, pretenden desconocer que su actitud y sus decisiones resultan de vital importancia para la banda terrorista ETA. Arzalluz e Ibarretxe temen a ETA, están secuestrados por ETA, porque la banda sabe que sí toda la energía del nacionalismo se volcase, social, institucional y policialmente contra ella, sus posibilidades de pervivencia criminal resultarían precarias y, a la postre, le desarbolaría. De ahí que los etarras intenten por todos los medios que no se produzca ninguna aproximación nacionalista a otros partidos, ni de estos al nacionalismo. Con el asesinato- -ayer, de Lluch, un amigo del PNV; antes de Korta, uno de los nuestros en palabras del diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe- -ETA advierte de que su voluntad criminal no tiene límites. Y no los tendría tampoco si un movimiento, ahora impensable, del PNV hacia las posiciones anteriores a 1998 hiciese de sus líderes objetivos de sus pistoleros. La clave del futuro inmediato, tanto en términos políticos como policiales, está en las decisiones de Ibarretxe. Si el lendakari no desafía a ETA, si su partido no recupera la sensatez y deja de alimentar el discurso etarra- -como hace Xabier Arzalluz cada vez que abre la boca ante un micrófono- si no restaura la lógica democrática que exige elecciones autonómicas, ETA le habrá ganado definitivamente la batalla ideológica y social que el nacionalismo intentó representar antes de la firma del pacto de Estella. Esa es la cruda realidad que, junto a la del crimen, componen los elementos de una tragedia en la que algunos de sus protagonistas siguen sin leer correctamente su papel. Toca imidad entre los partidos, apoyo a la política del Gobierno, regeneración de la vida política vasca, actuación coherente y firme de los Tribunales de Justicia, y toca- -tantas cuantas veces sea necesaria- -la movilización social. A la espera de que el PNV evite su suicidio. La pildora de la polémica L Ministerio de Sanidad ha comenzado los tráñiites para autorizar la venta en farmacias, mediante receta médica, de la conocida popularmente como pildora del día después Se trata de un fármaco que, si se ingiere dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecundación, impide la implantación del óvulo fecundado en la pared del útero, frustrando el embarazo. Su comercialización ha suscitado fuertes polémicas en algunos países, por ejemplo, en Italia. Mientras que para unos se trata de un anticonceptivo más, que no plantea especiales problemas morales y jurídicos, para otros, no es sino una forma de aborto encubierto y merece el mismo tratamiento legal que el que recibe el aborto voluntario. Por eso hablan de pildora abortiva Mientras los primeros se acogen al eufemismo deformante, los segundos recurren al adjetivo descalificativo. Pero la realidad se compadece mejor con este último diagnóstico. Mientras que cabe considerar como anticonceptivas las sustancias que impiden la fecundación del óvulo, un producto que, como la polémica pildora, impide la implan- tación del óvulo ya fecundado en la pared uterina exhibe más bien cualidades abortivas, ya que impide el normal desarrollo del óvulo ya fecundado, es decir, de un embrión humano, por muy temprano que sea el momento de su destrucción. Tan cierto como que cuando actúa la sustancia no existe aún un embrión viable, porque aún no está implantado, también lo es que ya existe mucho más que im mero proyecto de posible vida humana. No hay que acogerse a ninguna forma de nominalismo ni de fundamentalismo, para que resulte dificil sustraerse a la evidencia de que lo que la pildora del día después provoca es la destrucción de un embrión, cuyo valor no puede depender del grado mayor o menor de desarrollo en el que se encuentre. Por lo tanto, parece claro que la comercialización de la püdora puede plantear algún tipo de conflicto jurídico con la protección del derecho a la vida establecida por la Constitución. Por todas estas razones, sería razonable que antes de la comercialización anunciada por el Ministerio de Sanidad se abriera un proceso de serena reflexión y de profundo debate en el seno de la sociedad, en el que se atendiera a las razones médicas, éticas y jurídicas que confluyen en el problema. Es cierto que el repudio moral de una conducta no entraña la necesidad de su tipificación como delito ni su prohibición legal o administrativa. Derecho y Moral no se oponen pero tampoco coinciden en su ámbito material. Pero también lo es que la protección de la vida humana- -y todo embrión, sin duda, lo es- -constituye una exigencia fundamental de nuestro ordenamiento constitucional. PRESIDENTE DE HONOR GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTE NEMESIO FERNÁNDEZ- CUESTA EDITORA CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS DIRECTOR ADJUNTO: José Luis González- Besada SUBDIRECTORES: S a n t i a g o G á s t e l o Rodrigo Gutiérrez, Carlos M a r i b o n a José A n t o n i o Álvarez- Gundín, José Alejandro Vara JEFES DE R E D A C C I Ó N V. A. Pérez, A. Puerta (C o n t i n u i d a d) J. G o n z á l e z (O p i n i ó n) S. G u i j a r r o (N a c i o n a l) M S a l v a t i e r r a (I n t e r n a c i o n a l) J, Fernández- Cuesta (Sociedad) J. G. Calero (Cult u r a) A. Laso (Economía) E. 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