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SÁBADO 8- 7- 95 REGIONES Baleares ABC I 57 El juez podría archivar el sumario de la adjudicación de las obras del túnel de Sóller Cañellas reitera que la concesión se ajustó a la más estricta legalidad Palma de Mallorca. Emilio Morancho El presidente balear, Gabriel Cañellas, ha reiterado que la concesión de las obras del túnel de Sóller fue una decisión política que, en todo momento, se ajustó a la legalidad. Tras las valoraciones técnicas, de solvencia y consentimiento de los Ayuntamientos afectados, el Consejo de Gobierno aprobó su adjudicación. En este sentido, el juez Juan López Gaya, puede archivar el sumario una vez que declare el empresario Antonio Cuart. La adjudicación de las obras del túnel data del día 18 de noviembre de 1988, fecha en que el Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma aprueba la concesión al empresario Antonio Cuart. El objetivo era perforar la Sierra de Tramontana para acercar la ciudad de Palma a las localida- ¡des de Sóller y Forna- f lutx, separadas por un puerto de montaña, el Coll de Sóller, cuya distancia puede quedar reducida a 10 minutos. Durante la legisla- tura pasada, los grupos parlamentarios de Gabriel Cañellas oposición al Partido Popular censuraron la actuación del Gobierno regional que preside Gabriel Cañellas, en el sentido de haber concedido las obras del túnel a un empresario amigo del presidente regional. Poco antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales la coalición de Izquierda Unida presentó una denuncia ante el Juzgado, acusando a Gabriel Cañellas y todo su equipo de gobierno, en esa fecha, de prevaricación continuada La causa la instruye el magistrado Juan López Gaya, quien ha tomado declaración a miembros de la Consejería de Obras Públicas, incluido el anterior consejero, Jerónimo Saiz. Gabriel Cañellas siempre ha negado que existiesen arbitrariedades en la adjudicación, por cuanto se eligió a la empresa cuyo proyecto ofrecía más beneficios a los habitantes del valle de Sóller. Cañellas, lo mismo que su equipo de gobierno, acreditaron en las comisiones y en la Cámara autonómica que los trámites de selección de la empresa constructora, Sociedad Túnel de Sóller, S. A. propiedad de Antonio Cuart, se ajustaron a la más estricta legalidad y siempre ha expresado su voluntad de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos. En un principio, el letrado que defiende los intereses del PP, Rafael Perera, solicitó archivar las diligencias, ya que se trataba de un asunto político, aprobado en Consejo y debatido en el Parlamento balear. Por el contrario, el TSJB admitió a trámite la denuncia e instruyó un sumario, citando a declarar en calidad de denunciado al consejero de Obras Públicas en 1988, Jerónimo Saiz. El ex consejero precisó que la adjudicación de las obras del túnel a la empresa de Antonio Cuart se adoptó en Consejo de Gobierno y, aunque admitió que se trataba de una decisión política, añadió que fue partidista. Hemos podido demostrar- dijo Saiz- que la decisión fue la más adecuada y ajustada a derecho indicó que se valoraron las cuatro ofertas presentadas y se determinó que la de Antonio Cuart era la más beneficiosa para los habitantes del valle. Por su parte, el actual consejero de Obras Públicas, Bartolomé Reus, compareció ante el juez Juan López Gaya, también en calidad de denunciado, y afirmó que la Consejería no había incurrido en delito al ampliar los planes de la ejecución de las obras del túnel. Asimismo, indicó que no había pretendido favorecer a la empresa constructora y afirmó que mientras las prórrogas estaban vigentes no había defecto imputable a la adjudicación Reus afirmó que existe una fianza de 180 millones de pesetas, depositadas por la Sociedad Túnel de Sóller, S. A. que, en caso de aplicarse la sanción máxima, es decir, 350.000 pesetas diarias, sería suficiente para sancionar hasta enero de 1996 En este sentido, el consejero dijo que la Administración autonómica garantiza que se acabará el proyecto. En cuanto a las declaraciones del director general de Obras Públicas, Gabriel Le Senne, citado como testigo, aseguró que las actuaciones del Gobierno balear nunca fueron en favor del concesionario, sino de la Administración e interés del público e insistió en señalar que cualquiera de los lidiadores hubiesen recibido el mismo trato. Ahora queda por declarar el propio Antonio Cuart, cita prevista para el mes de agosto, cuyas manifestaciones marcarán el rumbo del sumario. No obstante, fuentes judiciales relacionadas con el túnel, han indicado que el juez López Gaya podría archivar el sumario por prevaricación continuada al tener acreditado el Gobierno balear que la forma de ajudicación y posterior explotación del túnel fue legal. María Antonia Mimar, de UM, presidirá el Consell de Mallorca Palma de Mallorca. E. M. Ha quedado constituido el nuevo Consell Insular de Mallorca, cuya presidencia ostentará la nacionalista de centro María Antonia Munar, líder de Unión Mallorquína. Munar ha llegado a un pacto con los partidos de izquierdas, PSM, PSIB e IU, con la intención de deshancar al Partido Popular. Juan Verger, tras gobernar ocho años la institución insular, afirmó que su partido ejercería una oposición constructiva y que apoyará todo lo que fuera bueno para Ma- Horca. Después de las elecciones del 28- M, el Partido Popular perdió el gobierno del CIM, pese a ser la fuerza más votada y, hasta ayer, se cruzaron conversaciones y propuestas para llegar a un acuerdo para dirigir la institución insular. Los grupos de izquierdas vieron la oportunidad de hacerse con el Consell Insular y el Partido Popular también, siempre que Unión Mallorquína se decantase hacia un color u otro. Mientras, María Antonia Munar anunció que no pactaría con un solo partido, para no caer en el error que vivió con el PP sino que podía llegar a acuerdos con una coalición pactada. De un lado, los grupos de izquierda estable- cieron un programa común, que presentaron a Munar, acompañado de un ofrecimiento de la presidencia de la institución si se unía al proyecto progresista Únicamente quedaba por resolver un asunto polémico, la incineradora de Son Reus, de la que eran partidarios el PSIBPSOE y UM, pero discrepaban el PSM e IU. Munar dijo sí al programa de izquierdas, pero con incineradora. Por otra parte, el PP no se vio con fuerzas para negociar con UM y delegó en Juan Verger como interlocutor válido para llegar a acuerdos de gobierno en el CIM. Verger ofreció a Munar la vicepresidencia del CIM y otros dos cargos más en la misma institución, si daba su apoyo al Partido Popular para llegar a una mayoría absoluta en el Consell Insular. Munar calificó la oferta del PP de lógica y correcta aunque manifestó que existían dificultades generales para alcanzar un acuerdo, creadas, según la líder nacionalista, a raíz del Gobierno en coalición con los populares que creó desconfianza en el seno de Unión Mallorquína. Así, optó por aliarse con las formaciones de izquierdas y ha sido elegida presidenta del Consell, por una mayoría de 17 votos frente a 16 del Partido Popular. Munar ha manifestado estar convencida de que en los próximos años haremos progresar a Mallorca con más bienestar y equilibrio Indicó que existen asuntos pendientes muy importantes, como el traspaso de competencias al CIM, la ordenación del territorio, el equilibrio de los recursos y la preservación del patrimonio natural o la descomposición social. Y todo esto lo haremos, afirmó, con solidez y seguridad Por su parte, el PSM expresó su satisfacción por haber conseguido una mayoría progresista y nacionalista sin ambición de poder Asimismo, indicó que, en el gobierno del CIM, se aplicarían criterios de igualdad para todos los ciudadanos, en áreas como el medio ambiente, normalización lingüística y cultural, al tiempo que indicaba que en 1996 volverían a solicitar la aportación del 0 7 por ciento para países del Tercer Mundo. El PSOE dijo que apoya a Munar porque la- ve como una persona muy capaz, además de creer que se trata de un proyecto político ambicioso. 1 PP estudia acciones judiciales contra la Policía por filtrar sus sospechas Palma de Mallorca. E. M. El PP está estudiando la posible interposición de acciones judiciales contra la Policía, a la que acusa de estar filtrando sus sospechas sobre el caso del túnel de Sóller, a la vez que se muestra esperanzado de que el. juez archive la denuncia por prevaricación continuada. Para el PP es muy grave que se filtren a los medios de comunicación sospechas, sin existir una demostración ni conclusión firme. Para el partido conservador la actuación policial y no la del comisario encargado está produciendo que se den como hecho ciertas cuestiones que son meras sospechas. En este mismo sentido se expresó el Banco San Paolo, que afirmó que los informes de la Policía no eran fiables y estaban efectuados con mala intención. El PP ya anunció que interpondría querellas contra el diario palmesano que publicó que el PP cobró 50 millones en comisiones procedentes de la concesión del túnel.