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MARTES 7- 6- 94 NACIONAL A B C 37 Condenado por amenazas el capitán que colaboró con Garzón enel caso Ucifa El oficial de la Benemérita advirtió a una abogada que podía secuestrarla Madrid. J M. Z. N. C. El capitán de la Guardia Civil Julián Hernández del Barco, que actuó como policía judicial del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la instrucción del caso Ucifa ha sido condenado por amenazar a una abogada que defendía a uno de los agentes procesados en ese sumario. La sentencia afirma que el comportamiento del oficial de la Benemérita fue el adecuado para infundir miedo y desasosiego en la denunciante. Como hechos probados, la sentencia, dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, Purificación Elisa Romero Paredes, relata que, cerca de las once de la noche del día 5 de mayo de 1993, la letrada María Esther Castellanos recibió una llamada telefónica en su domicilio. El capitán Julián Hernández del Barco, entonces en el servicio de información de la Guardia Civil, le pidió que saliese a tomar una copa con él porque quería pedirle un favor. La letrada se negó, aunque estableció una cita con él para el día siguiente (6 de mayo) en el despacho de abogados del edificio de Juzgados de Primera Instancia de Madrid. El capitán de la Guardia Civil y la abogada se conocían porque ésta defendía a uno de los agentes procesados en el sumario del caso Ucifa y porque el oficial actuaba como policía judicial en este asunto. El 6 de mayo Esther Castellanos no acudió a la cita porque esa mañana tuvo que asistir a varios juicios. Esa misma tarde recibió una nueva llamada telefónica en su domicilio en la que el capitán, tras reprocharle su inasistencia, le insistió en que le recibiese para pedirle un favor. Ante la negativa de la letrada, el capitán Hernández del Barco manifestó que podía llegar a secuestrarla. La jueza considera en su sentencia que los hechos son constitutivos de una falta prevista en el artículo 585.2 del Código Penal, ya que el capitán Hernández del Barco tuvo un comportamiento adecuado para infundir miedo y desasosiego en la denunciante. Como prueba de ello, la sentencia relata que, poco después de la llamada realizada por el capitán el 6 de mayo de 1993, la letrada Castellanos compareció en el Juzgado de Guardia a formular denuncia contra Julián Hernández del Barco por amenazas de secuestro y solicitó protección policial ante el temor de que éste pudiera llegar a secuestrarla. El Juzgado accedió a la petición. También se pone de relieve en la sentencia que el coronel Ángel López González, superior jerárquico del capitán Hernández del Barco, llegó a pedir disculpas a la abogada por la actuación de dicho oficial. MECAUIX TABIQUES DESMONTABLES PARA LA DIVISIÓN DE OFICINAS Y LOCALES Racionalización de e s p a c i o s para o f i c i n a s En el calor de la ira La jueza entiende que en la conducta de Hernández del Barco concurren los elementos que caracterizan el tipo antes descrito; a saber, amenazar a otro de palabra y en el calor de la ira con causarle un mal que constituya delito, si bien con sus actos posteriores demostró que no persistió en la idea que significaba con su amenaza; es decir, aparece la inexistencia del propósito lesivo ulterior y por ello que se haga merecedor del reproche penal Por ello, se condena a Hernández del Barco como autor responsable de una falta de amenazas a una multa de quince mil pesetas con arresto sustitutorio de tres días en caso de impago. Pero, según han informado a ABC fuentes j u r í d i c a s esta sentencia puede tener unas consecuencias más graves para el oficial dentro del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que contempla una serie de medidas para aquellos agentes que sean condenados por delitos de faltas. Las mismas fuentes, relacionadas con algunos de los letrados de agentes implicados en el caso Ucifa han subrayado negativamente la actuación de este capitán, a las órdenes directas de Baltasar Garzón, durante la investigación y durante los interrogatorios llevados a cabo por el juez instructor. Abierto en Rabat el juicio contra la red española de tráfico de armas con Argelia Rabat. Sebastián Basco Ayer quedó abierto ante el Tribunal Militar de Rabat el juicio contra ocho supuestos islamistas, seis de ellos marroquíes y dos argelinos, acusados de pasar a Argelia armas destinadas al Frente Islámico de Salvación (FIS) Esta red de presuntos traficantes contaría con conexiones en Bélgica y Alemania, y con toda una infraestructura de apoyo en España y Marruecos, según han manifestado a ABC fuentes conocedoras del sumario. El principal encausado, Hassan Aghiri, marroquí domiciliado en Madrid desde 1985, disfruta de permisos de residencia y trabajo en España. Detenido en Rabat el pasado 24 de abril, Aghiri declaró que entró en Marruecos el 8 del mismo mes procedente de Fuengirola, a través del puesto fronterizo de Ceuta, con un vehículo Mercedes cargado de armas que depositó en Mequínez. El alijo, destinado a Argelia, constaba de trece metralletas, dieciséis cureñas de ametralladora pesada, nueve miras infrarrojas, 350 cartuchos, dos machetes de comando, dos prismáticos y un bolígrafo pistola. De acuerdo con las declaraciones del detenido, el responsable de la red es un tal Yusef, marroquí residente en Bélgica, y las armas le fueron entregadas por otro marroquí, Mohamed, dueño de una tintorería en Fuengirola. La red española estaría integrada por células prochiíes financiadas por Irán. Hassan Aghiri es miembro del comité central del Movimiento de Demócratas Opositores Marroquíes (MDOM) creado en Fuengirola en abril del pasado año, y pertenece también al comité estatal de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) de carácter opositor. A la vista pública del juicio, que debe reanudarse hoy, asiste como observador el abogado español Antonio Hernando, en representación de UGT, CCOO y la Asociación Pro Derechos Humanos. 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