ABC MADRID 01-12-1991 página 29

DOMINGO 1- 12- 91 NACIONAL A B C 29 Gran Bretaña podría hacer más para convencer a los gibraltareños de que su futuro está ligado a España -Volviendo a Iberoamérica, todas las miradas se centran en Cub. a. ¿Cómo están nuestras relaciones? No parece que Castro hay hecho mucho caso hasta el momento a las insinuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González, para que emprenda reformas democratizadoras en su régimen... -La política española sobre Cuba es bien conocida por los cubanos: estamos a favor de la plena incorporación de Cuba a la corriente democratizadora que hay en Iberoamérica. Además, pensamos que la forma de hacerlo debe ser a través de un proceso de transición pacífico y a través del diálogo entre el actual régimen cubano y la oposición interna y externa. Los resultados del último Congreso del Partido Comunista Cubano no parecen indicar una clara evolución, pero sería prematuro hacer un juicio. El Gobierno limitará el acceso de los ciudadanos de la CE a la Administración Sólo podrán ingresar como investigadores, docentes, sanitarios y de correos Madrid. José Luis Lorente El Ejecutivo sólo permitirá, a partir del 1 de enero de 1992, el acceso de los nacionales de Estados de la CE en idénticas condiciones que los españoles a la función pública investigadora, docente, de correos y sanitaria de carácter asistencial, según ha sabido ABC de fuentes gubernamentales. El gabinete prepara un anteproyecto de ley en el que se adoptan medidas para el ingreso en la Administración española de ciudadanos comunitarios. La obligatoriedad de la apertura de la Fun- ción Pública a los nacionales de otros Estados de la Comunidad Europea se refiere exclusivamente a aquellos empleos que no suponen participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tiene por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado, como son las Fuerzas Armadas, la Policía, las Fuerzas de Orden Público, la magistratura, la administración fiscal y la diplomacia, además de las plazas en Ministerios del Estado y Gobiernos reginales. El pasado mes de mayo la Comisión Europea remitió seis cartas de emplazamiento, en las que exige al Gobierno español la adopción de medidas para la plena aplicación en nuestro país de la libertad de circulación de trabajadores el 1 de enero de 1992. La Comisión puso de manifiesto que la exigencia de la nacionalidad española para el acceso a diversos empleos en los sectores del transporte público urbano e interurbano, marítimo, navegación aérea, servicios de la sanidad pública, profesorado de la enseñanza pública y servicios de correos y telecomunicaciones es contraria al Derecho comunitaria. supuestos en que debe exonerarse del requisito de nacionalidad. Identificar los sectores concretos de la Función Pública a los que podrían acceder los ciudados de los demás Estados miembros, de tal forma que el Gobierno o las Comunidades Autónomas, dentro de su respectivo ámbito, determinen los Cuerpos o empleos en que debe hacerse realidad. Fórmula viable Según la fuentes consultadas por ABC la fórmula más viable del Ejecutivo para corregir la actual situación es esta última, ya que permitiría cumplir con los mínimos exigidos por la Comisión, mantendría el requisito de la nacionalidad con carácter genera para el acceso a la Función Pública y permitiría actuar de una forma más coordinada entre las diferentes Administraciones. Además, las Relaciones de Puestos de Trabajo fijarán las plazas que no podrán ser ocupadas por funcionarios de otros Estados miembros, por suponer ejercicio de potestades públicas. El anteproyecto, según las citadas fuentes, establecerá que para ser admitidos a tomar parte en los procedimientos de selección, además de los requisitos exigibles a todos los participantes, los ciudadanos de los restantes Estados miembros deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que les impida accederá a la función pública de su respectivo estado. Estados Unidos -Las relaciones con Estados Unidos son mejores que nunca... -Sin duda. Son unas relaciones excelentes, y hay un diálogo muy franco y fluido sobre todos los temas. Posiblemente, en ningún periodo histórico hemos tenido unas relaciones como ahora. Un elemento muy importante ha sido la naturaleza del nuevo Convenio defensivo, que era absolutamente necesario para asentar la relación sobre unas bases equilibradas y sanas, alejadas de todos los vestigios del pasado. Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que en este punto teníamos razón. -Pero parece que hay un punto de inflexión en la posición española durante la guerra del Golfo. A partir de ahí, los elogios del presidente Bush han sido continuos. -Que duda cabe que ha influido nuestra posición en la guerra del Golfo, porque Estados Unidos pudo darse cuenta de que somos un aliado serio, pero las relaciones eran ya excelentes. El nuevo Convenio ha hecho que la relación no estuviera condicionada por la cuestión militar exclusivamente, y sea ya una relación mucho más amplia. Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que España se ha convertido en una potencia regional en Iberoamérica y en otros ámbitos como en Oriente Medio y en Europa. ¿Tenemos entonces más prestigio internacional que hace años? -Desde luego, y no es una opinión gratuita. Responde a las percepciones de los principales países de la comunidad internacional que lo expresan de forma reiterada. -Cuando vino a España Margaret Thattcher habló de que intentaría persuadir al ministro principal de Gibraltar para resolver el contencioso. Pero no parece que se haya hecho mucho en esta línea... -Efectivamente, en este terreno es donde nosotros estamos más insatisfechos. Pensamos que podrían hacer más para tratar de persuadir a la población de que, por múltiples razones, su futuro está ligado a España. Hasta ahora no hemos conseguido que entren a negociar cuestiones de soberanía, ni han contestado a las propuestas españolas Plazos El pasado viernes venció el plazo dado por la Comisión para contestar a los distintos emplazamientos y para que el Ejecutivo de Felipe González se pronuncie sobre su postura. El requisito de la nacionalidad para el acceso a la Función Pública del Estado español viene exigido por el artículo 30 de la ley de Funcionarios Civiles del Estado. Por lo tanto, el Gobierno se ve en la necesidad de dictar una norma con rango de ley para cualquier modificación. De esta forma, el Gobierno se ha visto en la obligación de elaborar un anteproyecto de ley sobre el acceso a la función pública de los ciudadanos de Estados mienbros de la CE. Obligará a las Administraciones La futura ley tendrá la consideración de base del régimen estatutario de los funcionarios públicos en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución, es decir, será obligatoria para Comunidades Autónomas y Entes Locales. El Gobierno considera que no es conveniente exigir expresamente por norma con rango de ley el conocimiento del castellano como requisito de acceso a la Función Pública española, ya que se puede llevar a cabo a través del propio contenido de las pruebas de acceso. Por otra parte, el Ejecutivo es partidario de reservar los puestos trabajo en los que se ejerzan potestades públicas a ciudadanos españoles a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo y no regularlo en una norma con rango de ley. Además, existen otros sectores que la Comisión señala en las cartas de emplazamiento como de necesaria apertura a ciudadanos del resto de Estados miembros de la Comunidad Europea: el personal de puertos y el de tierra de Aviación Civil y Aeropuertos Nacionales, así como los controladores de la circulación aérea, en cuanto pertenecientes a organismos de navegación aérea. Posibilidades El Ejecutivo socialista cuenta con las siguientes posibilidades de actuación en esta materia: Apertura genérica de la Función Pública a los ciudadanos de la CE permitiendo al Gobierno reservar a los españoles el acceso a Cuerpos y empleos en los que se ejerzan potestades públicas o funciones de salvaguardia de los intereses del Estado. Cláusula genérica de apertura y reserva por la propia ley de determinados sectores de la Función Pública a los ciudadanos españoles. Cláusula genérica de reserva del acceso a la Función Pública a los ciudadanos españoles y apertura a los nacionales de los demás Estados miembros de los empleos que no tengan relación con el ejercicio de potestades públicas de salvaguardia de los intereses del Estado, dejando al Gobierno y a las Comunidades Autónomas la facultad de concretar los