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24 A B C NACIONAL VIERNES 12- 4- 91 El fiscal de Andalucía critica el acuerdo sobre la denuncia a Sala Granada. I. Vilardebó Luis Portero, fiscal- jefe del Tribunal Superior de Andalucía, calificó de duras y evitables los términos en ios que el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la denuncia de intromisión a la independencia judicial formulada por el juez granadino Miguel Ángel del Arco, instructor de las diligencias sobre el presunto fraude del PER, contra el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Pascualsala. Portero afirmó que las expresiones del acuerdo son duras y que quizá pudieran haberse evitado, porque pueden encubrir algún tipo de recriminación o de advertencia a la conducta del juez que, a mi modo de ver, fue en todo momento legal, ya que quien se tiene que sentir inquietado o perturbado es el juez y si el Consejo estima que no hay tal perturbación, así lo debe manifestar Pero al decir que está desprovisto de todo fundamento razonable el sentimiento de inquietud y perturbación -añadió el fiscaljefe del Tribunal Superior andaluz- -se está, en alguna medida, entrando en terreno subjetivo como es el de los sentimientos y, a mi modo de ver, el Consejo General del Poder Judicial no debe erigirse en monopolizador de los sentimientos de un juez. Debe ser el juez quien en su caso estime si está inquietado o perturbado en el ejercicio de la función jurisdiccional. Luego, el Consejo amparará o no ese sentimiento, pero los sentimientos son siempre subjetivos y no de un órgano colegiado El Poder Judicial insta al Gobierno a rectificar laedad de jubilación de los jueces La propuesta revela el error de la rebaja a 65 años Madrid. M. Peral El pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó en su última reunión instar al Gobierno para que promueva una reforma legal por la que se eleve la edad de jubilación de los jueces y magistrados. La Ley Orgánica del Poder Judicial rebajó de setenta a sesenta y cinco años la edad de jubilación de ios miembros de la carrera judicial, limitación que recibió fuertes críticas y cuya revisión se plantea ahora ante la falta de magistrados. El Consejo General del Poder Judicial acordó en el pleno celebrado el pasado miércoles instar al Gobierno a la elaboración de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial respectó a la edad de jubilación de los miembros de la carrera. La apremiante necesidad de jueces y magistrados derivada del desar r o l l o de la Ley de Planta y Demarcación Judicial ha forzado el criterio de revisar la rebaja de la edad de jubilación de setenta a sesenta y cinco años introducida por la LOPJ y que fue criticada por Pascual Sala amplios sectores de la carrera. El debate en el pleno del Consejo sobre la edad de jubilación dé los jueces se planteó a raíz de una iniciativa de los vocales Andrés de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante, Julio Padilla y Antonio Marín, en la que planteaban la necesidad de que sea elevada la edad de jubilación y el establecimiento de ciertos criterios para la designación de magistrados suplentes. Fuentes del CGPJ informaron que los vocales de la mayoría aceptaron la primera parte de la propuesta, pero rechazaron vincularla a la designación de los magistrados suplentes, asunto que quedó postpuesto para su consideración en un próximo pleno. La propuesta subrayaba el hecho de que gran parte de los magistrados que se jubilan siguen ejerciendo funciones jurisdiccionales a través de la figura de los magistrados suplentes y afirmaba que ese fenómeno resulta particularmente llamativo en lo que se refiere al Tribunal Supremo, cúpula del Poder Judicial. La propuesta estimaba que ese proceso no es razonable, ya que si se considera que los magistrados jubilados reúnen los requisitos de idoneidad para seguir ejerciendo funciones jurisdiccionales al ser nombrados suplentes tarhbién los tienen para continuar en activo y advertía sobre la necesidad de salvaguardar la independencia judicial, ya que el hecho de que se trate de nombramientos discrecionales y renovables cada año podría afectar a los miembros de la carrera próximos a la jubilación y con expectativas de ser nombrados suplentes. En este sentido, se planteaba la adopción de unos criterios fijos para la designación de magistrados suplentes en el Tribunal Supremo, consistentes en decidir los nombramientos en favor de los que lo soliciten y, en caso de existir varios candidatos para una misma plaza, en favor del más antiguo. Para el próximo año judicial, el CGPJ ha previsto la convocatoria de 303 plazas de magistrados suplentes, 24 de ellas en el Tribunal Supremo, Desde el curso judicial 198889, cuando se nombraron 214 magistrados suplentes, el número de plazas ha ido en aumento y ha pasado a ser de 249 en el período 1989- 90 y 283 en el actual, 23 de ellas en el Tribunal Supremo. También quedó sobre la mesa, para ser debatida en un próximo pleno, una propuesta planteada por el vocal Juan Alberto Belloch para rebajar a quince años la antigüedad requerida en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la provisión de las plazas del Alto Tribunal entre miembros de la carrera con diez años, al menos, de servicios en la categoría de magistrado y no menos de veinte en la carrera. El Gobierno pone en duda la falta de medios del Tribunal andaluz Madrid El Gobierno ha puesto en duda, en dos respuestas parlamentarias dirigidas a los diputados Alejandro Rojas Marcos y Antonio Romero, la falta de medios del Tribunal Superior de Andalucía que llevaron a su presidente, Andrés Márquez Aranda, a presentar la dimisión El Gobierno afirma ha atendido- y continuará atendiendo- cuantas solicitudes de medios han venido remitidas y sostiene que lo único concreto que el señor Márquez Aranda solicitó en el ejercicio de la Presidencia fue que, dada la envergadura de la Sala de Gobierno, fuese añadida a la Secretaría existente una Secretaría de Apoyo petición que fue atendida. Sin embargo, la memoria que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Andalucía acaba de elaborar sobre el último año judicial respalda la denuncia sobre la carencia de medios, informa Inmaculada Vilardebó. La memoria afirma que la constatación de que en la Secretaría de Gobierno se han registrado durante 1990 un total de 41.483 asuntos de entrada y que se han conocido 1.374 expedientes hace innecesaria- toda otra consideración acerca de las necesidades humanas y materiales que son imprescindibles para el adecuado funcionamiento del Tribunal La memoria añade que es evidente que, con su situación actual, ni el presidente del Tribunal ni los miembros de la Sala de Gobierno pueden atender con la debida eficacia la labor gubernativa que se les encomienda, si no es aportando un esfuerzo personal y una dedicación que va mucho más allá de lo racionamente exigible El CGPJ eludió enfrentarse a las Cortes sobre los privilegios procesales de los políticos Madrid. NI. P. El pleno del Consejo General del Poder Judicial no dio luz verde, por obstáculos procedimentales a una propuesta consistente en solicitar a los presidentes del Congreso y del Senado que el órgano de gobierno del Poder Judicial sea consultado sobre toda iniciativa legislativa que afecte a las materias de su competencia. La propuesta se elevó al pleno tras conocer que el Congreso de los Diputados tramita una proposición de ley por la que se pretende ampliar la relación de altos cargos que podrán gozar del privilegio de declarar por escrito, y no personalmente, ante los jueces y Tribunales que reclamen su testimonio. La proposición de ley no fue sometida a la consideración del Consejo General el Poder Judicial a pesar de regular una de las materias- -las normas procesales- -que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, requieren el informe previo del Consejo. Sin embargo, la ley establece el requisito del dictamen del CGPJ sobre anteproyectos y disposiciones peñérales sin aludir explícitamente a las iniciativas legislativas que se tramitan por otras vías. La propuesta fue retirada después de un largo debate en el que el vocal Juan Antonio Xiol expuso los problemas técnicos que se planteaban, al afectar a la regulación que los Reglamentos del Congreso y del Senado establecen en cuanto a la tramitación de las iniciativas legislativas. Por otra parte, el pleno nombró presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al magistrado del Tribunal Supremo Siró García Pérez, que obtuvo 17 votos a favor. Los magistrados de la Audiencia Nacional José Antonio Jiménez- Alfaro y Roberto Hernández, que también optaron a la plaza, recibieron un voto cada uno y otro se emitió en blanco.