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ABC MADRID 18-12-1990 página 50
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ABC MADRID 18-12-1990 página 50

  • EdiciónABC, MADRID
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50 A B C REGIONES Andalucía MARTES 18- 12- 1990 La compra de pensiones es práctica habitualen el campo andaluz El magistrado Vinuesa destapa nuevas estafas al empleo rural Granada. Inmaculada Viladerbó El magistrado Luis Felipe Vinuesa, del Juzgado de lo Social número cuatro de Granada, ha declarado a ABC que en el Plan de Empleo Agrario son frecuentes los fraudes. En el argot de Inspección de Trabajo se habla de compra de pensiones Ésta consiste en afiliarse a la Seguridad Social y pagar las cotizaciones para poder después cobrar la pensión. Es habitual en estos casos fingir unas relaciones laborales inexistentes Por otra parte, Isabel González, una jornalera de la localidad granadina de Fuensanta acusada de haber defraudado al PER, ha dicho a este diario que como veía que la gente arreglaba lo de su paro, yo me dije, ¿por qué yo no? La Inspección Provincial de Trabajo de Granada puso desde 1987 un especial interés en realizar una serie de controles selectivos sobre algunas materias, entre los que destaca los realizados sobre el sector agrícola y el Plan de Empleo Rural, en el. que la propia inspección había detectado la existencia de una situación de incumplimiento muy superior a la que cabría aceptar como normal según recoge la Memoria 1989 de la Dirección Provicial de Trabajo y Seguridad Social de Granada. El magistrado del Juzgado número 4 de Instrucción de Granada, Luis Felipe Vinuesa, ha vuelto a poner de manifiesto con su actuación nuevas estafas al Plan de Empleo Rural meros pasos seguidos en la investigación de los casos que destaparon el escándalo. ¿Qué le llevó a elevar este caso a la Fiscalía del Tribunal Superior? -Como se deduce de la sentencia, queda probada en autos la connivencia de la actora en la Corporación municipal para simular un contrato de trabajo. Como la prestación se deriva de una certificación del alcalde que se presume falsa, pudiera exisir un delito de falsedad en documento público y por tanto sujeto a acción penal. En consecuencia, y en cumplimiento del artículo 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a denunciar toda apariencia de delito, lo remití a la Fiscalía. ¿Cómo valora el revuelo que se ha levantado? -L a valoración de un juez de lo Social no puede ser otra que lo que se dice en la sentencia. Otras valoraciones que no sean jurídicas, no las puedo hacer. ¿Tenían el INEM y la Dirección Provincial de Trabajo obligación de remitir a Fiscalía las supuestas falsedades detectadas en las inspecciones? -Estimo correcta la actuación de la Adminitración dentro de sus atribuciones. Me consta que ha habido inspectores rigurosos que pusieron sus actuaciones en conocimiento del INEM de Granada y de los Juzgados de lo Social. En la sentencia que le he comentado destaco el cuidadoso y completo informe de la Inspección de Trabajo en base al cual resolvió el INEM denegar la reclamación Primeros casos Junto a la labor de la inspección, cabe atribuir también a las actuaciones de dos magistrados de lo Social el comienzo de las investigaciones sobre el fraude del PER Los magistrados Luis Felipe Vinuesa, del número 4, e Isidoro Segura Torres, del número 5 de Granada capital, trasladaron a la Fiscalía los expedientes seguidos en relación con las demandas contra el INEM planteadas por Evelina B. F. y Josefa A. L. y veintitrés personas más, en el caso de Padul, e Isabel González R. y Francisco José García D. vecinos de Fuensanta y Casanueva, anejos de Pinos Puente, respectivamente. En ambos expedientes figuraban exhaustivos informes de la Inspección de Trabajo en los que se señala la existencia de una presunta falsedad documental y, en el caso de Pinos Puente, presunta estafa al Estado. Una finca rústica de 103 hectáreas sin cultivar posibilitó al Ayuntamiento de Padul firmar 35.777 jornadas de trabajo en 1988. Según una sentencia del magistrado juez del Juzgado de lo Social número 4 de Granada, del pasado 24 de abril de 1990, la demandante, E. B. F. no sólo nunca trabajó para el Ayuntamiento sino que además en connivencia con la Corporación municipal simuló un contrato de trabajo para así acceder de modo torticero al subsidio de desempleo La sentencia declara como hechos probados que la actora solicitó el subsidio que le fue denegado, que el Ayuntamiento de Padul certificó que la demandante había prestado servicios para la Corporación entre el período 1- 9- 88 y 17- 11- 88, un total de sesenta días. Que el referido Ayuntamiento, que- es titular sólo de la finca rústica de 103 hectáreas sin cultivar, cotizó entre el año 1988 35.777 jornadas de trabajo y percibió veinte millones de pesetas para aplicar a jornales del Plan de Empleo Rural, cuyo importe diario es de 2.325 pesetas, y que en ningún momento la trabajadora eventual percibo salario alguno por los trabajos que decía realizados por el Ayuntamiento en 1988. En los fundamentos jurídicos se se- Toilít persona que solicite firmas del Ayuntamiento no deberá acordarse de la persona que aparéi s eii el folleto ya que el AYIMi M T 0 no se hace cargo de lo que pueda ocurrir, Este cartel está colgado desde hace tiempo en Pinos Puente (Granada) ñala que Evangelina B. F. nunca trabajó para el Ayuntamiento y que éste nunca pudo firmar, con los veinte millones del PER, más de 8.077 jornadas al día, restando 27.700 jornadas que el Ayuntamiento debe haber aplicado de una sola finca agrícola que posee de 103 hectáreas incultivadas y posiblemente incultivables, un trabajador por hectárea y día, lo que es totalmente inverosímil A este respecto, el magistrado Luis Felipe Vinuesa, del Juzgado de lo Social número 4 de Granada, ha concedido una entrevista a ABC en la que explica detalladamente los pri- Secreto a voces ¿Por qué cree usted que el escándalo del PER salta ahora a la opinión pública y no antes, si el fraude viene de hace tiempo? -Ésta ha sido la primera vez que ha llegado a un Juzgado de lo Social de Granada una actuación irregular dentro del subsidio del desempleo agrario. ¿Le parece grave el caso enjuiciado? -L o considero gravísimo porque es un fraude al sistema de la Seguridad Social. Figúrese usted la cantidad de millares de trabajadores que podrán fingir jornadas con tal de acceder al subsidio de desempleo. ¿Son frecuentes fraudes similares? -Por desgracia, sí. En el argot de la Inspección se habla de compra de pensiones Consiste en afiliarse a un régimen y pagar las cotizaciones para poder cobrar después la pensión. Es frecuente en subsidios de desempleo fingir relaciones laborales inexistentes. Y para centrarnos en una cuestión de actualidad: en Granada, con motivo de las elecciones sindicales, entran a diario de 10 a 8 demandas por presuntas falsedades en procesos electorales. Si ahora mismo las tuviéramos que resolver todas, colapsaríamos todos los Juzgados. Los alcaldes de la Vega de Granada se niegan a seguir administrando el PER Granada. I. V. Un grupo de alcaldes de la Vega granadina expresó ayer públicamente su decisión de dejar de administrar los fondos del Plan de Empleo Rural ante la situación creada con la firma de peonadas por los municipios y las acciones penales abiertas que nos convierten a nosotros en chivos expiatorios según verificó ABC. Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha solicitado funcionarios de apoyo para llevar a cabo estas investigaciones.

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