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ABC MADRID 02-05-1990 página 22
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ABC MADRID 02-05-1990 página 22

  • EdiciónABC, MADRID
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22 ABC NACIONAL El Waterguerra MIÉRCOLES 2- 5- 90 El escándalo del hermanísimo rodeado por iniciativas políticas y judiciales Las denuncias e investigaciones podrían ampliarse a Antonio Guerra Sevilla. J. A. M. J. P. A cuenta del llamado caso Juan Guerra se han abierto numerosos frentes judiciales y políticos en los últimos cuatro meses. Dos querellas criminales contra el hermano del vicepresidente- una de IU- CA y otra del PA- dos comisiones de investigación sobre supuesto tráfico de influencias- una en Sevilla y otra en Écija- y las actuaciones de los fiscales de Cádiz y Sevilla por diversos delitos son, hasta ahora, las iniciativas en curso. El objetivo que se intenta alcanzar con todas estas iniciativas es el esclarecimieno de la oscura trama de negocios tejida por Juan Guerra desde 1983 hasta 1989, período en el que ocupó un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía. La polémica comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de febrero no sirvió para detener esta avalancha de denuncias e investigaciones sobre su hermano Juan, a las que recientemente se ha unido Antonio Guerra, otro hermano del vicepresidente. La primera iniciativa jurídica en relación con el caso Juan Guerra la protagonizó el Partido Andalucista, que el pasado 15 de enero, y tras las primeras revelaciones de ABC y otros periódicos, solicitaba al ministerio fiscal su intervención en el asunto. El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, se encontró así, a poco de ser elegido por el Gobierno para éste puesto, con la patata caliente de abrir o no diligencias contra el hermano de su político favorito según ha calificado recientemente a Alfonso Guerra. Ante la presión de la opinión pública nacional- ningún periódico se queda descolgado de los negocios del hermanísimo -Torres decide ordenar a los fiscales de Sevilla y Cádiz, Alfredo Flores y Jaime Ollero, la apertura de una investigación. Estas actuaciones, que son veladamente censuradas por el secretario general del PSOE- A, arrojan el pasado 6 de abril un primer veredicto de inocencia. No hemos encontrado hasta ahora- decía Leopoldo Torres- ninguna actividad que tenga relevancia penal juste entre los ingresos declarados y patrimonio que se le atribuye y los movimientos de las cuentas bancarias. No obstante, la actuación de los fiscales toma un giro inesperado cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla admite a trámite la denuncia presentada por IU- CA contra Juan Guerra por presuntas actividades delictivas. La denuncia, basada en noticias aparecidas en la Prensa, hace cesar la investigación del fiscal general del Estado, que remite sus averiguaciones al juez titular que entiende del caso, Ángel Márquez Romero. En la demanda de IU- CA se incluye la adquisición de fincas a empresas públicas por parte de sociedades participadas por Juan Guerra, su presunta participación en un negocio millonario de máquinas tragaperras, su relación con una empresa beneficiada por el Ayuntamiento de Sevilla y un supuesto fraude fiscal. El descuido de un alcalde del PSOE destapó el escándalo Sevilla. J. A. M. J. P. ABC publicaba hace cuatro meses un reportaje en el que el alcalde de Barbate (Cádiz) el socialista Serafín Núñez, desvelaba la participación de Juan Guerra en el desbloqueo de una millonaria operación urbanística de la localidad. Aquella noticia significó el pistoletazo de salida de un ingente número de informaciones en las que distintos medios de comunicación nacionales detallaban las influencias que Juan Guerra realizó en el despacho oficial Un simple repaso a la hemeroteca revela que la declaración de Serafín Núñez, que dañaba fuertemente a su partido, no fue un descuido sin intención, sino una revancha por la operación de varios concejales del PSOE y CDS que tramaron contra él en diciembre de 1989, a fin de forzar su dimisión a cuenta de las numerosas irregularidades administrativas que el Tribunal de Cuentas estaba investiogando en este Ayuntamineto gaditano. Aunque Núñez consiguió desviar la pedrada provisionalmente, ahora parece que sufrirá el efecto boomerang al planear miembros del PSOE de Cádiz su relevo de la Alcaldía. Está claro que el caso Juan Guerra no sólo se ha quedado en ríos de tinta. Registros e interrogatorios Los efectos más inmediatos surtidos por la querella criminal de IU- CA contra Juan Guerra se remiten al registro de dos de sus empresas, así como a la comparecencia de varios de sus socios y personas que le vendieron fincas, pisos y solares. La acción popular ejercida por esta coalición se complementa con la querella que presentará el PA por presuntos delitos de cohecho, defraudación a la Hacienda Pública y malversación de fondos públicos. El PA entiende que hay que considerar a Juan Guerra funcionario público de hecho por su labor desempeñada durante seis años en un despacho oficial. Las denuncias de IUCA podrían ampliarse a las actividades de otro miembro de la familia Guerra: Antonio, al que se le atribuye el cobro de comisiones por su mediación ante las administraciones públicas para la obtención de recalificaciones, contratos, subvenciones y licencias de obras. Según los andalucistas, de las diligencias judiciales en curso podría determinarse que el propio vicepresidente del Gobierno fuera coautor o cómplice de estos presuntos delitos, al- aseguran- haberse utilizado para usos particulares el despacho de Alfonso Guerra que Juan ocupó durante seis años en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Aclaraciones al libro de visitas de Juan Guerra Sevilla En la transcripción del libro que recogía los nombres de las personas que visitaron a Juan Guerra en el despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía hay una serie de datos que no están confirmados y otros que son erróneos. En este sentido, Antonio Manuel Morales Fernández no está relacionado con la empresa Fracosur ni con la finca La Carrascosa Con respecto a Darom, S. A. empresa que no es de origen israelí, aunque su nombre sea la traducción al hebreo de el Sur no está confirmado que realizara trabajos para la sociedad Costa Doñana. Tanto Costa Doñana como Darom lo han desmentido. José Pardo García no fue conserje del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sino que ejercía en el citado organismo el cargo de director adjunto de ambulancias de urgencias. Julio Merchante Cobos no ha mantenido ningún tipo de contactos con el hermano del vicepresidente del Gobierno. Al parecer, el visitante de Juan Guerra es un tal Juan Merchante que no tiene ninguna relación con Julio Merchante. Manuel Alejandro Mora Rodríguez no está confirmado que visitara a Juan Guerra en el despacho de la Delegación del Gobierno. Na pena La investigación, no obstante, prosigue, a pesar de lo afirmado por Juan Guerra en televisión, el 16 y 17 de abril, de que los fiscales habían dicho que no había na pena en su comportamiento empresarial. Tanto Jaime Ollero, fiscal jefe de Cádiz, como Alfredo Flores, fiscal de Sevilla, se vieron obligados a desmentir al hermano del vicepresidente, recordándole que estaban ahora en la fase más laboriosa de la investigación, relativa al desa- Informa y vende: GALAPAGAR de 130 y 140 m 2. Desde 13.500.000 Ptas. +I VA. Hipoteca: 12 años, al 13,75 de interés. Esta puede ser la inversión de su vida. Últimos Chalets... Oficina: 766 74 47- 766 76 47 Urbanización: 858 14 62- 858 12 07

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