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SÁBADO 11- 2- 89 NACIONAL ABC. póg. 19 El Gobierno da un ultimátum a Canarias para que ceda en su desarme arancelario González no quiere querellas políticas y se remitirá al Constitucional El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer un acuerdo por el que se requiere al Ejecutivo autonómico canario para que aplique la reducción arancelaria establecida con la entrada de España en la Comunidad Europea. El Felipe González afirmó tras el Consejo de Ministros que no debe hacerse una querella política del contencioso con el Gobierno autonómico de Canarias por los aranceles comunitarios, pero reconoció que si en el plazo de un mes Olarte sigue haciendo caso omiso al requerimiento, el asunto se trasladará a los tribunales. El Gobierno no tomó, como había insinuado el secretario de Hacienda, José Borrell, medidas para retirar competencias al Ejecutivo regional, pero aprobó un acuerdo para requerirle la aplicación de los derechos reducidos previstos en el artículo 31 del Acta de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, según lo dispuesto en la artículo 25.1 de la mencioanda Acta de Adhsión y en la artículo 6 del protocolo número 2. Lorenzo Olarte, que se desplazó ayer a Madrid, anunció nada más conocer la decisión del Gobierno que no piensa tomar en cuenta el requerimiento del Gobierno e insistió en que no procede a desarrollar la normativa que le pide el Ejecutivo de Felipe Madrid Gobierno llevará el caso al Tribunal Constitucional si en el plazo de un mes el Gabinete regional del suarista Lorenzo Olarte, presidente del Ejecutivo autonómico, mantiene su negativa a eliminar trabas impositivas a productos de la CE. Lorenzo Olarte defendió la tesis de que es el Gobierno el que debe dictar la correspondiente norma para aplicar el desarme arancelario- n o la Comunidad, que no tiene competencias en este caso, según su opinión- y afirmó claramente que, pese al requerimiento acordado por el Consejo de Ministros, no accederemos con lo que, convencido de que el derecho está de nuestro lado se someterá al Tribunal Constitucional. El presidente de la autonomía Canaria, que ofreció abundante documentación escrita sobre el. origen y desarrollo del conflicto- entre ella, la carta que dirigió recientemente a Felipe González y la del ministro de Economía, Carlos Solchaga, a Olarte- reiteró que es obligación del Estado de compensar económicamente la reducción de los aranceles. A su juicio, lo insólito del conflicto es que se quiera hacer aplicar a Canarias un tratado internacional, lo que no es competencia de esta Comunidad autónoma, y debe ser. el Gobierno el que aplique la legalidad vigente. Los empresarios de las Islas piden flexibilidad Las Palmas Los presidentes de la Cámara de Comercio de Las Palmas y de la Confederación de Empresarios Canarios han pedido a altos funcionarios de la Comisión Europea flexibilidad e imaginación para reformar el protocolo que regula la adhesión de Canarias a la CEE. Ángel Ferrera y José Suárez, presidentes de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios, respectivamente, explicaron recientemente sus propuestas. Ambos presidentes hicieron hincapié en la necesidad del diálogo entre Gobierno central y Ejecutivo autónomo canario, con el fin de llegar a un acuerdo No podemos entrar en una dinámica de crispación que pudiera dar argumentos para una radicalización de los nacionalismos de izquierda y de derecha. Queremos consolidar lo que tenemos y mejorar el protocolo canario aseguró Ángel Ferrera en declaraciones recogidas por Efe. El otro elemento clave para Canarias, según Ángel Ferrera, es la r e f o r m a del r é g i m e n económico- fiscal, que debe ser acordado entre el Gobierno central y el Ejecutivo autónomo, con el fin de crear un sistema que. sustituya al actual de captación de recursos de las Haciendas locales. González por considerar que es competencia de la Administración central y no de la autonómica. Por el contrario, el Ejecutivo insiste que corresponde al Gabinete de Olarte tal competencia y alude para respaldar su afirmación al Estatuto de Autonomía de Canarias. Según reza el acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno planteará al Tribunal Constitucional un conflicto de competencias negativo en el caso de que el Gobierno de Canarias desatienda, dentro del plazo de un mes, el presente requerimiento, bien por declararse incompetente o bien por no ejercitar las expresadas competencias Olarte, que viajó a Madrid para inaugurar una muestra artística canaria dentro de ARCO- 89, explicó en conferencia de Prensa el conflicto político, asentado en matices jurídicos que actualmente enfrenta al Gobierno y al Ejecutivo regional por el desarme arancelario previsto por las normas comunitarias y reconoció que era previsible que nos lleven al Tribunal Constitucional La actitud de Canarias daña su imagen en la CE Bruselas. Juan V. Boo La presidencia española de la Comunidad Europea se inició el 1 de enero con un incumplimiento notorio del Tratado de Adhesión. La negativa de Canarias a aplicar la rebaja de aranceles prevista en toda España (15 puntos, según una disminución escalonada por la que desaparecen totalmente el 31 de diciembre de 1992) representa una ilegalidad clara, de la que Bruselas advirtió inmediatamente en Madrid. El gesto de Canarias- supone un descrédito para la región en los ambientes comunitarios, donde ha sorprendido que las escaramuzas entre un Gobierno autónomo y el del Estado se libren a base de incumplir un tratado internacional. En la Comunidad hay un centenar largo de regiones, que no son política y cívicamente menos responsables de la legalidad que los Estados a los que pertenecen. La Comisión Europea no puede permitir la actuación canaria, que supondría políticamente una patente de corso para la irresponsabilidad de cualquier otra región. Por eso, aunque le pese, no tiene otra opción que obligar a Madrid a que haga cumplir la legalidad comunitaria. El director general de Unión Aduanera e Impuestos Indirectos, Emilio Ruiz Vilar, de nacionalidad portuguesa, lo ha advertido verbalmente. Los próximos pasos son la comunicación escrita y la denuncia de España ante el Tribunal Europeo de Justicia, que anulará todas las actuaciones ilegales. Al margen del incidente, las autoridades comunitarias están bien predispuestas hacia el Archipiélago, y la Comisión Europea continúa elaborando un informe amplio para la revisión del régimen de Canarias en la Comunidad. El presidente Jacques Delors tiene interés personal en resolver los problemas que crea la pertenencia imcompleta de las Islas. Bruselas ha tenido siempre una debilidad por las zonas menos desarrolladas y periféricas. El pasado mes de febrero, los jefes de Gobierno aprobaron la duplicación de los fondos sociales y regionales, que elevarán esas ayudas hasta un 25 por 100 del total del presupuesto comunitario. Las autoridades europeas no dudan que Canarias cometió un error al no integrarse plenamente en la Comunidad. A estas alturas, y sin llegar a la velocidad de crucero, las transferencias de fondos hacia las Islas serían ya muy considerables. Por otra par te, las ventajas de ser puerto franco sólo tenían sentido por comparación al antiguo proteccionismo aduanero de la Península. La Comunidad Europea va camino de ser una gigantesca zona de libre cambio frente al exterior, una especie de gran puerto franco. El arancel aduanero común es bajo, y continuará reduciéndose. La magnitud del error canario se hizo evidente en cuanto empezó el flujo de ayudas a Andalucía y a otras regiones de régimen normal. En el intento de evitar complicaciones políticas mayores, el Gobierno pidió para el Archipiélago ventajas no previstas en el Tratado de Adhesión, provocando la primera refriega seria con los otros Estados miembros.