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MARTES 29- 12- 87- ESPECTACULOS -ABC, póg. 81 La aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual indiyo alcierre del vídeo comunitario de Altamira Un millón de hogares disponen en España de este sistema Madrid. Vicente A. Pineda Desde que el pasado día 7 del presente mes entró en vigor la Ley de Propiedad Intelectual, es la primera vez que se clausura un vídeo- comunitario: el de la Comunidad de Vecinos llamada Altamira, en el madrileño barrio del Pilar. Pero no es la primera vez que se intenta impedir por vía legal, gubernamental o municipal. El funcionamiento de esta explotación colectiva del vídeo es considerada por algunos promotores de empresas de vídeocomunitario de televisión privada Dejando aparte la exactitud o no de la denominación, el caso es que a las decisiones del Gobierno Civil de Granada, de fecha 10 de septiembre de 1987, determinando la interrupción de las emisiones de películas por medio de vídeo efectuadas por Televídeo en esa capital andaluza, y del Ayuntamiento de Leganés, ordenando en octubre de 1986 desmontar las instalaciones de vídeo comunitario de esa localidad madrileña, se añade ahora la del cierre del vídeo comunitario Altamira. Tiene una especial significación por producirse a los pocos días de aplicarse la Ley de Propiedad Intelectual, lo que cambia radicalmente la situación de olvido y marginación de que venían siendo víctimas los autores y propietarios del copyright. gestionaba directamente el vídeo comunitario, según se infiere de que los gastos del mismo se incluían en los recibos de la comunidad. José Manuel Tourné pone su énfasis al alabar la actuación de la Policía judicial en aplicación del modificado artículo 534 del Código Penal, que contiene las defraudaciones del derecho de autor con penas que oscilan desde arresto mayor hasta la prisión menor, que puede llegar a seis años, y multas de cincuenta mil a tres millones de pesetas. mismo día 23 de diciembre se dio por la tarde Ben Hur El vídeo comunitario de Altamira programaba seis películas al día y llevaba funcionando desde hacía cinco meses. José Manuel Tourné explica que se siguen denuncias contra seis vídeos comunitarios en Sevilla, cinco en Barcelona, cuatro más en Madrid y uno en Gijón y Elche, respectivamente. Las cintas que la Comunidad Altamira ofrecía eran originales, alquiladas, como si se tratase de un pase privado sin fines crematísticos en el dominio familiar, en un videoclub próximo al lugar de los hechos La defraudación puede llegar a los mil millones de pesetas diarias de pesetas al día sobre la base de admitir que un millón de hogares tienen vídeo comunitario y que se pasan cuatro películas al día con un alquiler medio de doscientas cincuenta pesetas por cinta. En cuanto a Warner, su política es la de negociar siempre y cuando se cumplan todas las normas legales: Ley de Propiedad Intelecutal en espera de la aprobación de la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) y que se acepten las condiciones de los productores. No se discute la existencia legal de los vídeos comunitaros. Se pide que cumplan estrictamente los derechos de autor. Si TVE pagó trescientos millones de pesetas por emitir Lo que el viento se llevó los vídeos comunitarios deberían ir pensando en esa realidad. Warner y los autores José Juan Pérez Solero, director de marketing de Warner Home Vídeo, insiste en la opinión del director general de esa compañía, Alejandro de Muns, en el sentido de que detrás de la supuesta utilidad social del vídeo comunitario se esconden los enormes beneficios que han obtenido y obtienen con la explotación comercial de obras cinematográficas cuyos derechos no poseen ni han contratado nunca Pérez Solero añade que los perjuicios económicos se pueden cuantificar en unos mil millones Otras acciones En el momento en que se realizó el registro en la Comunidad Altamira se emitía la película Karate Kid de la multinacional RCEA- CIC- Columbia, que junto a otras compañías norteamericanas- las conocidas como majors inscritas en ADICAN: MGM, Warner, Paramount, Disney Universal, United Artists, son las más perjudicadas por el uso ilegal de unos videocasetes. El Optimismo y medidas Antonio Recoder, secretario general de FAP y ADICAN, muestra su satisfacción en cuanto a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que estima se sitúa a la altura de las mejores de Europa Y amplía: Hay que felicitarse por la atención de los organismos correspondientes y en primer término del Congreso de los Diputados, que ha sabido recoger el sentir de unos sectores afectados hasta ahora por la falta de una normativa. En tal sentido debemos reconocer la aportación decisiva del grupo mayoritario. Si la discutida sentencia del Supremo sostenía que el vídeo comunitario no era televisión, había que aceptarla aun con las reservas que suscitaba. La sentencia se aprovechó como patente de corso para entrar a saco en los fondos del vídeo. Recoder, profundo conocedor de la problemática del tema, continúa matizando: Los perjuicios inferidos afectan, en primer lugar, a los cines; en segundo, a los editores- distribuidores del vídeo, y, en conclusión, a los productores cinematográficos. El vídeo comunitario ocupa, en una escala de explotación de las películas, la tercera fase la primera es el cine; la segunda, el vídeo home o doméstico, y la tercera, en la que se comprende el vídeo comunitario, los sistemas televisivos. El papel de la FAP En todas las acciones, la Federación Antipiratería (FAP) ha jugado un papel decisivo con su continuada y, a veces, ingrata labor de protección de los derechos de autor dentro del cuadro legal de un Estado de Derecho. El director de la FAP, José Manuel Tourné, puntualiza a ABC: En la noche del miércoles veintitrés del presente mes de diciembre, de acuerdo con el mandamiento de entrada y registro del Juzgado de Guardia a instancias de ADICAN (Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de Ámbito Nacional) se procedió, en una actividad orientada y dirigida por la FAP, a la inspección del centro emisor de la Comunidad Altamira. Esta Comunidad se compone de treinta y dos bloques con dos o tres portales cada uno, situada entre las calles de Ginzo de Limia y Ferrol, reuniendo a más de cinco mil personas. En realidad, se trata de la Comunidad Residencial Altamira, de la populosa zona madrileña, que, al parecer, Malestar por la municipalización de la temporada de ópera de Oviedo Oviedo. F. F. A. Los Amigos de la Opera de Asturias han mostrado su pesar ante la reciente contratación por cuenta del alcalde de una compañía búlgara, y señalan que si es el criterio musical del munícipe quien contrata, la asociación deja desde este momento de preocuparse y de pasarlo mal por la financiación de la temporada Francisco Izquierdo, presidente de la Asociación Asturiana de Amigos de la Opera, considera que Antonio Masip, alcalde de Oviedo, ha municipalizado la temporada de ópera de la ciudad con la reciente contratación de la compañía de Sofía (Bulgaria) realizada personalmente por el alcalde durante un reciente desplazamiento a la citada ciudad. Izquierdo mantuvo con Masip varias reuniones en las últimas semanas, tras el regreso de éste de Bulgaria, y según él, el alcalde pidió a los directivos que siguiésemos desarrollando la promoción de nuevos socios y organizando los abonos. El alcalde no quiere que desaparezcamos como asociación, sino que continuemos. Tras esto, no sé si merecerá la pena seguir; esa será una decisión que habrá que tomar después de algún tiempo De todos modos- señala Izquierdo- estas compañías del este de Europa, que son todas de un nivel similar, cuentan con buenos coros y orquestas, pero carecen de solistas. Nosotros podemos ofrecer al Ayuntamiento los contactos que tenemos con diversos solistas de primera fila.