Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
MARTES 29- 12- 87 ABC DE LA EDUCACIÓN A B C 57 control sobre los sueldos de los tructura administrativa que complica las relaciones entre el Ministerio y los centros e incluso impide la coincidencia de datos económicos elaborados por ambas partes. Como se sabe, las nóminas las hace el Ministerio, pero no ocurre lo mismo con las liquidaciones de la Seguridad Social y el impuesto de la renta, que son elaborado por los titulares. Existe el proyecto de que la Administración se haga cargo también de estas gestiones, pero mientras llegan se producen enormes demoras en la devolución a los centros de esos documentos con las consiguientes perturbaciones administrativas. Florencio Urrecho comenta que las esperanzas que había depositado sobre la marcha de la modalidad de pago directo se han visto defraudadas y ha podido comprobar cómo fallos detectados en el pasado mes de febrero. Entre los errores y fallos que aún se mantienen se encuentran las retenciones por el impuesto de la renta IRPF a los miembros de las instiderarlo insuficiente a todas luces, como por el retraso en su percepción. Según un estudio remitido por la CECE al Ministerio de Educación, estos otros gastos se calculaban para el año 1987 en 810.000 pesetas aula en niveles de EGB y para 1988 habrá que incrementar la aportación en un mínimo del 5 por 100. Sin embargo, la Administración proyecta conceder tan sólo 519.629 pesetas aula y el plazo a cubrir no comienza en enero, sino en septiembre a principios del curso 198889. Florencio Urrecho piensa que con estas perspectivas las dificultades económicas de los centros se van a acrecentar y los titulares tendrán que hacer malabarismos para afrontar sus gastos. Asfixia de la privada A la pregunta de si estas prácticas administrativas pueden acabar con la enseñanza privada, Urrecho responde que sin entrar a juzgar intenciones la realidad es que se está pública y su vigencia es transitoria a lo largo de dicho proceso. En este punto existen diferencias entre la patronal y los sindicatos, aunque en algunos casos son únicamente terminológicas. Florencio Urrecho y Santiago Martín prefieren emplear el concepto analogía en lugar de homologación por un deber de justicia con los funcionarios de la enseñanza pública que han debido superar una oposición para ocupar su puesto docente Urrecho es parti- dario de una analogía retributiva, pero no de jornada, porque esto conduciría al cierre de numerosos centros privados Pese a todo, la analogía es una aspiración muy lejana y las diferencias salariales entre un profesor del sector público y otro del privado se sitúan en más de trescientas mil pesetas en EGB y alrededor de quinienta mil en BUP. Las perspectivas de futuro no son muy favorables a consecuencia de una deficiente es- Salarios administrativos bajo el concepto de otros gastos no los pagará la Administración hasta septiembre Los docentes de la privada cobran de trescientas mil a medio millón menos al año que los de la pública tuciones religiosas que trabajan en su propios centros. Según los representantes de la FERE y de la CECE, con esas retenciones se violan los acuerdos entre España y la Santa Sede. En otros casos se está produciendo una retención ilegal en rentas inferiores a auinientas mil pesetas anuales y, según Florencio Urrecho, en algunas provincias se cobran impuestos de este tipo correspondiente a ejercicios pasados. Es una situación muy peculiar y parece que existe una respuesta de Hacienda de que no ha lugar a la retención, pero no se ha respetado, al menos de forma unánime. Además del personal docente, cuya situación es aceptable, pese a todo, en los centros concertados trabajan otras personas en tareas administrativas o de servicios que encuentran serias dificultades para percibir sus salarios al estar incluidos en la asignacin otros gastos Los titulares de los centros están muy molestos, tanto con el monto destinado a esta partida, por consiconsiguiendo la asfixia de la privada porque las partidas correspondientes se ingresan a trimestre vencido y, en algunos casos, como Madrid, incluso a principios del siguiente. Los alumnos de los centros con concierto pleno no pueden pagar nada y los responsables se ven obligados a acudir a préstamos o a establecer pactos con sus empleados y proveedores para aplazar los correspondientes pagos. Los centros sobreviven J 3 a base de una descapitalización lenta. Por otra parte falta transparencia en el apartado gastos variables en los que teóricamente se deben incluir algunos complementos no incluidos en los acuerdos entre el Ministerio y los sindicatos suscritos a principios de este año. Creemos- apunta el representante de la CECE- que hay más de quince mil millones de pesetas sólo en EGB en la cuantía de gastos variables pero su control es muy difícil. Milagros ASENJO tentes de resolvertensión de la orden de subvenciones de mayo de 1984, que incluía el 50 por 100 de profesorado titular y el restante 50 por 100 de auxiliar. También se pide el reconocimiento profesional de los profesores que aun teniendo cualificaicón de titulares deben ocupar plaza de auxiliares por imperativos de los módulos. Reconocimiento de la antigüedad. -La situación del profesorado autónomo, ya sea religioso o seglar, constituye otro de los puntos conflictivos en el sector concertado. La Administración se hace cargo de la antigüedad sólo en el caso de los contratados y a los autónomos les reconoce únicamente tres trienios, con independencia del tiempo que lleven trabajando en el centro. La azón para tal decisión es que los profesores no contratados no consolidan antigüedad. Enjugar el déficit de la enseñanza privada. -De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para 1988, en la partida dedicada a la enseñanza privada se advierte que el déficit actual no podrá ser superado y que en el camino hacia la analogía no se registrarán avances de consideración. Entrada en vigor del capítulo Otros gastos -La dotación fijada para Otros gastos de los centros concertados no entrará en vigor hasta septiembre de 1988, lo que parece un contrasentido, ya que los Presupuestos deberían aplicarse a todos los efectos desde el 1 de enero, fecha de su entrada er vigor.