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LUNES 28- 12- 87- OPINIÓN -ABC, póg. CAJAMADRID Y LA POLÍTICA AS noticias sobre una ser i e de n o m b r e s- -el mayor número ligado al PSOE- como candidatos al consejo de Administración de Cajamadrid, provocan, si no alarma, sí un evidente recelo o, al m e n o s u n a puesta en guardia de la opinión madrileña. Cajamadrid puede exhibir hasta ahora una historia gloriosísima. Para que artesanos, detallistas, empleados y domésticos tuvieran en la urbe madrileña algún alivio en s u s p e n u r i a s cuando éstas apretaban de modo fuerte, se inició el 3 de diciembre de 1702 la vida del Monte de Piedad de la Villa y Corte, reconocido oficialmente en 1710, y con su primer reglamento en 1712. Pronto esta inicial finalidad de lucha contra la usura se vinculó con la decisión, en el reinado de Isabel II, de promover el ahorro popular como fuente muy segura del amparo, cuando estaban en condiciones de infortunio, de las clases menos pudientes madrileñas. Por eso, en 1838, Ramón Mesonero Romanos y el Marqués viudo de Pon tejos colocaron los cimientos de la Caja de Ahorros madrileña. Ambas instituciones, Monte y Caja, acabaron por confluir, constituyendo un pilar esencial de la economía de la capital. Todos los que, desde los siglos XVIII y XIX, se ocuparon de esas instituciones vivieron bajo la obsesión de que quienes tuviesen las más altas responsabilidades en las mismas, fuesen personas imbuidas de tal manera de la condición de servidoras de los intereses generales, que sólo tendrían el honor de pertenecer a, sus altos órganos de gestión, y nada más. A partir del real decreto de 13 de junio de 1880, que precisamente aprobó los llamados nuevos Estatutos del ya Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, este mandato se difundió por los de toda España. A partir de ahí se puso especial énfasis en que las Cajas estuviesen regidas por Juntas o Consejos de personas independientes y con actuación gratuita. Tras el plan de estabilización de 1959, conforme pasaron a tener mayor libertad de movimientos, comenzaron los sucesivos Consejos a mostrar tal viveza y oportunidad en las inversiones que en nada afectaron a la insti- L tución serias crisis económicas. Ahora, alrededor de esa robusta Caja, aparece un nuevo clima. Por una parte, el de que es posible que fondos que antes iban hacia la corriente de créditos al sector privado se dirijan hacia instituciones públicas locales y regionales. Esto es: el ahorro de los madrileños, en vez de fructificar, como hasta ahora ocurre, en créditos a favor de quienes son industriales, comerciantes o simples vecinos de la Villa, puede dirigirse a taponar los huecos presupuestarios derivados de gastos excesivos. Esta financiación pública puede tener orientaciones partidistas adicionales. Pueden florecer ahora en España situaciones habituales en Italia, originando que instituciones crediticias presten, no por criterios de rentabilidad, sino por afinidades ideológicas. También lo que ahora se inicia significa un aumento de la presencia de personas muy afines al actual Gobierno en u n a e n t i d a d que acumula multitud de informaciones requeridas a un amplio porcentaje de la población. Esto, en más de un sentido, es preocupante. Los candidatos al Consejo de Administración de Cajamadrid, uno a uno, son dignos, respetables. Pero ¿podremos decir de todos ellos lo mismo cuando se presenten problemas de partido? Esa va a ser la piedra de toque capaz de definir si Cajamadrid pasa, o no, a ser una entidad continuadora de las grandes realidades logradas a lo largo de su historia. OR decisión del Consorcio Regional de Transportes, el Metro costará diez pesetas más a los usuarios, es decir, subirá un 20 por 100. Esta elevación del precio incita a reconsiderar, una vez más. la aleccionadora historia que demuestra cómo de una explotación eficaz y rentable de un servicio público con gestión privada se ha llegado a una situación en la que. sin conseguir la mejor prestación de servicios, una gestión de empresa pública desprivatizada alcanzó en 1986 un déficit superior a los 13.000 millones de pesetas. La Compañía Metropolitana, empresa privada, que construyó las primeras líneas del Metro, realizó hasta 1975 una muy positiva gestión- en todos los sentidos del servicio. Pero al ser congeladas las tarifas, por lo que se estimaron entonces criterios sociales prevalentes, tuvo un primer déficit en 1976 que creció el año siguiente. El aumento sin compensación de los costes de explotación- causa del déficit- colocó a la Compañía en situación desesperada, que no se pudo resolver con una tardía elevación de las tarifas. El Metro fue desprivatizado y pasó a ser, en 1978, empresa municipal, propiedad mayoritaria del Ayuntamiento de Madrid. El cambio de titularidad no produjo mejores prestaciones de servicio y se inició el proceso de elevaciones sucesivas de los precios de los billetes. Posteriormente, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autóno- P EL METRO MAS CARO ma de Madrid, se creó el Consorcio R e g i o n a l de Transportes, al que fue adscrito el Metro. Y el Ayuntamiento quedó en este Consorcio con representación minoritaria. Así. ahora, el Consorcio puede decidir la elevación de tarifas sin que el Pleno municipal pueda prácticamente opinar, pese a las protestas de los concejales de la oposición. La historia del Metro tiene un desarrollo paralelo a otras en las que se ha nacionalizado o municipalizado una empresa de servicios o de producción, y revela abrumadoramente el error de confiar en las ventajas de una gestión pública sobre la actuación de una empresa privada a la que se permite operar con precios de mercado. La desaparición o anulación del lícito beneficio empresarial no se ha traducido en este caso- y muy difícil será citar una excepción- -en ventaja alguna para los ciudadanos usuarios del servicio ni para quienes, sin usarlo, deben, como contribuyentes, sufrir una carga impositiva mayor para enjugar Los crecientes déficit de una administración incompetente. O despreocupada ante el crecimiento de los gastos. Cualesquiera que fuesen los propósitos de interés social que impulsaron el proceso de desprivatización del Metro, han fracasado. El uso del Metro se encarece progresivamente y su precio rebasa ya con seguridad el normal porcentaje de gastos de transporte que pueden absorber los salarios medios. Pero Ocurre, además, que ni la ampliación de líneas- -unos 42 kilómetros de 1978 a 1986- se ha traducido en satisfactoria compensación del continuado encarecimiento, ni actualmente se brinda servicio mas cómodo, ni las condiciones en que se encuentran estaciones, corredores y escaleras- -escenarios de estampas tercermundistas- -animan a hacer del Metro el uso masivo que aliviaría el caos circulatorio de Madrid. Lo adecuado sería reprivatizar el Metro. Entre tanto se debe exigir con firmeza una amplia revisión de los criterios con los que se administra. Los ciudadanos tiene derecho a un servicio eficaz sin que las tarifas se encarezcan sin control. Presidente- Editor GUILLERMO LUCA DE TENA Director LUIS MARÍA ANSON Director de ABC de Sevilla Subdirectores Francisco Giménez- Alemán Darío Vateárcel. Joaquín Vila. 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