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JUEVES 24- 12- 87- OPINION -ABC. pág. 27 requerimiento de ciertos sindicatos de la Policía, algunos miles de zaragozanos han dado su firma para el restablecimiento de la pena capital en nuestra legislación. Estamos ante un hecho de suma gravedad, que afecta a principios morales de primei orden y al ordenamiento constitucional de la nación. La recogida de estas firmas se enmarca en un clima emocional muy fuerte, cuando todavía la ciudad aragonesa no se ha repuesto de la devastadora impresión causada por el atentado terrorista contra la casa- cuartel de la Guardia Civil. Eso explica seguramente la reacción de esos ciudadanos. Ya es menos explicable y de di. fícil justificación el que sean organizaciones de funcionarios las que promuevan esa captación de firmas. No es la misión de las Fuerzas de Seguridad el estimular la inquietud de los ciudadanos con actos de esta clase. El restablecimiento de la pena de muerte implicaría la revisión del texto constitucional vigente, que la prohibió salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra (art. 15) Sólo sería posible su reintroducción mediante la reforma de la Constitución, que debería contar con la aceptación de tres quintas partes del Congreso de los Diputados, primer órgano de representación de la soberanía nacional. Recordar esto es recordar también que, más allá de las reacciones emocionales, ésta es una sociedad regida por el imperio de la ley, el cual no puede disolverse o reducirse a golpes de sentimientos, por respetable que éstos sean. No defendemos la menor debilidad frente a los terroristas: recordamos cómo la democrática Francia se ha enfrentado a los últimos actos de terror, o cómo el general De Gaulle plantó cara a algunas acciones independentistas y a ciertos grupos terroristas. Tampoco conviene olvidar la respuesta que dio el Gobierno de Bonn a la banda Baader- Meinhof. Pero no conocemos ninguna nación europea que, tras aboliría, haya regresado a la pena capital. Son muchos los juristas de máximo prestigio que sostienen que la muerte del reo por el Estado es contraria al Derecho natural; creemos sobre todo que, en el caso de España, la v u e l t a a la ú l t i m a pena constituiría un excelente A LA PENA DE MUERTE servicio a los planes de ETA. Porque los datos demuestran que nunca el terrorismo vasco obtuvo tanto proselitismo y respaldo como a raíz de las contraproducentes ejecuciones de 1975. A pena de muerte es un vestigio de tiempos en los que representaba la culminación del proceso punitivo contra el reo. Distintas legislaciones europeas admitieron hasta el pasado siglo el tormento en sus diversos grados hasta desembocar en la destrucción física del culpable, practicada con todas las variedades imaginables. Fueron los ilustrados franceses quienes comenzaron la lucha por su abolición. En 1764, el jurista italiano Cesare Beccaria publicaba su célebre obra De los delitos y de las penas, memorable alegato contra la tortura como método de obtención de la L verdad y contra la pena capital como pieza clave del sistema punitivo. No inspiraba al marqués de Beccaria ningún espíritu revolucionario; pretendía más bien conjugar una mayor humanidad en el trato del delincuente con la mayor eficacia en el control de la sociedad. Para juristas e intelectuales de moderación reconocida la inmoralidad de la pena capital resulta, en consecuencia, manifiesta. Sus defensores arguyen a su favor invocando el principio de restitución de la sociedad por la falta gravísima cometida por el reo. No hay tal restitución: a la muerte se responde con otra muerte en aplicación de una ineficaz ley del talión. Los defensores de la pena capital aducen el argumento de la ejemplaridad. Es falso. Estudios criminológicos de primera entidad han demos- trado, hasta la saciedad, con datos que tienen la verdad probatoria de las ciencias sociales, la inutilidad de la pena de muerte. Su vigencia no sirve como elemento disuasorio. Generalmente q u i e n m a t a no t i e n e en cuenta la existencia de la pena capital, como puede demostrar su incidencia en países y épocas con legislación favorable al respecto. ADA de lo expuesto significa que el Estado deba quedar inerme ni impune el asesino. El altísimo valor de la vida humana, valor superior a cualquier otro, ha de tener en la ley su más firme baluarte. Y existen figuras jurídicas para garantizarlo, como la condena a perpetuidad en la legislación española, no revisable en ninguna circunstancia. La figura penal francesa- -pena irreductible de treinta años para el terrorista en cárceles especiales, de plena seguridad- -es la respuesta adecuada a la plaga, sea bajo la modalidad de ETA, de Brigadas Rojas o de Acción Directa. Treinta años de expiación equivalen a la eternidad. La exigencia de restitución queda satisfecha así y la racionalidad en que se fundamenta el Estado de Derecho defendida. España pertenece al área de los países más civilizados del mundo, que son los de cultura cristiana. La inmensa mayoría de estas naciones han abolido la pena capital, salvo en contingencias militares o contiguas (estado de guerra, alta traición, etcétera) En Estados Unidos el abolicionismo sigue ganando posiciones. Holanda lo hizo ejemplarmente en 1870 y Portugal en 1867. Alemania Federal sólo en 1949 y Gran Bretaña veinte años después. Pero la tendencia es inequívoca e irreversible. Naturalmente Libia, Cuba, Chile, Paraguay y la Unión Soviética mantienen la última pena, junto a Niger o Malí, por ejemplo. Por imperativo de la moral y de la racionalidad, debemos mantener esta convicción. ETA puede y debe ser vencida sin que el Estado de Derecho cometa la inútil torpeza de regresar a la pena de muerte. Eso es lo que creemos y lo mantendremos sin vacilar. Como mantenemos que es inadmisible y contraproducente toda amnistía o indulto para quienes están implicados, directa o indirectamente, en delitos terroristas de sangre. N ESDE hace tiempo existe una especie de impuesto especialísimo sobre la Banca española. Parte de los fondos que le entregan sus clientes para constituir el conjunto de disponibilidades que se pueden transferir a las operaciones activas se desvían hacia el Banco de España de modo obligatorio. Este, a un porcentaje de los mismos, no lo remunera con tipo de interés ninguno; al resto lo hace a muy bajo interés. En síntesis, esto respalda dos fines y una consecuencia: restringir la inflación a través del freno que a la oferta monetaria supone la eliminación de dinero bancario, esto es, de créditos. La segunda finalidad es hacer posible, por supuesto a costa de fondos de la Banca privada, préstamos a bajos tipos de interés en favor de sectores o empresas que se considera que merecen este privilegio. Se enmascara así lo que es una política de subvenciones de modo poco ortodoxo. La consecuencia de todo esto es un freno considerable a la rentabilidad de la Banca. Por eso, ahora, para reactivar la economía española se ha decidido aliviar en un punto porcentual esta carga. Pequeña pero oportuna rectificación. D COEFICIENTES DE CAJA Presidente- Editor GUILLERMO LUCA DE TENA Director LUIS MARÍA ANSON Director de ABC de Sevilla Francisco Giménez- Alemán Subdirector: Antonio Burgos ABC Subdirectores Darío Valcárcel. Joaquín Víla. José Javaloyes, Manuel Adrio, Joaquín Amado Jefes de Redacción: j A. Gundin (Continuidad) J C. Azcue (E. Especiales) B. Berasáteguí (ABC Literario) A. Fernández (Economía) J. I. G a Garzón (Cultura) A, A. González (Continuidad) R. Gutiérrez (Continuidad) L. Lz. 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