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ABC Nuevos caminos para rehabilitar los conjuntos históricos La política de bellas artes fines del pasado mes de noviembre ha tenido lugar en Messína un coloquio sobre los nuevos procedimientos para financiar la restauración del Patrimonio Histórico de carácter arquitectónico, organizado por la Secretaría General del Consejo de Europa y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de esa ciudad siciliana, al que asistieron representantes de instituciones públicas y privadas de once países de nuestro continente, entre ellos cuatro españoles: José Luis Alvarez, que presentó una ponencia sobre fiscalidad y restauración; la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Araceli Pereda; el secretario general de la Asociación Española de Banca Privada, Manuel Torres Rojas, y un representante de la Asociación Hispania Nostra, Gabriel Stamogtou. El coloquio no ha podido celebrarse en un momento más oportuno, al menos para tos. participantes españoles, pues nos encontramos precisamente en los comienzos de la aplicación del nuevo sistema de protección del Patrimonio, que deriva de la ley de 25 de junio de 1985, y que debiera conducir a revisar muchos errores cometidos hasta hoy y todavía más insuficiencias. Hace diez años, como se recordará, los debates sobre la rehabilitación de los conjuntos históricos giraban en tomo a cuestiones tales como el mantenimiento en eHos- de sus habitantes o la limitación de actividades que pudierart dar paso a lo que se ha llamado la terdarización de los barrios antiguos de las ciudades. Hoy, sin embargo, la discusión se ha visto sustituida por una realidad en la que, por un lado, ciertos sectores de los centros históricos de las grandes ciudades están siendo intensamente rehabilitados por el simple juego del mercado, en una situación de oferta de suelo escasa y cada vez más cara (el ejemplo de Madrid es muy expresivo) y, por otro, lugares de gran importancia histórica son presa de la ruina lenta o dehabandono de sus edificios, por encontrarse en zonas deprimidas económicamente o por presentar características que hacen d i f í c i l su habitabilidad actual. La situación a este respecto de una ciudad como Toledo es aleccionadora. En Toledo, dieciséis mil habitantes ocupan el viejo casco; el resto de la población se encuentra en los barrios modernos. A ciados por el FEDER o el Plan de Compensación Interterritorial han sido aprobados de común acuerdo entre el Estado y las correspondientes Comunidades autónomas. La coordinación supone la existencia de una previa información acerca del estado y necesidades reales del Patrimonio Histórico en todas y cada una de las Comunidades y la consiguiente determinación de objetivos a conseguir y el establecimiento de prioridades de actuación. Esa información, que no ha tenido a lo largo del tiempo la Dirección General de Bellas Artes a pesar de resultar conveniente, es ahora indispensable y tiene por fuerza que ser el objeto de la principal función del Consejo del Patrimonio Histórico, compuesto por representantes de la Administración del Estado y de todas las Comunidades autónomas, creado por la ley de 1985. Corresponde, en efecto, a este nuevo órgano elaborar y aprobar los Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico, que no se han dado a conocer hasta hoy, pese a haber transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la ley que los reguló. En Messsina se llegó, tras examinar diversas experiencias auropeas, a una conclusión común: cada rehabilitación de un casco histórico requiere medidas de fomento (créditos, subvenciones u otro tipo de ayudas) especialmente adaptadas a sus necesidades, sin que basten los estímulos, de tipo normalmente fiscal, establecidos en las leyes de protección del Patrimonio con carácter general. El problema, claro está, es aplicar este criterio en la práctica. En España debería hacerse por medio de los estudios financieros que han de acompañar a los Planes Especiales de Conservación de Conjuntos Históricos, también exigidos por ley de 1985. Estos instrumentos de planeamiento no se han empezado tampoco a redactar con la extensión y la rapidez necesarias (parece ser que ya se ha formado el equipo técnico encargado del Plan de Santiago de Compostela, pero esta noticia da idea del retraso en la ejecución de la nueva normativa) No obstante, los Planes Especiales no podrán resolver por sí solos el problema de la revisión de los actuales procedimientos de financiación crediticia y de subvenciones, aunque sin ellos y sin los Planes Nacionales de Información del Patrimonio esta tarea seguirá resultando imposible y la política de rehabilitación no llegará a tomar verdadero cuerpo al servicio de la conservación del Patrimonio español. Alfredo PÉREZ DE AflMiÑAN ABC 149 El centro histórico de Toledo representa uno de los conjuntos más dignos de restauración talación de oficinas y servicios en los cascos históricos. Desgraciadamente, la relativa pérdida de la visión global del estado de conservación del Patrimonio Histórico de España, que se ha producido tras la descentralización política y administrativa y que ha conducido a muchos a concentrarse en las parcelas que les son más próximas territorialmente, ha perjudicado también a la necesaria comprobación de la eficacia de la rehabilitación de edificios históricos en un momento crucial. No disponemos siquiera de una fuente oficial de datos sobre ese tipo de actuaciones para todo el territorio nacional y, por supuesto, no existe una verdadera coordinación en este campo- que, por otra parte, nunca ha llegado a producirse en el pasad o- entre los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de Cultura, ni entre éstos y las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos de las ciudades históricas, a pesar de que muchos proyectos se financian con fondos de las Comunidades Europeas (FEDER) o del Plan de Compensación Interterritorial contenido en los Presupuestos del Estado. No basta decir, para defender que existe una coordinación entre los organismos públicos competentes, que todos los proyectos finan- tualmente por los reales decretos de 28 de julio y 14 de diciembre de 1983, así como por diversas disposiciones complementarias de inferior rango. Durante el período de vigencia de estas normas la rehabilitación ha adquirido carta de naturaleza en el sector de la construcción en España, convirtiéndose en una de las actividades más destacadas de éste. Sin embargo, las acciones de rehabilitación afectan principalmente a lugares con buenas expectativas de crecimiento económico, como es lógico desde el punto de vista del inversor o empresario privado, y no se han apoyado tanto como se llegó a creer en las ayudas y créditos establecidos en aquellas normas. Este resultado podía de alguna manera esperarse, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones impuestas a la cuantía de los créditos por cada vivienda y la falta de agilidad en los trámites para su concesión. Por otra parte, las rehabilitaciones llevadas a cabo por algunos Ayuntamientos, bien de forma aislada o en colaboración con Las ayudas a la rehabilitación de las Comunidades autónomas o el edificios históricos por medio de Estado, han sido radicalmente incréditos en condiciones favorables, suficientes y por esa vía no se conintroducidas en España por el real seguirá, en el mejor de los casos, decreto de 24 de septiembre de evitar el desplazamiento progresivo 1982, que seguía al de 12 de fe- de los antiguos habitantes y la insbrero del mismo año, se rigen acJUEVES 17- 12- 87