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DOMINGO 13- 12- 87- DERECHO -ABC, póg. 67 El TC acaba con los abusos de la Administración en la ejecución de sentencias Recuerda a los jueces su obligación de hacer cumplir sus resoluciones Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en un recurso de amparo planteado por un funcionario, ha venido a poner fin a la abusiva posibilidad de que la Administración eluda la ejecución de las sentencias en las que es condenada y recuerda a los jueces y Tribunales la obligación que tienen de hacer cumplir sus propias sentencias, usando para ello todos los poderes que el ordenamiento jurídico les atribuye Sabido es que una de las quiebras más importantes de nuestro proceso contenciosoadministrativo, y que pone en cuestión inclusive al propio Estado de Derecho que la Constitución configura, es la referida a la ejecución de las sentencias que condenan a la Administración Pública, toda vez que en una desgraciada interpretación del principio de separación de poderes se venía entendiendo con anterioridad a la Constitución que la potestad de ejecución correspondía a la propia Administración y no a los Tribunales. Es fácil imaginar que con tan peculiar sistema de ejecución, la Administración veía incrementado su poder, ya que si tras el largo y enojoso periodo que todo pleito contra la Administración supone (hay que ganarla dos veces, ya que por precepto reglamentario el defensor de la Administración tiene obligación de apelar) resulta que cuando es condenada por la sentencia final es la propia Administración la que tiene que llevarla a efecto, ésta opondría todos los obstáculos que pudiera a dicha ejecución. Y en efecto así ha venido sucediendo, de manera que tener ganada una sentencia contra la Administración, sólo significaba tener un título cuya efectividad dependía a su vez de la propia Administración vencida en el pleito, quedando el recurrente en la triste posición de recorrer otra vez un Vía Crucis procesal considerable hasta ver conseguido sus derechos. Así la Administración, pese a haber perdido un pleito, recuperaba en gran medida su situación anterior y podía volver a forzar una negociación sobre el contenido de la sentencia. Los jueces contemplaban impasibles tal situación como si les fuera totalmente ajena. Aun cuando la propia ley contenciosa y el Código Penal- si fuera necesario- les otorgaban considerables poderes sobre la Administración en orden a ejecutar los fallos judiciales, hay que decir que prácticamente no los han usado, salvo alguna noble excepción. Bien sea por inhibición o por reverencia al Poder por parte de los jueces, lo cierto es que las ejecutorias contra la Administración dependían en definitiva de la buena voluntad de ésta. La mejor doctrina (García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, Tomás Font i Llovet entre otros) venían criticando tal estado de cosas, solicitando un aumento de los poderes de los jueces para ejecutar sus propias sentencias. Pues bien, la excelente sentencia del Tribunal Constitucional 167 1987, cuyo ponente ha sido el magistrado don Jesús Leguina, en línea con esa doctrina, ha venido a poner fin a los privilegios de la Administración, cortando de raíz cualquier abuso y estableciendo que cabe exigir a los Jueces que no se desentiendan del resultado de sus sentencias. Esta resolución del Tribunal Constitucional- que exige un comentario mucho más largo y detenido- admite que cabe amparo si el Tribunal de Instancia ha incurrido en desfallecimiento para adoptar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus propios fallos impidiendo el uso torticero que la Administración haga de sus potestades, incluso las organizativas, para impedir el debido acatamiento de las sentencias. Los hechos se producen de la siguiente manera: el solicitante de amparo interpuso en su día recurso contencioso- administrativo contra la resolución de la Secretaría de Estado de. Turismo sobre nombramiento para cubrir plaza de funcionario que le había declarado no idóneo por lo que los Tribunales de Justicia estimaron que se trataba de una sanción impuesta sin expediente y consecuentemente anulándola, y reconoció el derecho del recurrente a optar sin restricciones al puesto de trabajo que había solicitado. La Administración dilató cuanto pudo el cumplimiento de esta sentencia y además, puesto que el recurrente optó por la Jefatura de la Oficina de Turismo en San Francisco creó otra oficina en Los Angeles, suprimiendo la primera y creando un puesto superior al del litigante, vaciando de competencias el puesto de éste. La Sala entendió que con el mero nombramiento del recurrente como jefe de la oficina de San Francisco- que no olvidemos que cerró- se había cumplido la sentencia. Por el contrario, y con un espléndido razonamiento el Tribunal Constitucional entiende que las sentencias hay que cumplirlas en toda su plenitud y preservando el contenido de los derechos que incorporen al patrimonio de los ciudadanos. Esta sentencia marca un hito al incluir dentro del artículo 24 de la Constitución la potestad de ejecución y sienta un peldaño importante en la consolidación de nuestro Estado de Derecho. Ya falta sólo dar el siguiente paso: que sean los propios Tribunales y no la Administración los que ejecuten sus propias sentencias. José Eugenio SORIANO Los abogados modifican las normas del turno de oficio Madrid Llevar al menos dos años de ejercicio profesional y estar en posesión del diploma del Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica o el de los cursos que al efecto impartirá el Colegio, son algunos de los requisitos exigidos- a los abogados que pretendan acceder al turno de oficio, según las normas recientemente aprobadas por el Colegio de Madrid y que entraron en vigor el pasado día 1. Las normas establecen que será requisito para continuar en el turno desarrollar la labor profesional encomendada con la debida diligencia, atendiendo a la necesidad de contacto con el cliente y realizando las actuaciones precisas en su patrocinio en los términos y plazos legales y cuando no los hubiera, en el más breve posible Los asuntos del turno de oficio se dividen en cinco materias, de los que el letrado podrá elegir dos. Las materias son Penal, Civil, Social, Administrativo y Constitucional e Internacional Público. Para los cuatro primeros se establece un turno general y otro especial. A este último sólo podrán acceder letrados que lo soliciten, entre aquellos con más de cinco años de ejercicio profesional y comportará automáticamente la baja en el turno general. Esta baja se producirá también, en todo caso, a los doce años de ejercicio. Las nuevas normas crean también una comisión permanente de turno de oficio, que tendrá como funciones controlar el reparto y abono de las designaciones; realizar el seguimiento de los asuntos turnados; acordar la baja provisional en el turno de los letrados que incumplan sus obligaciones, proponiendo a la Junta de Gobierno la adopción dé las medidas disciplinarias que correspondan. El turno de oficio lo establece la Junta de Gobierno del Colegio para designar abogado a quien lo solicite o se niegue a nombrarlo, en los casos en que sea preceptiva su intervención. La nueva regulación establece en su artículo undécimo que el letrado a quien corresponda una designación no podrá excusarse del cumplimiento del objeto de la misma sin un motivo personal y justo; deberá comunicar la excusa al órgano jurisdiccional correspondiente mediante escrito sin motivar, y al propio tiempo enviar- al Colegio, para su resolución, escrito en que se expresen la razones de la excusa, al que acompañará copia del presentado en el Juzgado o Tribunal CONDE DE ORGAZ TRES CHALETS ADOSADOS 48O metros DE PARCELA 3 4 0 metros CONSTRUCCIÓN Garaje 2 cochesAlmacen- Bodega- Cocina Despensa- Salón comedor 5 Dormitorios- 4 Baños un aseo -74- 7 Teléfs: 48 54 DYKINSON, S. L. Libros jurídicos Solicite catálogo jurídico gratuito Meléndez Valdés, 61. 28015, Madrid Teléfono 244 28 69