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82 ABC ESPECTÁCULOS MARTES 8- 12- 87 El vídeo comunitario en cadena con y La sentencia del Tribunal Sucontra la ley de Propiedad Intelectual premo considerando legal este sistema no le exime de Declaraciones a ABC de los distintos sectores implicados Madrid. Vicente Pineda La ley de Propiedad Intelectual, que ayer comenzó a aplicarse, ha sido en general bien acogida no sc! o por los sectores principales destinatarios de la misma, sino también por la industria del cine y del vídeo, que ha encontrado una base legal para defender sus legítimos intereses. Sobre ellos y sobre la implantación del vídeo comunitario en cadena hablan para ABC algunos de los representantes de los sectores directamente implicados El polémico vídeo comunitario se ha valido de obras que estaban exclusivamente destinadas a su proyección privada, doméstica, sin fines crematísticos. No es el sistema en sí lo que se cuestiona, porque como tal no es una. actividad perseguida ni, mucho menos, condenada. Lo que se cuestiona es su uso indebido, o mejor, el abuso manifiesto de películas que, sin contar con los derechos de autor, se han difundido colectivamente, mediante una cuota mensual por entidades mercantiles. Se anunció que coincidiendo con el bautismo de la ley de Propiedad Intelectual, los vídeos comunitarios se unirían a partir de ayer para efectuar una programación en cadena. Los informes llegados a ABC indican que, al parecer, llevaron a la práctica su propósito en una acción simultánea. De esta manera, se crea una red de vídeos comunitarios agrupados en AVICO, Asociación Española de Vídeos Comunitarios. Se cuenta incluso con un avance de programación- para varios días, donde figuran títulos muy heterogéneos, que van desde exponentes de la serie B, aventuras, karate, destape, y hasta cintas eróticas o pornográficas, según se mire. Lo cierto es que en España hay más de doscientas treinta empresas que se dedican a la comercialización del vídeo comunitario y que éste es un hecho manifiesto, enraizado en la sociedad española al servicio de unos abonados, que buscan motivos de esparcimiento y acuden a la llamada de esta múltiple y extendida expresión videográfica. Para uno es televisión por cable; para otros, vídeo comunitario. No faltan quienes ven en el vídeo comunitario un peligroso enemigo más allá de las preocupaciones semánticas, y en vez de lanzar anatemas contra este cauce de explotación de mensajes y motivos audiovisuales, hay que arbitrar soluciones, acuerdos, que respeten la virtualidad y la figura del autor, cambios de impresiones, para intentar conciliar posturas. Una serie de personalidades, representativas de los distintos sectores implicados, ofrecen a ABC ideas y sugerencias de muy diversa índole, y que en todos los casos están enfocadas a un diálogo en torno a este asunto que trasciende a la opinión pública. No comprendo que se presente sistemáticamente a los vídeos comunitarios como víctimas, apelando a que amplias capas sociales tienen así ocasión de seguir unas obras y de contar con un medio de diversión. Esto es muy justo y loable, pero no atenúa la gravedad de valerse ¡legalmente de los derechos intelectuales e industriales. Lo que debe hacerse es exigir que la ley de Propiedad Intelectual, que contempla y refuerza la figura del autor, se aplique con firmeza. Acepto el vídeo comunitario siempre que se cumplan esos requisitos y se apruebe el real decreto de Regulación de Obras Cinematográficas en Soporte Audiovisual. sus obligaciones de cumplir con los derechos de autor munitarios y no hay que buscarles otra definición. A menudo, con la manía de Ja semántica, se deforman los conceptos. Todos los Ayuntamientos y autoridades locales deberían requerir la acreditación de la autorización de los propietarios de los derechos para su proyección en vídeo comunitario, impidiendo su uso si no se han cumplido estas condiciones fundamentales. Es evidente que siempre que se atiendan los derechos puede emitirse por cable en cadena. Las disposiciones de la LOT- (ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) -no tienen por qué impedir esta actividad con los cables necesarios de conexión. Es una libre actitud que debe garantizarse a todos. José Manuel Turné, director de FAP Reiteradas ocasiones, la Federación Antipiratería (FAP) ha intentado hablar con Domingo Rosado, presidente de Avideco, pero ha sido inútil, para que nos informara sobre el contrato que dicen haber suscrito por cuarenta millones de pesetas para la exhibición de películas en los vídeos comunitarios. Según Roque Candell, gerente de Tele- Elche, empresa de vídeos comunitarios, se trata de películas muy menores y de escasísimo interés. El señor Candell nos ha asegurado que ellos sólo programarán filmes contratados, y han empezado por cancelar la programación de películas prevista para ayer: un título de CBS- FOX y otra de CIC- RCA, al no tener los derechos para programarlas. Ignoramos si, finalmente, entró ayer en funcionamiento la programación en cadena, tal y como estaba previsto; aunque todo nos hace pensar que así fue. En el caso de que, en efecto, se hubiera realizado, todos los vídeos, comunitarios, emitirían los mismos títulos. La FAP se limitará a perseguir la defraudación del derecho de autor en películas no contratadas para ese fin expreso, que es el vídeo comunitario, y ha recomendado a sus asociados que no contraten ninguna película hasta la aprobación del real decreto de regulación de Obras de Cine en soporte audiovisual, que se prevé inmediatamente después de la ley de Propiedad Intelectual. La FAP ha recibido en los últimos días muchas llamadas de vídeos comunitarios para informarse cómo se efectúa la programación de películas y su explotación en dicho canal, siempre en relación con la aplicación de la ley de Propiedad Intelectual. En definitiva, esta ley será un problema de transáción entre ambas partes y en muchos casos no se aceptarán las condiciones que libremente, en uso de sus facultades, impondrán los productores. Esto limitará sensiblemente la expansión de los vídeos comunitarios, que habrán de reducir su programación a películas de serie B y de insuficiente entidad, salvo que aumenten las cuotas mensuales de cada abonado hasta veinte mil pesetas, o dispongan de abundante publicidad en su programación. José Frade, productor cinematográfico Estoy absolutamente de acuerdo con el vídeo comunitario y la formación de cadenas de vídeos comunitarios, siempre y cuando se respeten y paguen los derechos convenidos en cada caso con el propietario legal de los mismos. Es una cuestión de procedimiento comercial libre entre ambas partes. Las sentencias del Tribunal Supremo considerando legal el funcionamiento del vídeo comunitario no pueden eximir jamás del cumplimiento estricto con los derechos de autor y productor y no hay José Frade ninguna justifi cación para pasar una película sin satisfacer los derechos concretos para está modalidad de explotación. Lo contrario es un fraude, perseguible por vía judicial para aplicar la ley con el máximo rigor a los contraventores de los derechos de autor. ¿Es que alguien puede concebir que un canal de televisión pase películas sin pagarlas? Los vídeos comunitarios son sólo vídeos co- Alberto Galtés, presidente de Adivan La Asociación de Distribuidores Videográficos de Ámbito Nacional (Adivan) estima que el problema se está deformando por ignorancia o deliberadamente en ciertos medios de comunicación. Se ha tergiversado la realidad del fenómeno del vídeo comunitario, que ha utilizado el cine de manera fraudulenta, sin pagar nada por el pase de películas, olvidando así que existen unos propietarios de derechos. PARTICULAR VENDE TERRENOS Y NAVES INDUSTRIALES Con todos los servicios, puentes- grúa, gran altura, apartadero de ferrocarril, acceso directo carretera nacional II Teléfono (91) 467 00 08. Señor López S U LOCAL O VIVIENDA POR 13.996 PTAS. MES POR MILLÓN R. DTP. TELEF. 2 á 3 O O2