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ABC MADRID 29-11-1987 página 75
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ABC MADRID 29-11-1987 página 75

  • EdiciónABC, MADRID
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DOMINGO 29- 11- 87- DERECHO ABC pá g. 75 ¿Es la Justicia un cachondeo? La frase de que la Justicia es un cachondeo fue acuñada por uno de los mejores alcaldes que tiene España, el andalucista jerezano Pedro Pacheco. Y por ello fue procesado. Recientemente la abogada Cristina Almeida, feminista militante y comunista de ideología sostuvo que el juez Juan José García Pérez padecía o había padecido trastornos psíquicos por el que había sido sometido a un expediente de incapacidad mental. El juez pamplónica de Instrucción número 1 decretó la prisión incondicional de la abogada por indicios de injurias graves al citado magistrado. Se movieron las feministas, se movilizó el Partido Comunista y tras un recurso presentado por el fiscal, a instancias del propio fiscal general del Estado, que como se ve se movilizó también, fue puesta en libertad a las tres horas de su retención en el Juzgado madrileño, a donde había sido dirigido el exhorto. La Justicia fue rápida esta vez, y hasta el ministro de Justicia, pasando por el Ministerio de Interior, se ocuparon también de descalificar al juez y apoyar a doña Cristina. Los mismos diarios que a bombo y platillo daban Ja noticia de doña Cristina se referían, ese mismo día, en plano mucho más reducido, a que el fiscal había pedido el sobreseimiento del sumario seguido al abogado Darío Fernández por alteración del orden en un juicio. A dicho abogado, que no es comunista, ni conocemos que sea feminista y por el cual no se movilizó el fiscal general del Estado, ni ninguna organización política, ni ministro del ramo, ni etcétera, etcétera, paró con sus huesos en la cárcel durante tres días por un presunto delito de desacato estimado por la juez de Orgiva (Granada) Concepción Escudero, que arbitrariamente decretó su prisión incondicional porque consideró que este abogado, en el cumplimiento de sus funciones, estuvo alterando el orden en un juicio. La diferencia de trato en uno y otra es notable. Lo que es el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, aquí no la hemos entendido- o no nos interesa entenderlo- todavía. Empieza a ocurrir lo mismo que ocurría en la época franquista, pero al revés. Los niños bien que eran detenidos por sus ideas políticas o por su presunta pertenencia a partidos de izquierda, eran soltados con bastante celeridad ante la movilización de sus influyentes padres o el peso de sus apellidos. Cuando menos, no eran maltratados. No ocurría lo mismo con los Camacho, los Ariza, o los Pujol, que padecieron años y años de cárcel. Ahora parece, por lo que se ve, que ocurre lo contrario. La persona que justa o injustamente es acusada de un delito por sus opiniones sobre algún asunto judicial es inmediatamente puesta en libertad si se trata de alguien que tiene el apoyo de organizaciones políticas de izquierda o afines a esas ideologías o tiene el apoyo de las autoridades gubernativas. Los demás tenemos que tragarnos la posible arbitrariedad de las decisiones judiciales sin poder criticarlas, pues corremos el peligro de dar con nuestro cuerpo en la prisión. Se han levantado voces con el fin de suprimir de! Código Penal el delito de desacato. Efectivamente, hay que redactarlo de otra manera. Pero la Ley, mientras tanto, habrá que cumplirla, pues de lo contrario habremos vaciado completamente el estado de derecho. Una dé dos, o nos envían a todos los abogar e ¡Ocijru. goiís- r, sot m ssqrt? se; s ocss dos a ¡a cárcel cuando critiquemos a un juez, o los jueces aprenden a tener más encaje ante las críticas, en muchos casos justificabas. Siempre existirán acciones legales, que todos los ciudadanos tenemos, ante las injurias o calumnias que se nos profieran. Pero la Ley, insisto, debe ser igual para todos si no queremos que siga ocurriendo lo que ahora está pasando: que el pueblo desconfía totalmente de sus jueces e instituciones judiciales y se preguntan como lo hacían los dos niños de Mingóte días atrás en estas mismas páginas: He oído la palabra cachondeo, así que no sé si están contando chistes o hablando de justicia. Jorge TRIAS SAGNIER La desaparición del secretario eliminaría garantías jurídicas La aprobación de algunas de las propuestas del recientemente clausurado congreso La Justicia tiene solución abogando por la desaparición de unos profesionales del Derecho, técnicos procesales y fedatarios públicos como son los secretarios judiciales, produce la impresión de que fuera fruto de una estudiada intención de pretender ignorar y olvidar que el secretario judicial fue configurado desde sus orígenes por el Rey. Sabio en Las Partidas, como garantía del ciudadano de la más absoluta objetividad y veracidad de lo sucedido én un proceso dirigido con todos y cada uno de los requisitos fijados por el legislador, frente a algunos abusos de poder que, por desgracia, siempre han existido y que hoy se podrían seguir detectando. El secretario judicial ejerce su función como garantía constitucional del justiciable y no en sustitución del ciudadano ni del abogado como se ha dicho en ese congreso, al parecer, con el único fin de manejar un argumento que ataca y desfigura uno de los cometidos medulares de este fedatario públicp. El secretario judicial rt es ni juez ni parte; es un testigo público y éonocedor del proceso que no sólo ve, sino qué sabe lo que ve, no siendo la utilización de los medios técnicos más adelantados más que instrumentos de ayuda que, por sí mismos, sólo vienen a aportar una mayor comodidad y agilidad en el proceso, sin sustituir, en ningún caso, la fe pública judicial. El secretario judicial ejerce su función evitando no sólo una posible manipulación de dichos medios, sino también velando por el cumplimiento de los plazos procesales, de la inmediación, etcétera. En definitiva no se puede pretender limitar su función a la de un mero amanuense que recoge materialmente las declaraciones de las partes, ni la escritura de las actas de los juicios. El secretario judicial exige la dirección de la oficina judicial y la completa jefatura del personal. Un funcionario sometido a potestad disciplinaria del juez, es un funcionario mediatizado en su labor. El secretario judicial reclama que su función se vea potenciada y definida en la dirección del proceso de forma que pueda ejercer una fe pública judicial real, plena y efectiva. El secretario judicial, en fin, no está para resolver la litis, ni para ser juez adjunto con facultades de resolución durante las ausencias del juez titular. Esto es desvirtuar la figura del secretario judicial. Un juez adjunto sin fe pública judicial y sin dirección y jefatura de la oficina judicial es una figura anodina; es simplemente el secretario particular o, tal vez, el ama de llaves del juez titular. Y esta supuesta solución para remediar los males de la Administración de Justicia, no es tal solución: es sacrificar una garantía constitucional del ciudadano en aras de una pretendida mayor celeridad. Busquemos pues las soluciones al penoso estado actual de la Administración de Justicia, dando término al imperfecto ejercicio de las funciones de todos los implicados, por la vía de la potenciación de a profesionalidad, con el objetivo final de unarJusticia renovada como base de una verdadera: democracia. María Elena CORNEJO PÉREZ Derecho en ABC Esta sección está coordinada por Sergio Guijarro y se elabora con el asesoram i e n t o de los a b o g a d o s Pedro Hernández- Mora, Jesús Rayón, Jorge Trías Sagnier, Francisco Valero y el procurador de los Tribunales José Luis Ortiz- Cañavate, y la colaboración de José María Jiménez Aguirre. ARAVACA CHALETS INDEPENDIENTES AVENIDA ITALIA í 500 tn parcela privada r De 2313 341 m 1 construidos. 5 P r e c i o cerrado ¿f Créditos hasta 15 años. E S T I N S A Avúi. Pío XII. 57- MA 0 RI 0 í IT 0 S 457 73 00- 457 6812 SE VENDE TALLER CAMISERÍA BE LUJO CON o SIN PERSONAL Negocio en marcha. Zona Orense (Madrid) Interesados Honrar Teléfonos (91) 274 40 40 y 273 15 34

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