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DOMINGO 22- 11- 87- DERECHO -ABC pág. 77 La defensa de laindependencia provoca el enfrentamiento jueces- Consejo General Los magistrados denuncian la manipulación de la potestad sancionadora Madrid. Sergio Guijarro La sanción disciplinaria impuesta por el Consejo del Poder Judicial al juez Andrés Sanz por una actuación jurisdiccional ha encrespado los ánimos de la carrera judicial. Primero fue la Asociación Profesional de la Magistratura la que denunció la intolerable intromisión en la función judicial porque la somete a las de carácter gubernativo Posteriormente, la Junta de Jueces de Madrid, aludió al peligro de la independencia judicial. Esta última iniciativa, que llegó de la mano de dos magistrados de Jueces para la Democracia y otros dos de la Asociación Francisco de Vitoria, elevada al Consejo como exposición originó un acuerdo adoptado por unanimidad del órgano de gobierno de la Magistratura que prohibía terminantemente a la Junta de Jueces de Madrid que se ocupara de materias distintas a sus competencias. El mismo acuerdo ordenaba al decano, Antonio García Paredes, que se abstuviera de convocar Juntas en cuyo orden del día figuraran cuestiones ajenas a su competencia, advirtiéndole que con la infracción de esa orden incurriría en responsabilidad disciplinaria. La reacción de los jueces de Primera Instancia e Instrucción madrileños no se hizo esperar y al día siguiente acordaron la celebración de una nueva Junta para estudiar las medidas que adoptarían. El acuerdo del Consejo provocó también reacciones de solidaridad en distintas ciudades de España y las Juntas de Jueces de Barcelona y Sevilla han convoicado para mañana reuniones para estudiar el conflicto. Por su parte, los jueces de distrito de toda España concentrados el viernes en Madrid, acordaron testimoniar al decano de Madrid su solidaridad y coincidencia con los criterios y la forma en que la Junta de Jueces se manifestó en la exposición debido a un recurso presentado por Andrés Sanz contra el nombramiento de Casas Estévez como presidente de la Audiencia de León. Saavedra instruyó el expediente y decidió el 1 de junio, de acuerdo con el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Valladolid, no formular cargos contra el juez expedientado, decisión que fundamentó en que en el interno concurrían todos los requisitos para la obtención del permiso, en que el informe desfavorable de la Junta de Régimen de la cárcel debía matizarse con las declaraciones efectuadas en el expediente por el director, subdirector y jefe de servicios del centro penitenciario y en que los fundamentos jurídicos de las resoluciones dictadas por el juez, por afectar al orden jurisdiccional, no pueden ser objeto de reproche en esta sede disciplinaria, siendo formalmente correctos entre otros extremos. Semanas más tarde, la comisión disciplinaria acordó devolver el expediente a Saavedra, ordenándole formular pliego de cargos. La resolución indicaba los hechos que debía tener en cuenta el instructor para proponer la sanción. El juez Andrés Sanz formula entonces alegaciones en las que, entre otras cosas, señala que los hechos que se le imputan son en realidad cuestiones de carácter sustantivo o jurisdiccional y procesal, ajenas por lo tanto a verdaderos hechos y conductas objeto en su caso de corrección o responsabilidad disciplinaria Finalizado el expediente, Saavedra decide de nuevo proponer el sobreseimiento del mismo, sin proponer sanción ninguna, decisión que fundamenta en el hecho de que las im- Hernández Gil putaciones efectuadas al juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid constituyen actuaciones llevadas a cabo dentro de sus competencias y en que formal y procedimentalmente no se deducen irregularidades o quebrantamientos r e l e v a n t e s de las normas procesales. Más adelante, el instructor señala entre las razones de su decisión el que los fundamentos jurídicos vertidos como sustentadores de las resoluciones no es posible entender que sean insuficientes ni desprovistos de argumentación acogible a las pautas habituales de la interpretación jurídica El Ministerio Fiscal, por su parte, se muestra conforme con la propuesta de sobreseimiento del expediente. Pese a ello, y con infracción del principio acusatorio que rige en España, según fuentes judiciales y amparándose en una disposición de la LOPJ que lo permite, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de cuatro de sus cinco miembros, acordó el pasado 4 de noviembre, considerar al juez Andrés Sanz autor de una falta muy grave del artículo 417.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hace referencia a el abandono o retraso injustificado y reiterado en el desempeño de la función judicial y sancionarle con un año de suspensión. En la nota informativa facilitada a la Prensa, se afirma que la comisión ha entendido que el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid es auto de la falta indicada, al estimar que la figura del abandono se produce no sólo pasivamente, sino también de forma activa, cuando se obstaculiza el desenvolvimiento y aplicación del ordenamiento jurídico El origen del conflicto El juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, José Donato Andrés Sanz, concedió el 20 de enero de 1987, pese a la oposición de la Junta de Régimen de la cárcel de Zamora y del Ministerio Fiscal, un permiso de salida al ultra Emilio Hellín Moro, condenado por el asesinato de la joven Yolanda González. El penado utilizó este permiso para huir y el día 5 de marzo, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó incoar expediente disciplinario al mencionado juez por una presunta falta muy grave de los números 3 ó 6 del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acuerdo de la comisión disciplinaria afirmaba que en cuanto al número 3 el abandono de la función judicial se consuma no sólo con una postura pasiva del juez ante la función que le es propia, dejando de hacer los que es obligación primordial del cargo, sino también activamente, cuando por medio de un trabajo evidente se dejan de cumplir parámetros esenciales de una aplicación recta e imparcial de la norma La comisión nombró instructor del expediente al presidente de la Audiencia Provincial de León, Javier María Casas Estévez, que fue sustituido más tarde por el presidente de la Audiencia de Vitoria, Juan Saavedra, Ár Sofós y sillones de piel. -5 años de garantía- Financiación directa Solidaridad La decisión del Poder Judicial motivó inmediatamente una reacción de solidaridad en todos los sectores judiciales, al estimarse que la resolución atacaba la independencia judicial, pues se sancionaba disciplinariamente una decisión tomada por un juez en el ejercicio de sus competencias y que en caso de ser errónea debería haber sido corregida por medio de un recurso ante el Tribunal superior jerárquico, pero no disciplinariamente. Días después de conocerse la sanción, la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que no pertenece el juez sancionado, ha a pública una nota en la que denunciaba Hermosilla. 102 Semiesquina Akatól 20 28009 MADRID P l E L M A R T