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J V M. MX. M ABC, pág. 54- TRIBUNA ABIERTA -VIERNES 20- 11- 87. N carácter general, todos los años la ley de Presupuestos Generales del Estado viene presentando modificaciones de leyes tributarias sustantivas, con acentuación de esta tendencia en los últimos tiempos, a la vez que con creciente amplitud de contenido. En esta ocasión, a tenor de su exposición de motivos, la tradicional discusión entre ley formal y ley material, así como las prevenciones a utilizar con carácter normal la ley de Presupuestos para introducir modificaciones en leyes tributarias sustantivas parece darse por superada y resuelta. Así se deduce, al menos, del texto de la mencionada exposición de motivos según la que la ley de Presupuestos puede contener todas aquellas materias que se encuentren directamente relacionadas bien con las previsiones de ingresos y habilitaciones de gasto, bien con los criterios de política general en que las previsiones presupuestarias se sustentan. De esta guisa liega a la conclusión de que cabe cualquier tipo de norma, sea la que fuere, bien que para poder efectuar esta afirmación debe forzar la interpretación más allá de lo aconsejable y aceptable. Y es que la propia sentencia del Tribunal Constitucional dice bastantes más cosas de las que se recogen en el preámbulo del proyecto de ley, que aclaran y matizan adecuadamente el tema. En la sentencia se lee: No obstante es preciso recordar que las peculiaridades constitucionalmente previstas respecto de la tramitación de la ley de Presupuestos suponen evidentes restricciones de las facultades de los órganos legislativos, debido a la referida exigencia de conformidad gubernamental respecto a determinadas enmiendas, exigencia que, por otra parte, se extiende más allá del ámbito del procedimiento presupuestario. No puede, por tanto, descartarse la posibilidad de que la inclusión injustificada de materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria suponga una restricción ilegítirna de las competencias del poder legislativo, al disminuir sus facultades de examen y enmienda sin base constitucional; por lo que, cuando tal cuestión se plantee, será necesario examinar si las regulaciones contenidas en el articulado de la ley de Presupuestos se encuentran relacionadas directamente, como se señalaba en la sentencia del Tribunal Constitucional 63 1986 citada, bien con las previsiones de ingresos y habilitaciones de gasto, bien con ios criterios de política general en que las previsiones presupuestarias se sustentan. c EL DERECHO A LA INTIMIDAD INMERSO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondiente a dicha persona. Precisamente este Por Magín PONT MESTRÉS Convenio trata de evide identificación fiscal y su relación con las tar lo que algún autor ha denominado tentaoperaciones que se realicen con los estable- ciones de unificar todos los datos del ciudacimientos de crédito, tema igualmente ajeno a dano en un archivo único por medio de números de matrícula individual o de un social las previsiones de ingresos y habilitaciones de gasto. Lo mismo sucede con la variación security number en definitiva, personalidad del interés legal del dinero y del interés de sintética de cada ciudadano. Proyectos similares al que acdemora, y con otros diversos. tualmente se pretende establecer Se trata de un conjunto de en España se han pretendido llenormas que modifican la ley Gevar a cabo en otros países con neral Tributaria en temas no dilo que alientan el temor y el mierectamente relacionados con las do en la opinión pública. Así, en previsiones de ingresos y habiliFrancia el proyecto denominado taciones de gasto y con los crite Safari del Ministerio del Interios de política general en que rior, motivó un gran debate dada las previsiones presupuestarias la posibilidad de que 50 millones se sustentan, dicho sea en térmide personas quedaran fichadas nos de la citada sentencia del por medio de un número de maTribunal Cosntitucional que, por trícula individual; se trataba de tanto, en términos de la propia unificar en un solo fichero los dasentencia supone una restricción tos depositados en el equipo in ¡legítima de las competencias del formático del Ministerio de Hapoder legislativo al disminuir sus cienda, de Trabajo y del Catasfacultades de examen y enmienMagín Pont tro. da sin base constitucional. Catedrático de Derecho Tributario En lo que concierne específiObviamente, el Convenio de camente al precepto relativo al Estrasburgo lo que pretende es referido número de indentificación fiscal, es establecer un derecho al control de la circulade observar que lo que pretende es exigir ción de informaciones personales. A este que toda persona física o jurídica haya de te- efecto tiene establecido, tanto en los princiner un número indetificador para sus relacio- pios contenidos en el mismo como en resolunes de naturaleza o con transcendencia tribu- ciones anteriores, que los datos que puedan taria, dejando para desarrollo reglamentario la poner en peligro la intimidad de las personas composición de dicho número y la forma en ó dar lugar a discriminaciones, deberán obque deberá utilizarse. Y es bien sabido, dado servar unas condiciones especiales de circuque los medios de comunicación se han he- lación interna y externa, previstas legalmente, cho reiterado eco de declaraciones oficiales, así como que la utilización de datos debe que lo que se pretende es transformar el DNI, quedar limitada temporalmente ex lege que indentifica a cada uno de los ciudadanos Transcurridos los plazos previstos será preciespañoles, tanto para el cumplimiento de sus so la renovación de la información o, en su deberes como para el ejercicio de sus dere- caso, la cancelación o bloqueo. chos, en un documento tributario que contemY la Constitución española proclama en el ple a las personas no ya como ciudadanos artículo 18.4. que: La ley limitará el uso insino como contribuyentes. Y todo esto al obformático para garantizar el honor y la intimijeto de adecuarlo a las exigencias de la informática para conocer con minucioso detalle lá dad personal y familiar del ciudadano y el situación de cada persona, o lo que es lo pleno ejercicio. de sus derechos! mismo hacer uso de los medios informáticos En esta proclama constitucional se establesin limitación alguna para adentrarse en la ince la reserva de ley para el uso de la infortimidad de las personas, intimidad constitutiva mática. Sin embargo resulta ahora que, no de un derecho expresamente tutelado por la obstante, haber suscrito el Convenio de EsConstitución. trasburgo del Consejo de Europa y, no obstante, existir un precepto constitucional que Además, esto supone, ni más ni menos, el obliga a que por ley se limite el uso de la informática, se incluye ahora en el proyecto de olvido por una parte y el incumplimiento por ley de Presupuestos una norma que, de forotra del Convenio que tiene suscrito el Estama clara y manifiesta, se refiere a aplicaciodo español, para la protección de las persones informáticas que pueden entrar en la intinas con respecto al tratamiento automatizado midad personal, sin antes haber promulgado de datos de carácter personal, hecho en Esla ley marco a que obliga la Constitución para trasburgo el 28 de enero de 1981 y aprobado y ratificado por España el 27 de enero de delimitar con claridad las coordenadas dentro de las que la informática puede se utilizada 1984, que fue publicado en el BOE el día 15 de noviembre de 1985. En este Convenio con plena garantía de la intimidad personal. No importa, al pareper, que en España, como se establece en su artículo primero que: El fin del presente convenio es garantizar en el afirma un autor, la legislación vigente sobre el derecho a la intimidad sea fragmentaria, antiterritorio de cada parte a cualquier persona fícuada, incompleta, asistemática, indirecta, essica, sea cual fuere su nacionalidad o su resiporádica e incidental. Sólo parece importar dencia, el respeto de sus derechos y libertauna cosa: el Fisco. des fundamentales, concretamente su derecho Obsérvese, pues, cómo la lectura de la totalidad del apartado transcrito pone en tan clara como manifiesta y diáfana evidencia que la ley de Presupuestos puede suponer restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo. Precisamente este caso se da, a mi juicio, cuando el proyecto de ley modifica la ley General Tributaria en lo concerniente al recargo de apremio, o cuando cuida de variar determinados artículos de la misma ley relativos a infracciones tributarias, pues, que yo sepa, la regulación de la modificación de las infracciones tributarias es tema ajeno a las previsiones de ingresos y habilitaciones de gasto. Lo mismo ocurre en lo concerniente al número