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28 A B C NACIONAL VIERNES 13- 11- 87 González duda en intervenir en el debate autonómico Madrid El presidente del Gobierno, Felipe González, podría no intervenir en el debate sobre el estado de las autonomías que se celebrará en el Senado a finales de este mes. Medios próximos a la Moncloa indican que el presidente del Gobierno tiene serias dudas sobre la conveniencia de intervenir en el debate, toda vez que no va a haber una comunicación directa del Gobierno sobre la cuestión y el debate se centrará sobre un informe que en estos momentos redacta una comisión de senadores. El informe servirá de guión para el debate general y se elabora sobre la base de las propuestas concretas de los distintos grupos parlamentarios tras ocho meses de comparecencias ante la Comisión de Autonomías de la Cámara Alta de presidentes de Gobiernos regionales y altos cargos de la Administración. El peso de la intervención gubernamental recaerá sobre el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, que ofrecerá una detallada información sobre el desarrollo del proceso autonómico. En todo caso, es posible que Felipe González haga una pequeña introducción institucional al debate, pero sin mayor trascendencia política. El último debate autonómico se celebró en febrero de 1985 y desde entonces tanto el Gobierno como el PSOE se han venido negando a todas las peticiones que en este sentido ha venido formulando la oposición. El Gobierno limita a mil los funcionarios a los que se aplicará la libre designación Hasta el nivel de consejero técnico, los puestos se cubrirán por concurso Madrid. J. M. Zamarro El nuevo texto de la ley de la Función Pública que ha redactado el Gobierno señala que la promoción de funcionarios por el sistema de libre designación se aplicará únicamente a aquellos que tengan un nivel profesional superior al 28, correspondiente a consejero técnico. Se estima que los funcionarios afectados son aproximadamente un millar. La actual ley se modifica tras una sentencia en contra del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de junio pasado declaró ilegales aspectos parciales y concretos de seis artículos de la ley de la Función Pública. El Alto Tribunal consideraba que las atribuciones que dichos artículos otorgaban al Gobierno debían ser reguladas por normas estatutarias con rango de ley, no pudiendo estar sujetas a reglamentación directa por el Ejecutivo. Como consecuencia de esta sentencia, el Ministerio para las Administraciones Públicas, que dirige Joaquín Almunia, ha tenido que redactar Joaquín Almunia una ley que modifique al actual en los términos señalados por el Tribunal Constitucional. El anteproyecto ya está elaborado y próximamente será estudiado por el Consejo de Ministros para su envío al Congreso. exposición de motivos que justifica esta decisión se dice explícitamente que la carrera profesional de los funcionarios no puede depender de criterios puramente discrecionales a la hora de ascender, como es la libre designación, dada la inseguridad que ello genera. En repetidas ocasiones tanto eJ ministro Almunia como el secretario de Estado para la Función Pública, Teófilo Serrano, han insistido en que la política del Departamento es limitar la libre designación en toda la Administración a los casos estrictamente necesarios. Para dar ejemplo a! resto de los Departamentos, el Ministerio ha sacado a concurso, por primera vez en la historia adminitrativa, la convocatoria para cubrir dos puestos de subdirectores generales, cargos que. sistemáticamente se han adjudicado a dedo hasta ahora. Ayer, en un acto con representantes internacionales del sector público, Almunia expresó el deseo del Gobierno de compartir con los funcionarios el diseño de las reformas administrativas que se van a poner en marcha. w La modificación de la ley no se va a limitar a los aspectos concretos que marca la sentencia del Alto Tribunal y el Ministerio va a aprovechar la ocasión para introducir algunos cambios en el texto legal, a la vista de la experiencia acumulada desde 1984. Un aspecto no afectado por la citada sentencia, pero que se va a modificar, es el relativo a la provisión de puestos de trabajo dentro de la Administración, que se detalla en el artículo 20. En su redacción actual señala que los puestos de trabajo se cubrirán de forma habitual por el sistema de concurso de méritos, quedando reservado el sistema de libre designación a casos excepcionales, sin mayores precisiones. El Ministerio para las Administraciones Públicas considera que es necesaria una mayor concreción de este precepto y por eso entre las modificaciones de la ley se señala la obligatoriedad de cubrir por el sistema de concurso todos los puestos de trabajo de nivel 28 o inferior, salvo los de las Secretarías de los ministros y las Jefaturas de Secretaría de los restantes órganos superiores, fijándose un plazo máximo de treinta días. Desde que se hizo público el primer borrador de la propuesta de la Administración para modificar la ley de la Función Pública a primeros de septiembre, el Gobierno ha modificado su postura inicial restringiendo 7 al máximo la discrecionalidad para las libres designaciones. En ese primer borrador se señalaba el nivel 26 como el tope para los concursos de méritos, quedando unos cinco mil funcionarios sujetos a la libre designación para progresar en sus carreras. Ahora se sube al nivel 28, con lo que se reduce a mil los posibles afectados por esta medida. 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