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ABC MADRID 12-11-1987 página 31
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ABC MADRID 12-11-1987 página 31

  • EdiciónABC, MADRID
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JUEVES 12- 11- 87- OPINIÓN -ABC, pág. 31 M A M PRESUPUESTO EN JUSTICIA A buena administración de Justicia es presupuesto imprescindible para garantizar el equilibrio de poderes en una democracia. Si falla, la normalidad funcional de los procedimientos judiciales- de cualquier naturaleza o escala- -se desvirtúa el sistema democrático. P r o t e s t a n a h o r a como apuntábamos ayer, jueces y magistrados, con razón, del infradotado presupuesto que obstaculiza el cumplimiento de su función sin deficiencia, sin escandalosas demoras. El Gobierno tiene que hacer el esfuerzo que sea necesario para que la dotación destinada a cubrir las necesidades de la administración de Justicia sea suficiente y la función judicial recupere, en la opinión pública, el respeto que merece. Porque el descrédito de la Justicia acaba antes o después con todo régimen democrático. Solamente una rigurosa limitación del volumen de los presupuestos nacionales podría en último extremo explicar la parquedad de la cobertura económica destinada a la Justicia. Pero nos encontramos en el caso contrario. Los presupuestos de las Administraciones públicas y de la Seguridad Social correspondientes al próximo año superan los catorce billones de pesetas. No cabe, por tanto, alegar escasez de dinero para mantener a la administración de Justicia en tan precarias condiciones. Más notorio parece que se trata de. otro asunto: de la ineficiente o arbitraria asignación de recursos a las necesidades preferentes. De otro modo, no es posible comprender que padezca gravísima escasez de medios la función judicial al tiempo que se dedican cuantiosas cantidades a subvenciones, tan anómalas como la de los partidos políticos. O al tiempo que se emiten cientos de miles de millones de deuda para cubrir los desastrosos resultados de la llamada expropiación de Rumasa. Mención especial clama en esta materia el urgente, imprescindible aumento de las dotaciones presupuestarias que demanda el conjunto del sistema carcelario del país. La situación, también por escasez de inversiones, es explosiva en las cárceles, en las que la acumulación y el desorden hacen imposible el L cumplimiento de preceptos constitucionales sobre los derechos de los presos y el normal ejercicio de la autoridad de los funcionarios de prisiones. Situación, en fin, tan patéticamente desesperada y tan peligrosa, que actúa como un factor de lenidad a la hora de decidir, en ocasiones, el efectivo ingreso preventivo en prisión de un supuesto delincuente e incluso de algún condenado. ¿Cómo aceptar que todo esto siga ocurriendo? La función de la administración de Justicia es vital en un régimen de libertades: tanto que no puede ser orillada en las preocupaciones de un Gobierno sin que este mismo Gobierno perjudique la estabilidad general de la nación. A puesta en funcionamiento de la loto en Cataluña amenaza con convertirse en un asunto político de envergadura. Los términos del problema son relativamente simples: la oposición reprocha a la Entidad A u t ó n o m a de J u e g o s y Apuestas (EAGA) el haber suscrito un contrato con la sociedad irlandesa LUDITEC que adolece de irregularidades sustanciales. El porcentaje de participación de esta sociedad sería de más del 25 por 100 y no habría contado con la preceptiva autorización sobre inversiones extranjeras. Este porcentaje podría haber aumentado mediante una ulterior ampliación de capital y la venta de una gran parte del paquete de acciones de la Caixa de L DEBATE SOBRE EL JUEGO EN CATALUÑA Barcelona a un grupo que DE A delegada del Gobierno en Madrid parece decidida a acotar espacios en la capital a fin de evitar que las manifestaciones paralicen o dificulten un día y otro la vida ciudadana. Parece justo respaldar a la señora Tutor en este empeño. No tiene sentido acusar a la delegada del Gobierno de limitar el derecho de libre manifestación, como se ha insinuado desde alguna tribuna sindical. Los sindicatos, como todas las organizaciones ciudadanas, mantienen íntegras sus libertades de expresión y manifestación aunque la autoridad gubernativa mantenga su derecho de prohibir la ocupación de calles y plazas que son puntos críticos del tráfico urbano. Es necesario acotar espacios y horarios. Sólo una sociedad sin criterio, en la que se ha perdido el sentido común, puede creer que toda manifestación es posible en todo lugar y momento. El espectáculo reciente de los bomberos en protesta, taponando la calle de Alcalá; la barbarie futbolística de quienes se encaraman a la Cibeles, deteriorando una de nuestras mejores esculturas neoclásicas mientras la Policía se cruza de brazos; el espectáculo, en fin, de cuatro camiones atravesados ante la Puerta de la Independencia, es el de una ciudad que ha perdido el norte, que no se respeta a sí misma y que ha olvidado lo que es: la capital de España. L Presidente- Editor GUILLERMO LUCA DE TENA Director LUIS MÁRIA ANSON Director de ABC de Sevilla Subdirectores Francisco Giménez- Alemán Darío Valcárcel, Joaquín Vila, José Javaioyes, Manuel Adrio, Joaquín Amado Subdirector: Antonio Burgos Jefes de Redacción: J A. Gundín (Continuidad) J. C. Azcue (E. Especiales) B. Berasátegui (ABC Literario) A. Fernández (Economía) J. I. G. a Garzón (Cultura) A. A. González (Continuidad) R. Gutiérrez (Continuidad) L. Lz. Nicolás (Reportajes) C. Marrbona (Continuidad) J. L. 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Parece claro que el asunto, como decíamos al principio, posee un trasfondo político, y esto es lo que se ha puesto de manifiesto en el debate que ayer tuvo lugar en el Parlamento autonómico catalán. El consejero de gobernación de la Generalidad, Agustí Bassols, consideró un infundio las acusaciones de cohecho que se han formulado y señaló que la Generalidad había estudiado 36 ofertas procedentes de 150 empresas, entre ellas 53 extranjeras. Pero fue al fondo de la cuestión al hablar de los límites éticos de la política e indicar que todas las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio contra el Gobierno Pujol en vísperas de la próxima confrontación electoral, cuando las encuestas a u g u r a n una amplia mayoría para Convergencia. La transparencia es la condición fundamental de una sociedad democrática. En este sentido, es inexcusable que por las entidades afectadas se aporten las pruebas suficientes qué despejen cualquier duda en el comportamiento de la administración catalana, y, en su caso, se sustancien las responsabilidades a que hubiera lugar. Sin embargo, resulta ciertamente sospechoso que todo este a s u n t o haya saltado a la actualidad a pocos meses de las elecciones autonómicas. No es la primera vez, y ahí está el asunto de Banca Catalana, que se ha tratado de salpicar a un partido con el barro de la calumnia ante la imposibilidad de derrotarlo en las urnas.

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