Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
DOMINGO 8- 11- 87 tencia del Tribunal Constitucional, también conviene decir que aunque los títulos nobiliarios, en el plano estrictamente conceptual, no son más que una preeminencia o prerrogativa de honor están sometidos en todo caso a una regulación legal que forma parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, no faltando la figura delictiva del uso indebido de títulos nobiliarios (artículo 322 del Código Penal) y siendo patente e indiscutible que los litigios sobre mejor derecho al uso y posesión de los mismos han de decidirse necesariamente ante y por los Tribunales ordinarios de Justicia. La consideración actual de los títulos de nobleza como meras preeminencias u honores tampoco puede servir de apoyatura para forzar y encauzar por esa vía, deformando el alcance de tal calificación, la interesada pretensión de quienes pretenden mantenerlos alejados del ámbito de aplicación del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, principio que inunda y afecta al entero ordenamiento y que es de aplicación a todas las ramas del Derecho según declaración, ya puntualmente reseñada, del propio Tribunal Constitucional. Recordemos que entre los artículos de nuestro Código Civil antes mencionados que quedaron suprimidos en el proceso de adecuación de nuestro ordenamiento civil a la nueva realidad sociojurídica destacaban por su expresiva significación tradicional precisamente aquéllos que, sin contenido directo patrimonial, proclamaban que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido y que la mujer está obligada a seguir a su marido dondequiera que fije su residencia Y no se puede ignorar desde otra perspectiva la evidencia de que, por virtud de variadas y muy frecuentes disposiciones testamentarias, la posesión de muchos títulos lleva aparejadas de hecho importantes atribuciones patrimoniales, de manera que siendo válida en el plano conceptual la calificación simplificadora de preeminencias u honores la sucesión o declaración judicial de mejor derecho al título se traduce en ocasiones en cuestión de enorme transcendencia económica, al convertirse el nuevo titulado de la merced nobiliaria en heredero privilegiado y titular de lo más significativo y valioso del caudal hereditario familiar, tal como mi pasada experiencia profesional me ha enseñado en variados litigios nobiliarios: Palacio situado en la ciudad de con jardín amurallado que linda con las calles de Colección de tapices flamencos de valor incalculable... Retratos de nuestros antepasados pertenecientes al linaje de la Casa, con firma de... La totalidad de la plata de la Casa, con escudo en cada pieza... etcétera. DERECHO te: Vistos y examinados los treinta artículos de dicha Convención. Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución. Vengo en aprobar, y ratificar cuanto en ella se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación (sic) y firmeza, mando expedir este instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infraescrito ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente reserva: La ratificación de la Convención por España no afectará a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española. Dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Resulta evidente e incuestionable que la única reserva hecha por España a los treinta artículos de la Convención son las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española Precisamente, las disposiciones constitucionales y sólo las de tal rango (artículo 57 de la Constitución) sin referencia alguna a derechos históricos o a la tradición, lo que evidencia el carácter excepcional que venimos atribuyendo a aquella norma constitucional (excepcionalidad expresa) que impide de todo punto interpretación extensiva que abarque otro tipo de legislación o derechos históricos o tradicionales. Quien esto escribe ni siquiera se plantea la posibilidad de que, habiendo ratificado España la citada Convención varios años después de la fecha de la misma (cuatro años menos dos días) quepa ni remotamente pensar en ligereza o improvisación de los competentes servicios jurídicos del Estado, que oportunamente estudian e informan sobre la conveniencia de la firma y contenido, significación y alcance de las Convenciones y Tratados internacionales que España suscribe y que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Constitución, formarán parte del ordenamiento interno, una vez publicados oficialmente en España a partir de cuya fecha serán de aplicación directa en España (artículo 1.5 del Código Civil) Los términos en que están redactados los artículos de la Convención llaman la atención por su estilo contundente y rotundo y en ellos se conmina no sólo a los Estados signatarios sino, específicamente, a los Tribunales a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los Tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación A B C 65 cualquier jurista o profesional del derecho debe saber que la modificación del Código Civil de 13 de mayo de 1981 en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio (reforma precisamente encaminada a la adecuación de tales materias a los principios y valores contenidos en la Constitución) supuso que el nuevo artículo 109 del Código prevea y disponga que: El hijo, al alcanzar la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de sus. apellidos La circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de junio del mismo año precisó al efecto que toda persona mayor de edad podrá obtener en cualquier momento, por comparecencia ante el encargado, la inversión de sus dos apellidos y en línea con la facilidad y simplificación de tal opción el actual artículo 198 del Reglamento del Registro Civil, redactado conforme al Real decreto de 29 de agosto de 1986 BOE de 19 de septiembre) dispone que: La inversión de apellidos de los mayores de edad, así como la solicitada conforme a la ley por los representantes legales de los menores, podrán formalizarse mediante simple declaración ante el encargado del Registro Civil del domicilio, y no surten efecto mientras no se inscriban No se trata, pues, de expedientes que necesiten de especiales pruebas y alegaciones, como ocurre con los relativos a unión de apellidos, sino que para la simple inversión de los mismos, pasando el de la madre al primer lugar, basta, como dice el artículo 198 del Reglamento, la simple declaración ante el encargado del Registro Civil Por lo que se refiere al próximo futuro af que antes aludí, decir únicamente que el Consejo de Ministros celebrado hace un par de semanas conoció y aprobó un conjunto de medidas elaboradas por iniciativa del Instituto de la Mujer, tendentes a eliminar y suprimir discriminaciones que todavía afectan a aquélla por razón de sexo. Entre ellas figura el proyecto de reforma del Código Civil en materia de orden de apellidos, que va a significar que los niños españoles podrán llevar él apellido de su madre en primer lugar desde el momento mismo del nacimiento, sin necesidad de esperar a la mayoría de edad o con intervención de los representantes de los menores, como ahora dispone el vigente artículo 198 del Reglamento. La decisión de invertir el orden de los apellidos podrán adoptarla los padres desde el nacimiento de sus hijos por simple declaración opcional, aplicándose por igual a todos los hijos, para que los hermanos tengan los apellidos en el mismo orden. Consideraciones finales Quiero terminar estas reflexiones sobre la procedencia de la declaración de insconstitucionalidad de la discriminación sistemática de la mujer en las sucesiones nobiliarias, recordando que estamos en presencia de la aplicación, a un minoritario pero significativo sector social, de un principio constitucional básico, cual es el de la igualdad y no discriminación por razón de sexo. No se trata de imponer la utopía de la igualdad absoluta. Se trata de poner término, por incompatible con el sistema jurídico constitucional vigente, a una situación concreta que, al amparo de una tradición y normatividad anacrónica y superada, entraña y significa una violación del derecho fundamental a la igualdad, al margen de la consideración que nos merezca el derecho al título nobiliario como tal y encarnando la masculinidad el único principio claramente anticonstitucional que aún subsistía en Derecho nobiliario. Se predica y pretende por los defensores del principio de masculinidad la subsistencia de un trato discriminatorio histórico que supone hoy día desigualdad injusta e irritante para la mujer. Discriminación sistemática y genérica de la mujer por el simple e inevitable hecho de ser tal. Y esto se hace buscando amparo y protección España suscribe la Convención de Nueva York 16 de diciembre de 1983: España suscribe la Convención de Nueva York sobre eliminación dé todas las formas de discriminación contra la mujer en la que textualmente se afirma y declara que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana Por si todo lo anteriormente expuesto no fuera suficientemente expresivo, el 16 de diciembre de 1983 España suscribió y pasó a ser Estado signatario de la Convención sobre La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, en la que de forma categórica y taxativa se dice que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana Publicada la ratificación en el Boletín Oficial del Estado de 21 de marzo de 1984, con la firma del Rey y refrendo del ministro de Asuntos Exteriores, en su encabezamiento se dice literalmen- Sin pérdida del apellido propio del título La eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer no supone pérdida del apellido propio del título nobiliario. Entre las objeciones más repetidas en estos días para oponerse a la eliminación, por inconstitucionalidad sobrevenida, de la preferencia del varón sobre la mujer en las sucesiones nobiliarias se ha insistido, de un modo obsesivo y con patente desconocimiento de la cuestión, en que aquella novedad comportará irremediablemente la pérdida del apellido propio de la merced. Pues bien, tal afirmación es errónea, tanto desde el punto de vista del presente, esto es, con arreglo a la vigente legislación, como desde una perspectiva de futuro inmediato, ya conocido y divulgado por los medios de comunicación que se han hecho eco en los pasados días de la aprobación por e Consejo de Ministros de un proyectóle ley sobre inversión del orden de los apellidos de los padres. Por lo que concierne a la legislación vigente,