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64 ABC trascendencia del cambio social y constitucional y del nuevo orden jurídico. Alegar frente a ello razones de respeto a la tradición me parece poco convincente, pues, para mí, respetar la tradición no significa aferrarse a errores y desigualdades del pasado, sino extraer de éste, conservar y vivificar lo que de bueno y racional presente. Los progresos más importantes de la historia han consistido en romper con tradiciones que hasta entonces eran unánimemente admitidas aunque implicaran injusticias y desigualdades: el cristianismo (y perdón por la cita) es el mejor de los ejemplos. DERECHO mente pasó a nuestro Código Civil (1889) y se concretó en una serie de preceptos, posteriormente derogados por reformas encaminadas a la actualización y adaptación de nuestro primer Cuerpo legal a la realidad social del tiempo presente: El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido La mujer está obligada a seguir a su marido dondequiera que fije su residencia El marido es el administrador de la sociedad conyugal El marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de procurador Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en ios casos y con las limitaciones establecidas por las leyes Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos, hechas sin la licencia del marido, sólo se convalidarán cuando éste hubiese consentido a su mujer el uso y disfrute de tales objetos La mujer casada sólo puede aceptar el mandato con autorización de su marido La madre (no el padre) que pase a segundas nupcias pierde la patria potestad sobre sus hijos... No pueden ser testigos en los testamentos las mujeres, salvo en caso de epidemia La mujer casada no podrá aceptar ni repudiar herencias sino con licencia de su marido etcétera... Preceptos todos ellos que, junto con otros, han sido derogados y suprimidos precisamente por su discordancia con los principios que informan el nuevo orden jurídico, debidamente asentado en la realidad social de nuestros días. DOMINGO 8- 11- 87 especialista, aun reconociendo categóricamente que no existe ahora ninguna circunstancia que coloque al varón sobre la hembra para ocupar una vacante nobiliaria que nada va a perder ni a ganar la institución nobiliaria con tal supresión y que semejante discriminación ya no tiene razón de existir aquél ciña su propuesta a los títulos de reciente creación, lo cual resulta, en su caso, lógico ya que él no se plantea la cuestión jurídica de inconstitucionalidad sobrevenida de una norma preconstitucional discriminatoria, sino sólo la conveniente adecuación y sintonía de aquélla con la realidad social de nuestros días. La secular postergación y discriminación de la mujer a lo largo de la Historia De los cuatro factores que tradicionalmente han entrado en juego para determinar el mejor derecho a las sucesiones nobiliarias- -línea, grado, sexo y edad- sólo el tercero, es decir, la sistemática preferencia del hombre sobre la mujer, por innecesaria y precisamente por ello, es discriminatoria e irritante, porque la esencia de la igualdad consiste no en prescribir diferenciaciones o singularizaciones, sino en evitar que éstas carezcan de justificación objetiva razonable (sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre de 1986) Lo que conculca, pues, el principio consagrado en el artículo 14 de la Constitución es exactamente la desigualdad irrazonable. E irracional e injusto resulta mantener hoy día la aplicación a parte del Ordenamiento jurídico de un principio selectivo que en modo alguno obedece a la necesidad de su empleo para aplicar el orden sucesorio, sino que resulta ser vestigio del tradicional y anacrónico trato de inferioridad hacia la mujer profundamente arraigado en la consideración social de tiempos pa- sados e incorporado lógicamente a las disposiciones jurídicas de la época. La concepción mezquina de la mujer tiene su precedente en el Derecho romano, en el que la mujer aparece cualificada por tres notas fundamentales que se consideraban propias del sexo femenino: imbecillitas (inferioridad psicológica) fragilitas (debilidad ó inferioridad física) y levitas animi (frivolidad) En el Derecho castellano la desigualdad jurídica de los sexos estaba sancionada como principio general por la ley 2, título 23, Partida cuarta, a cuyo tenor: Otrosí de mejor condición es el varón que la mujer en muchas cosas o en muchas maneras, así como- íe muestra abiertamente en las leyes de los títulos de este nuestro libro siendo numerosísimas las restricciones e incapacidades de la mujer, tanto en la órbita del Derecho privado como en la de Derecho público, ya que, en una y otra, la mujer necesitaba siempre de la protección y asistencia, primero del padre y después del marido, y así, por ejemplo, es sabido que en las leyes, de Toro la mujer casada necesitaba licencia del marido tanto para aceptar pura y simplemente herencia (1.54) como para contratar (1.55) Esa desigualdad jurídica de los sexos, sancionada en los textos de la época, era fiel reflejo de la concepción social imperante; la concordancia entre aquéllos y ésta tiene también su reflejo en la propia literatura, campo donde la inferioridad de la mujer se nos ofrece como cuestión indiscutida. Basta hojear El Quijote para encontrar, especialmente en su segunda parte, refranes tan expresivos como: Entre el sí y el no de la mujer no me atrevería yo a poner una punta de alfiler La mujer honrada la pierna quebrada y en casa La mujer y la gallina, por andar se pierden aina La doncella honesta, el hacer algo es su fiesta o el diálogo entre Teresa Panza y el escudero: que con esta carga nacemos las mujeres de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos perros Esa patente y aceptada desigualdad, residual- Casar con persona notoriamente noble La condición de casar con persona notoriamente noble Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 1982: sentido y alcance de la misma. Cuestión distinta a la genérica y sistemática discriminación de la mujer, por el simple e inevitable. hecho dé serlo, es la validez y eficacia de determinadas condiciones que algunos mayorazgos solían imponer al sucesor, como, por ejemplo, la de casar con persona notoriamente noble exigencia que el Tribunal Constitucional no estimó discriminatoria en su sentencia, ya mencionada, de 24 de mayo de 1982, confirmando así el criterio mantenido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en la suya de 28 de noviembre de 1981. El Tribunal Constitucional afirmó como causa decidendi que el casar o no con persona noble no puede afectar en modo alguno a la dignidad de las personas Pero de tal afirmación y del hecho innegable de que los títulos nobiliarios son hoy día preeminencias u honores que no conservan su naturaleza de función pública, no puede deducirse- -como algunos obstinadamente pretenden- que toda condición exigida para suceder en ellos haya de estimarse constitucionalmente lícita. Si, por ejemplo, la condición consistiese en no pertenecer a la raza negra o a la raza judía, forzosamente habrían de estimarse discriminatorias y contrarias al artículo 14 de la Constitución, por ser intrínsecamente atentatorias a la dignidad de la persona. Por razones que no hacen al caso, conocí y seguí puntualmente en su día todo el procedimiento (marquesado de Cartagena) que concluyó con la meritada sentencia del Tribunal Constitucional, procedimiento en el cual los argumentos de los letrados contendientes resultaron ciertamente sugestivos. Al hilo de aquellas interesantes argumentaciones, sinceramente creo que el supuesto allí debatido (condición configurada como un plus añadido a la condición de mujer) no es asimilable al de la discriminación genérica y sistemática de toda mujer, por el hecho de serlo, discriminación que sí afecta a la dignidad de la persona (mujer) Porque frente a un plus añadido como condición, en nuestro caso se trata de la total postergación de la mujer al varón, simplemente por el dato de ser mujer, lo que afecta a toda una entera categoría de personas: las del sexo femenino. Y es esa sistemática preferencia del hombre sobre la mujer lo que implica verdadera vulneración del principio de igualdad porque, como ha declarado la reciente sentencia de 19 de diciembre de 1986, la esencia de la igualdad consiste no en prescribir diferenciaciones o singularizaciones, sino en evitar que éstas carezcan de justificación objetiva razonable Y como anteriormente ya dije, irracional e injusto (desigualdad irrazonable) resulta mantener hoy día la aplicación a una parte de nuestro ordenamiento de un principio selectivo y jerárquico que en modo alguno obedece a la necesidad de su empleo para aplicar el orden sucesorio, sino que son, como ha quedado expuesto, vestigio de pasadas épocas felizmente superadas. Y abundando en lo apuntado en la propia sen- Discriminación jurídicamente prohibida y socialmente rechazada en nuestros días Hasta el ya citado conde de Borrajeiros, decidido defensor del principio de masculinidad en las sucesiones nobiliarias, ha reconocido expresamente la sinrazón de esa discriminación en el campo del Derecho nobiliario. Modernamente- h a escrito quien durante tantos años fue magistrado de la Sala Primera del Tribunal Suprem o- al pasar la mujer a desempeñar iguales cargos que el varón, abandonando su exclusiva dedicación al hogar, resulta verdaderamente anacrónico que se siga concediendo preferencia al varón sobre la hembra en la sucesión de mercedes nobiliarias recientemente creadas. Si las hembras desempeñan los mismos cargos que los varones fuera del hogar y si tanto aquéllas como éstos realizan las mismas prestaciones al Soberano y al Estado (pagan los mismos impuestos en la sucesión) no se comprende que pueda subsistir la misma preferencia masculina en los nuevos títulos. No existe ahora ninguna circunstancia que coloque al varón sobre la hembra para ocupar una vacante nobiliaria. Actualmente podría pensarse en suprimir esa preferencia de la masculinidad en las mercedes nobiliarias que se creen. Nada va a perder ni a ganar la institución nobiliaria con la supresión, en lo futuro, de semejante discriminación que ya no tiene razón de existir. Pues bien, esa discriminación que ya no tiene razón de existir en palabras del reconocido especialista, es razón sociológica que, junto a las jurídicas expuestas, justifican la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad sobrevenida de la añeja preferencia del varón sobre la mujer contenidas en las recientes sentencias del Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 14 de la Constitución y por el cauce obligado- según se nos ha enseñado- de la disposición derogatoria tercera de la Constitución. Preceptos éstos que Borrajeiros ni siquiera menciona, congruente con su concepción de la Constitución como afirmaciones que no pasan de ser declaraciones programáticas encaminadas a halagar a las masas y a sabiendas de que algunas de ellas son totalmente irrealizables y no van a tener eficacia práctica nunca De ahí que dicho