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DOMINGO 8- 11- 87 afirmaciones no pasan de ser declaraciones programáticas encaminadas a halagar a las masas y a sabiendas de que algunas de ellas son totalmente irrealizables y no van a tener eficacia práctica nunca Con el máximo respeto a la persona que sostiene tal visión del valor y eficacia de nuestra vigente Constitución: Taboada Roca, conde de Borrajeiros (con quien, por cierto, se dan en mi caso las coincidencias de paisanaje, magistrado también de la Sala Primera del Tribunal Supremo hasta su jubilación tras haber sido ponente en numerosas sentencias sobre títulos nobiliarios, materia en la que es autor de varias publicaciones) rechazo firmemente esa concepción tan negativa de nuestra ley fundamental que la convierte en pura entelequia. Frente a tal planteamiento, reafirmo mi convicción en la fuerza vinculante y expansiva de aquélla, que obliga a jueces y Tribunales a hacer presentes en la aplicación cotidiana de las normas los grandes principios constitucionales, aunque ello comporte perjuicio o pérdida de privilegios tradicionales para algunas personas en beneficio de otras, que han estado hasta ahora postergadas y discriminadas con arreglo a normas y criterios preconstitucionales totalmente acordes con la realidad jurídica y sociológica de tiempos pasados, pero cuya pretendida vigencia y respeto significa conculcación del principio constitucional de igualdad y no discriminación por el hecho de ser mujer. DERECHO todos los españoles menos a aquella minoría que ostenten o aspiren a ostentar un título nobiliario. En defensa de esa actitud para seguir manteniendo como válida la discriminación o postergación sistemática de la mujer en las sucesiones nobiliarias, se viene afirmando también que con suprimir la preferencia de la masculinidad, no por ello dejarían de subsistir otros criterios discriminatorios (la línea, el grado y la edad) Pero ello no es exacto y sí tendencioso, en la medida en que si la posesión de un título nobiliario es un hecho lícito y compatible con la Constitución (sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de marzo de 1982) los criterios determinativos del mejor derecho a esa posesión, en cuanto imprescindibles al fin que los motiva, no pueden considerarse discriminatorios en el específico sentido y alcance que el Tribunal Constitucional asigna al principio de igualdad ante la ley, que sólo es violada si la desigualdad de trato está desprovista de una- justificación objetiva y razonable A nadie se le ocurre pensar, por ejemplo, que la preferencia de grado en la sucesión común en las herencias, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto artículo 921 del Código Civil) es discriminatoria. Lo irracional e inadmisible hoy día sería que en igualdad de grado fuese preferido el hombre a la mujer o viceversa. Como creo sinceramente en la fuerza expansiva y vinculante de los principios constitucionales y en la realización de los fines reputados como valores en nuestra Ley suprema (auténtica cristalización de los principios generales del Derecho) para mí no hay ni puede haber más excepciones, a tal planteamiento que aquellos que de forma tasada y expresa (como corresponde a la propia nota de excepcionalidad) recoge la Constitución misma, como es el caso evidente e indiscutible del importante artículo 57, específicamente consagrado a la sucesión de la Corona, en la cual, como vamos a ver, entran en juego otros principios y valores que no se dan en las sucesiones nobiliarias. Y es ahí, por esa vía tan singular y específica, por donde se pretende conseguir que las sucesiones nobiliarias que hoy día no son más que meras distinciones u honores según el Tribunal Constitucional, puedan seguir acogidas a un orden sucesorio constitucionaímente reservado a la Corona, la cual es evidentemente institución pública y constitucional en la que convergen intereses y razones de Estado (Jefatura del Estado) que, desde luego, no son ni predicables ni exíensibles a los particulares. Es evidente que ni la actual Monarquía española ni los títulos de nobleza guardan hoy relación alguna con los que fueron y representaron en el antiguo régimen. La identificación ReySoberano desapareció, de igual forma que la condición de subdito ha cedido a la de ciudadano. Y los títulos de nobleza no son ya, como entonces, signos definitorios de un status o condición jurídica estamental y privilegiada (tal como puntualizó la sentencia de 24 de mayo de 1982 a la que luego me referiré) pese a lo anacrónico pero significativo que resulte observar que los Estatutos vigentes de la Diputación de la Grandeza (sólo varones) sigan llamando y denominando a sus miembros como la clase (Real Orden de 21 de julio de 1915. Estatutos) El origen del error de identificación entre Corona y títulos nobiliarios obedece- como acertadamente ha señalado el conde de Borrajeiros a una síntesis referencial que impuso el uso: en vez de proclamarse que el orden de suceder en las mercedes nobiliarias era el establecido en un extenso complejo de leyes, del cual formaba parte la ley segunda, título 15 de la Partida segunda (que regulaba la sucesión a la Corona) se abrevió la alusión y se concretó a esta última locución- sucesión a la Corona- con lo cual se produjo grave corruptela que tantas desvia- A B C 63 ciones nobiliarias ocasionó, no sólo administrativamente, sino también en la vía judicial A corregir ese error, ahora por algunos interesadamente manipulado, se han encaminado las recientes sentencias de 20 de junio y 27 de ¡ulió del corriente año, según las cuales el orden regular seguido tradicionalmente en la sucesión de dignidades nobiliarias no es otro que el que rigió para los mayorazgos regulares a partir de las 83 leyes promulgadas en nombre de la Reina doña Juana la Loca en las Cortes celebradas en Toro en 1505... El orden que éstas previenen para la sucesión en los mayorazgos no puede ser identificado con el que establecieron las Partidas para suceder en la Corona, ni con el regulado a. tal fin en nuestras viejas constituciones políticas. La sucesión en la Corona- precisa la segunda de las citadas resoluciones- es materia de Derecho público constitucional, mientras la que rige en los mayorazgos lo es de Derecho privado Matización que, añadimos ahora, ya hizo observar Montesquieu al explicar que el orden de sucesión no se establece en favor de la familia reinante, sino porque interesa a! Estado que haya familia reinante. La ley que regula la sucesión de los particulares es una ley civil que tiene por objeto el interé de los particulares; la ley que regula la sucesión a la Monarquía es una ley política que tiene por objeto ei orden y la conservación del Estado Y no se nos diga tampoco (y he aquí otro de los argumentos en estos días manejados por algunos) que lo que rige y tiene que seguir rigien do en las sucesiones nobiliarias es ¡a voluntad del fundador, entendiendo que aquélla es inatacable y ha de respetarse en sus orígenes, en rigurosa contradicción con principios sancionados en la vigente Constitución española. Tal pretensión significa, como hemos dicho, el mantenimiento a ultranza y fuera de contexto jurídico y social de declaraciones de voluntad ajustadas en su día a normas y criterios históricos totalmente acordes y coincidentes con la realidad jurídica y social de tiempos pasados, pero cuya pretendida vigencia y respeto significaría- y esto no puede soslayarse ni minimizarse- conculcación del principio constitucional de igualdad y no discriminación de la mujer por el simple he cho de serlo, es decir, por pertenecer a la categoría mujer No se olvide, además, que la modificación del orden originario de concesión, con el sentido y alcance dado entonces por el Monarca, ya se ha operado en todos los títulos de cierta antigüedad y abolengo. Precisamente en aquellos en los que el Rey vinculaba el título a un mayorazgo patrimonial, por lo que su voluntad era que siguiese los pasos dei mismo; desaparecido históricamente el mayorazgo, el título respectivo automáticamente dejó de estar unido al mismo, con lo que- precisamente como consecuencia del cambio históricamente operado entonces- se vino a contradecir en todos los casos la voluntad del fundador, no con la desaparición dei título (cosa que tampoco se cuestiona ahora) que mantuvo su existencia, pero sí con la carencia de efectos de una declaración de voluntad del fundador que devino incompatible con el régimen jurídico creado con carácter esencial por normas constitucionales posteriores en el tiempo. El alcance y significación de la frase repetida por los comentaristas de que promulgada la Constitución nada es ya igual que antes encuentra en este punto plena justificación, porque, a mi juicio, la declaración del creador de un título, perfectamente válida en el momento en que se realizó, pero que ha devenido incompatible con el orden social y constitucional, se hace inoperante en lo que a dicho orden contradiga, procediendo su inconstitucionalidad por el cauce previsto y proclamado en la disposición derogatoria tercera de la Constitución. En mi opinión, en este tema, como en tantos otros en los que también cabría alegar la inequívoca voluntad contraria del causante reside la grandeza y Derecho nobiliario El Derecho nobiliario como rama del Derecho pretendidamente ajena a la aplicación e influencia de la Constitución. Si rechazable me parece la tesis antes referida- n o huérfana de seguidores- -me permito también discrepar de quienes, tras proclamar solemnemente su reconocimiento de la Constitución como norma suprema del Estado cuyo contenido debe afectar a todo el Ordenamiento, se esfuerzan después en extraer y salvar de su influjo y aplicación una rama o parcela del propio Ordenamiento, por singular que éste sea o haya sido históricamente, pero cuya supuesta y anhelada (por algunos) excepcionalidad no está prevista en la propia Constitución, la cual, según ha declarado terminantemente el Tribunal Constitucional en Sentencia reciente de 21 de marzo de 1986 rige en todas las ramas del Ordenamiento jurídico. Refiriéndose en concreto al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha proclamado en sentencia de 21 de marzo de 1986 que el principio de igualdad viene recogido en el artículo 14 de la Constitución española y es un principio básico de nuestro Ordenamiento jurídico en todas sus ramas, y en cuanto un reglamento consagre una desigualdad por un factor como el del sexo, debe entenderse derogado de plano por la Constitución española si era anterior a ella Los esfuerzos de quienes pretenden y aspiran a que el Derecho nobiliario quede a salvo de la aplicación de la vigente Constitución, vienen a hacer buena y válida para dicho ámbito, basándose en datos históricos y tradicionales, la tesis de que dígase lo que se diga en la Constitución y quiérase o no, muchas de sus afirmaciones no pasan de ser declaraciones programáticas encaminadas a halagar a las masas a sabiendas de que algunas de ellas son totalmente irrealizables y no van a tener eficacia práctica nunca Los argumentos utilizados para llegar, como resultado final, a esta consecuencia me parecen, dicho sea con los debidos respetos, jurídicamente forzados y representativos de una interpretación carente en nuestros días de la más elemental legitimación social, pues significa sostener, lisa y llanamente, que el principio constitucional de igualdad y no discriminación sistemática por razón de sexo vincula y afecta a