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62 ABC la materia que son- d i c e- las de la Corona de Castilla, contenidas en las leyes de las Partidas (ley 2. a, título 15 de la partida 2. a) añadiendo que de las citadas leyes resultan los siguientes principios que regulan el orden de suceder... Tres: La varonía o sexo, porque entre los descendientes es preferente el varón y sus descendientes que la hembra y los suyos, estableciendo la ley que si fijo varón no hubiese, la hija mayor heredase el Reyno... y tras denunciarse en el primer motivo del recurso infracción del orden de sucesión en la Corona de Castilla contenida en la ley de las Partidas con cita reiterada y repetida en los escritos e informes orales de los letrados de la supuesta preferencia del varón sobre la mujer, todo ello obliga al Tribunal a pronunciarse sobre ese punto concreto y a decidir y fijar con exactitud cuál es el orden tradicional de suceder en las mercedes nobiliarias. Y al hacerlo se ve obligado a precisar que de ese orden tradicional, ha de estimarse abrogada por inconstitucionalidad sobrevenida la repetida preferencia del varón sobre la mujer. Quiero hacer hincapié en que, alegándose en el primer motivo del recurso la legislación aplicable a las sucesiones nobiliarias, insistiendo los contendientes en la preferencia del varón sobre la mujer, la técnica casacional obliga en realidad a resolver cada uno de los motivos formulados por el recurrente debiendo, en consecuencia, entrar a discernir las cuestiones jurídicas planteadas y no siendo, por tanto, ocioso el pronunciamiento jurídico que, sirva o no de fundamento al fallo de la sentencia, se encamine a resolver sobre la aplicación o no de concretas normas jurídicas al supuesto de hecho contemplado, máxime cuando en una y otra sentencia la legislación aplicable expresamente citada por las partes conducía irremediablemente a resolver sobre la entrada o no en juego de principios constitucionales. Cosa distinta es, claro está, que hubiese resultado menos conflictivo o más discreto (habida cuenta que los litigantes eran varones) obviar determinados pronunciamientos en los casos planteados, incurriendo así en silencios de los que, sin embargo, podría deducirse o entenderse, a mi juicio, que la tradicional y añeja preferencia del varón sobre la mujer no es discriminatoria ni, por tanto, contraria al artículo 14 de la Constitución española, con olvido en tal caso, del sentido y alcance que ha de darse a la aplicación por los Tribunales de la disposición derogatoria tercera de nuestra Constitución, al decir de nuestros mejores y más prestigiosos comentaristas de la misma. Y con olvido también de que, como ha dicho Diez- Picazo, la seguridad jurídica exige poder predecir o pronosticar, dentro de ciertos márgenes, cuál será el resultdo de un futuro litigio. La seguridad es algo deseable para cada uno de los individuos, pero es también un bien social, porque en la medida en que se pueda conocer de antemano el eventual resultado de un litigio, éste dejará de plantearse. Por ello, históricamente, existe un momento en el que el grupo social que se rige por sus propias tradiciones y por sus precedentes considera necesario que esta situación no continúe y que, de algún modo, se fijen establemente criterios de decisión, a fin de que cada uno sepa a qué atenerse DERECHO más recordar que en las Segundas Jornadas de Derecho Judicial celebradas en Madrid en 1985, por iniciativa del Consejo del Poder Judicial y precisamente sobre el importantísimo tema de Incidencias de la Constitución en las normas aplicables por los Tribunales de Justicia (volumen de más de ochocientas páginas) literalmente se nos dijo: Si bien el Tribunal Constitucional, en cuanto intérprete supremo de la Constitución, es el único legitimado para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley, utilizando para ello el recurso de inconstitucionalidad (art. 161,1- a) Ja cuestión de inconstitucionalidad promovida por un órgano judicial (art. 163) y, en último extremo, a través de un recurso de amparo que- i n directamente- dé lugar a una declaración de inconstitucionalidad (art 55.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional) no puede ignorarse que todos los jueces y Tribunales tienen el deber de aplicar directamente la Constitución a los diversos supuestos de hecho sometidos a su decisión. Esta obligación supone implícitamente un juicio de valor sobre toda norma preconstitucional que haya de ser aplicada; de esta forma puede decirse que los jueces y Tribunales ordinarios tienen la obligación de depurar el ordenamiento jurídico de todas aquellas normas (incluidas las leyes) anteriores a la Constitución y que sean abiertamente contrarias a la misma. El juez aparece como el intérprete natural de la Constitución. El es- e n principio- -el único que podrá proyectar la normatividad constitucional sobre realidades de la vida de cada día. Su juicio será insustituible; ni tan siquiera el Tribunal Constitucional, al resolver un recurso de amparo por una eventual violación de un derecho fundamental por un acto u omisión de un órgano judicial, podrá sustituir la libertad del juicio del juez o Tribunal; deberá limitarse a reconocer la violación del derecho o libertad invocada y abstenerse de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdisccionales (art. 54 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional) En este protagonismo que se ofrece al juez no constitucional sobre la adecuación del ordenamiento preconstitucional a la Constitución, juega un papel decisivo la disposición derogatoria tercera, a cuyo tenor quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución El Tribunal Constitucional preconiza la modulación e interpretación constitucional de las normas preconstitucionales para evitar así la existencia de lagunas que dificulten en mayor medida la integración del ordenamiento; ello pone de manifiesto, una vez más, la importancia de entender y utilizar la Constitución como una norma de aplicación directa en todo tipo de controversias, incluidas las de índole civil; debiendo, por tanto, el juez- -cualquiera que sea el objeto del recurso- proyectar los principios constitucionales sobre las normas aplicables, bien para interpretarlas pura y simplemente, bien para modularlas y atemperarlas a las exigencias de la Constitución. DOMINGO 8- 11- 87 y consiguiente interdicción de la desigualdad discriminatoria. Para la Constitución- dice Hernández G i l- el ordenamiento jurídico no se legitima y justifica por sí mismo, esto es, por proceder del Estado y atenerse a un procedimiento de elaboración y formulación formalmente correcto conforme a las propias normas constitucionales, sino qué ha de ser considerado como un medio para la realización de los fines reputados como valores. Por su parte, García de Enterría reitera que la Constitución no sólo es una norma, sino precisamente la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, lex superior y que la Constitución invade todo el ordenamiento, de tal forma que las demás normas y principios que lo integran sólo serán válidas si no la contradicen Admitida de forma generalizada por la doctrina la concepción que concibe y entiende la Constitución como un sistema de valores que informan y condicionan el resto del ordenamiento el propio García de Enterría ha hecho especial insistencia en la vinculación que estos valores ejercen sobre el juez, vinculación más fuerte que a las propias leyes porque la Constitución, además de sobreponerse a éstas, constituye la base y fundamento de todo el ordenamiento de modo que las leyes mismas han de interpretarse de conformidad con la Constitución Esto quiere cedir- continúa afirmando el prestigioso profesor- que las leyes han de comprenderse como valedoras de ese sistema de valores, puesto que si no fuese así, y mucho más si hicieren obstáculo a su efectividad, a su vigencia real como principios informadores reales y efectivos de la sociedad, dichas normas serían inválidas. Esta doctrina está sancionada de modo reiterado e inequívoco por el Tribunal Constitucional que tras proclamar, por ejemplo, en la sentencia de 31 de marzo de 1981 y en otras muchas posteriores, el carácter de ley superior de la Constitución, insiste en que la Constitución incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpretación finalista de la norma fundamental (sentencia de 8 de junio de 1981) y. nos recuerda también que conviene no olvidar nunca que la Constitución, lejos de ser un catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal los ciudadanos, como todos los poderes públicos y, por consiguiente, también los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, están sujetos a ella (sentencia de 28 de abril de 1982) llegando a precisar el propio Tribunal Constitucional de forma bien expresiva que la depuración continua del ordenamiento desde el punto de vista de la constitucionalidad de las leyes, y siempre a salvo la acción del propio legislador, es así el resultado de una colaboración necesaria entre los órganos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y sólo esta colaboración puede asegurar que esta labor depuradora sea eficaz y opere de manera dinámica y no puramente estática, ya que sólo por esta vía, y no por la del recurso de inconstitucionalidad, cabe tomar en consideración el efecto que la cambiante realidad social opera sobre el contenido de las normas (sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de junio de 1981) La Constitución como declaraciones programáticas encaminadas a halagar a las masas a sabiendas de que algunas de ellas son totalmente irrealizables y no van a tener eficacia práctica nunca Frente a esta tesis de la fuerza vinculante y expansiva de los valores y principios proclamados por la Constitución, con la obligación inexcusable de jueces y Tribunales de aplicar en sus resoluciones todo ese contenido normativo constitucional, nó faltan, sin embargo, quienes piensan y escriben que dígase lo que se diga en la Constitución y quiérase o no, muchas de sus Carácter vinculante y expansivo de la Constitución Carácter vinculante y expansivo de los valores y principios proclamados en la Constitución. Esta integración de los valores y principios constitucionales en toda operación interpretativa y de aplicación de las normas por los Tribunales de Justicia ha sido especialmente defendida y divulgada por juristas del prestigio y de la categoría de Hernández Gil y García de Entem a para quienes la Constitución y, por tanto, la propia legalidad constitucional nos remite de forma imperativa a un orden, de valores que han de prevalecer por encima del propio sistema formal del Derecho; entre ellos destacan el de igualdad Segundas Jornadas de Derecho Judicial Las Segundas Jornadas de Derecho Judicial celebradas en Madrid en 1985 por iniciativa del Consejo del Poder Judicial sobre Incidencias de la Constitución en las normas aplicables por los Tribunales de Justicia La disposición derogatoria tercera de la Constitución. Digamos, en fin, en relación con la antes mencionada y fundamental disposición derogatoria tercera de la Constitución, que no estará de