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DOMINGO 1- 11- 87 INTERNACIONAL Crisis institucional en Panamá A B C 53 El abismo entre una sociedad moderna y un régimen político anacrónico La nación se despabila de dos décadas de torryismo Francisco de Andrés Sobre el papel, la revolución social que prometió el mítico general Omar Torrijos, rector de los destinos de Panamá entre 1972 y 1981, era un dechado perfecto. Los militares tutelarían la nación, los partidos políticos debían mantener la formalidad democrática a través del reparto de puestos en el Gobierno, y los empresarios se beneficiarían de la paz social. Un equilibrio casi intuitivo del genera! que no ha logrado sobrevivir a su muerte. Cinco presidentes en sólo seis años de torrijismo sin Torrijos hablan con elocuencia del profundo malestar que ha ido incubándose durante este tiempo, y del nerviosismo que también ha hecho presa de los sucesores del carismático militar. Fue el general Rubén Darío Paredes quien, en el famoso episodio del gargantazo de 1982, descabalgó de la presidencia a Arístides Royo. Un año más tarde Paredes probó el mismo metal de manos del controvertido general Noriega, autor en la sombra de la renuncia de otros tres presidentes desde su llegada al Poder militar. Es un rumor bien fundado en Panamá que el actual mandatario, Erick Arturo Delvalle, desearía emular la conducta de sus antecesores, pero su suerte está demasiado unida a la del jefe del Ejército, y ambos deben pasar juntos la tormenta. No puede calificarse de otro modo la situación que vive Panamá desde que, el pasado mes de junio, el coronel Díaz Herrera se atrevió a acusar a Noriega de corrupción y asesinato. Hasta entonces la crisis política se había capeado con la intriga y la depuración intramuros del régimen. Pero a partir de esa fecha la protesta social encontró una causa que apoyar, y ha ido agigantándose desde el encarcelamiento de quien fuese ayudante del actual hombre fuerte de Panamá. cuarteles, los militares se defienden aludiendo a una conspiración con siniestras ramificaciones en el exterior, y aumentando la represión contra las protestas de la Cruzada Civilista un movimiento que aglomera a más de un centenar de organizaciones sociales panameñas. Los tonton- macoutes haitianos tienen en Panamá una moderada réplica en los Doberman la temida Policía antidisturbios, con un perfil más tolerable que el de la guardia de Duvalier pero igualmente efectivo. El cierre de los tres diarios independientes, y la censura que pesa sobre la radio y la televisión, contribuyen a enmudecer el mensaje apolítico de la protesta contra el régimen. La crisis panameña no persigue reivindicaciones políticas, sino el respeto a la Carta de Derechos Humanos, y el enjuiciamiento de los responsables del asesinato político y la corrupción. Otros móviles no tienen, aparentemente, sentido. Los partidos políticos han venido disfrutando de la tranquilidad de un Poder delegado, y si algo desea el mundo empresarial es paz y orden social, para retener la inversión y el comercio internacional en una nación que vive casi exclusivamente de esos recursos. La protesta contra el régimen militar de facto ha minado, por el contrario, esa confianza del capital extranjero, y se estima que en los últimos meses han huido del país unos 4.000 millones de dólares. Junto a la mordaza informativa, otros factores contribuyen a que un manto de silencio internacional trate de ocultar los graves sucesos panameños. En primer lugar el síndrome mexicano materializado en la política de camaradería del Gobierno panameño con los regímenes de izquierdas. En los momentos más duros de acecho a Noriega, Castro y Or- tega han sido los únicos mandatarios del área iberoamericana que han tendido su mano amiga al general. A lo que se suma el específico interés de la Cruzada Civilista en no admitir alianzas con los comunistas, algo que tiene mala venta en los foros de la Internacional Socialista. Una herencia exigua Quizá el problema del régimen militar de facfo panameño radica en la dificultad de vivir de unas rentas limitadas. Desde 1981, las autoridades han seguido inspirándose, en su discurso y en su praxis política, en el mensaje de Omar Torrijos, labrado de nacionalismo y un vago recurso a la justicia y a la revolución social. En abono del régimen habría que añadir la acertada acción de varios presidentes tecnócratas, y el prestigio del Grupo de Contadora, si bien esta iniciativa sirvió de cortina de humo a los problemas en casa. Detrás de tal política efectista han aflorado, sin embargo, los aspectos más oscuros de la última etapa del régimen cívico- militar panameño. Asesinato político, tráfico de drogas, operaciones ilícitas de blanqueo de capitales en el exterior, son algunos de los cargos que pesan sobre el actual jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Noriega. Demasiado lastre para ser asumido por la ya menguada herencia del general Ornar Torrijos. Tocar fondo Para cerrar el círculo, la crisis ha estallado ahora también en la coalición del Gobierno. El vicepresidente, Roderick Esquível, ha expresado sus simpatías hacia las reivindicaciones de los protéstanos, obteniendo por respuesta el cierre de su despacho y el sambenito de sedicioso Aislados en sus El canal de la discordia F. de A. Cuando los panameños aceptaron el Tratado del Canal en 1903, tras lograr su independencia de Colombia, soñaban con convertir esta vía de navegación en quicio de su futura economía. Fue preciso durante décadas pagar el ominoso precio de la presencia militar norteamericana, y de la explotación desigual de los recursos canaleras. Pero en 1977 los tratados Torrijos- Carter concedieron definitivamente la soberanía de la Zona al Estado panameño, aunque ambas partes establecieron un proceso gradual que concluirá el primera de enero del año 2000, fecha en que el acuerdo cobrará pleno vigor. La existencia de estos tratados, que amén de la nueva soberanía garantizan la neutralidad y funcionamiento del Canal de Panamá, ha sido obligado marco de referencia de la diplomacia norteamericana hacia aquel Gobierno. Antes del acuerdo, era Washington quien otorgaba su venia al dictador de turno; después, la praxis política panameña ha variado muy poco, pero las autoridades norteamericanas se sienten atadas para expresar abiertamente su postura, por miedo a quebrar la salud de la criatura en ciernes. Con medias palabras y elocuentes gestos diplomáticos, Washington ha dado a entender su deseo de que el general Norrega abandone la escena sin hacer ruido. El Congreso, y particularmente la oposición demócrata, es más explícito cuando porfía en su deseo de acabar con la ayuda económica al régimen panameño. Y no andan a la zaga varias agencias norteamericanas, de manera especial el FBI y la Agencia para la Lucha contra la Droga (DEA) que han incoado procesos judiciales contra Noriega por tráfico de drogas en los Estados Unidos. Si a ello se añade la sospecha de que el jefe de las Fuerzas Armadas panameñas, durante quince años alta en la plantilla de la CÍA, actuó además como doble agente para Castro, el malestar de los norteamericanos es más que comprensible. El Gobierno panameño contesta a estos ataques aludiendo a una oculta campaña de elementos radicales estadounidenses que sólo pretenden apoderarse del Canal. Nada más ajeno a los deseos de Washington, que pasan incluso por el adelanto de los plazos del Tratado. Pero las catorce bases norteamericanas, establecidas a lo largo de la franja canalera, son otros tantos argumentos para actuar con una moderación que muchos sectores panameños consideran enervante.