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VIERNES 16- 10- 87 NACIONAL A B C 33 Los jueces podrán prohibir publicidad sin tener pruebas de que sea perjudicial El Gobierno tiene listo el proyecto de ley General de Publicidad Madrid. Gonzalo López Alba Cualquier ciudadano podrá solicitar la cesación o rectificación de la publicidad ilícita, según el anteproyecto de ley General de la Publicidad, que otorga al juez la posibilidad de decidir su prohibición sin que existan pruebas de perjuicio real o de intencionalidad del anunciante. El anteproyecto de ley, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso ABC, establece que la publicidad de tabaco y alcohol podrá ser prohibida por norma reglamentaria tiva realizada en forma desleal. La publicidad El anteproyecto consta de 34 artículos, organizados en cuatro Títulos, una disposición desleal, según el artículo 7, tendrá la consitransitoria y una disposición derogatoria. La deración de práctica prohibida publicidad ilícita se define en el Título II, y el IV se ocupa De la acción de cesación y recProductos nocivos tificación y de los procedimientos El artículo El artículo 8 establece que la publicidad 26 de este Título establece que los órganos administrativos competentes, las asociaciones de los productos, bienes, actividades y de consumidores y usuarios, las personas na- servicios susceptibles de generar riesgos turales o jurídicas que resulten afectadas y, para la salud o seguridad de las personas poen general, quienes tengan un derecho subje- drá ser regulada por normas especiales o sometida al régimen de autorización administrativo o un interés legítimo podrán solicitar del anunciante la cesación o, en su caso, la recti- tiva previa ficación de la publicidad ilícita El mismo artículo señala que los producLos procesos, según el artículo 30, se tra- tos nocivos, tóxicos, venenosos, estupefamitarán en términos generales conforme a lo cientes, psicotrópicos, medicamentos y simiprevisto en la ley de Enjuiciamiento Criminal lares, incluidos los dietéticos, y el material o para los juicios de menor cuantía, aunque productos clasificados como sanitarios, solamente podrán ser objeto de publicidad en los con algunas modificaciones. El artículo 31 señala que a instancias del casos, forma y condiciones establecidos en demandante, el juez, cuando lo crea necesa- las normas especiales que los regulen. Dicha rio, atendidos todos los intereses implicados publicidad estará sujeta a los requisitos, condiciones y contenido de la autorización del y, especialmente, el interés general, podrá: producto y, en los supuestos que reglamenta Ordenar la cesación provisional de la publiriamente se determinen, a autorización admiciad ilícita o adoptar las medidas necesarias nistrativa previa, que podrá otorgarse por. plapara ello. Cuando la publicidad haya sido exzo determinado presamente prohibida por norma reglamentaFinalmente establece que la publicidad del ria o cuando se refiera a los productos que puedan generar riesgos graves para la salud tabaco, del alcohol y de otros productos, bieo seguridad de las personas, y así lo instase nes, actividades o servicios cuyo uso o abuso el órgano administrativo competente, el juez pueda generar riesgos graves para las personas podrá en determinados casos ser prohibipodrá ordenar la cesación provisional dentro da o limitada por norma reglamentaria de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. Prohibir dicha publicidad o adoptar las provisiones adecuadas para impedir su difusión. El apartado 2 de este artículo precisa que el juez podrá ordenar la cesación de la publicidad o prohibir su difusión incluso en el caso de que no existan pruebas de un perjuiMadrid cio real o de intencionalidad o negligencia por parte del anunciante El Consejo General del Poder Judicial La publicidad ilícita, según el título II. enemitió, el pasado 15 de julio, un informe globa: favorable al anteproyecto de ley, con un La publicidad que atente contra la dignidad voto particular del vocal José Augusto de la persona o vulnere los valores y derede Vega Ruiz, que hace constar mi tochos fundamentales reconocidos en la Constal oposición al anteproyecto titución. Vega Ruiz, en su voto particular, a La publicidad engañosa. Se considera cuyo texto ha tenido acceso ABC, consicomo tal aquella que, de una forma cualquiedera que se conceden al juez unas fara, induzca o sea susceptible de inducir a cultades excesivas que pueden llegar a error a sus destintarios, de tal manera que la inconstitucionalidad Sin embargo, pueda afectar al comportamiento económico no centra su oposición en los contenidos de los mismos, o que, por dichas razones, concretos, sino que subraya que el anteperjudique o pueda perjudicar a un competiproyeto no ha sabido abarcar todo el dor. También aquella que silencia datos contenido referente a los derechos del esenciales. consumidor, entre los cuales se encuen La publicidad desleal. Es la dirigida fundatra la temática sobre la publicidad mentalmente a ocasionar descrédito, denigraA su juicio, sólo se contempla parcialción o menosprecio directo o indirecto de una mente la problemática, por lo que sólo persona o empresa o de sus productos o acva a potenciar el caos legislativo actualtividades. También la que induzca a confumente existente en la materia sión con los competidores. Asimismo se inscribe en esta categoría la publiciad compara- El sector invirtió 400.000 millones dé pesetas en 1986 Madrid. G. L. A. El anteproyecto de ley General de Publicidad sustituirá, una vez aprobado y promulgado, al vigente Estatuto de la Publicidad, que data de 1964, según se prevé en su única disposición derogatoria. El Gobierno considera que El Estatuto y las normas que se han dictado en su desarrollo han formado un entramado jurídico excesivamente intervencionista y reglamentista, cuya aplicación sólo puede servir de freno a un sector económico especialmente dinámico y creciente Las inversiones del sector en 1986 se han cifrado en 400.000 millones de pesetas! Los estudios realizados por el Ejecutivo permiten estimar que las medidas contenidas en el anteproyecto de ley afectarán aproximadamente a 5.700 agentes de publicidad y 2.700 empresas publicitarias, además de al conjunto de los consumidores. Esta última apreciación es considerada de singular importancia por los redactores del proyecto de ley, ya que el vigente Estatuto de la Publicidad sólo establece mecanismos de control jurisdiccional en relación con el cumplimiento de los principios generales contenidos en el Estatuto en favor de los profesionales del sector De hecho, según fuentes gubernamentales, un análisis de los fallos emitidos por el Jurado Central de Publicidad entre 1966 y 1978 revela que sólo un 15 por 100 de los expedientes fueron incoados de oficio, dato que viene a significar que tampoco era relevante la inciativa de la propia administración pública respecto a la defensa referida Por otra parte, se subraya que un 44 por 100 de los expedientes sancionadores emitidos por el Jurado Central de Publicidad en el periodo citado tuvieron por causa mensajes publicitarios considerados desleales. Reservas de las Asociaciones El texto del anteproyecto ha sido acogido con reservas por las asociaciones profesionales, que han hecho llegar al Gobierno diversas sugerencias, como la petición de que se incluya err la ley una referencia a la audiencia obligatoria de las asociaciones profesionales interesadas en el desarrollo reglamentario que se lleve a cabo sobre esta materia. La circunstancia de que varios Estatutos de Autonomía reconozcan competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas en materia de publicidad no se considera incompatible con esta ley general por el Gobierno central. Sin embargo, para las asociaciones profesionales resulta una cuestión capital la previsible proliferación, ya iniciada de la legislación autonómica sobre la materia. Así, han sugerido que la ley establezca cuáles dé sus preceptos tienen carácter de básicos, como fórmula para evitar los posibles conflictos de competencias y conocer con exactitud el marco jurídico en que habrán de desenvolverse. Por su parte, la Asociación Española de Empresas de Publicidad Exterior ha expresado sus quejas al Gobierno porque no se haya utilizado la oportunidad de esta nueva ley para hacer una regulación de la publicidad exterior. Un vocal del CGPJ duda que sea constitucional