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ABC MADRID 04-09-1987 página 20
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ABC MADRID 04-09-1987 página 20

  • EdiciónABC, MADRID
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20 ABC Aizpún pide una declaración institucional sobre Navarra Madrid. José Antonio Sánchez El. Grupo Parlamentario Popular, a iniciativa de los diputados por Navarra Jesús Aizpún y Fernando Medrano, ha elevado al presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, para su aprobación por él Pleno de la Cámara, una declaración institucional sobre Navarra. El motivo de esta iniciativa es el hecho de que en los últimos días, el portavoz del Gobierno ha afirmado que ha habido, hay y habrá, diálogo entre las instituciones del Estado y la pandilla terrorista ETA, aseveración que surgió como respuesta a informaciones oficiosas y de Prensa, en las que incluso se desvelaba el contenido de dicho diálogo, concretando que una de las cuestiones tratadas, por ser exigencias de los asesinos, era la anexión de Navarra En el transcurso de una rueda de Prensa, a la que asistieron los portavoces del Grupo Popular Juan Ramón Calero y Luis Ramallo, así como el diputado Medrano y Blasco, este último subrayó que se había producido cierta inquietud ante los rumores de que Navarra haya sido moneda de cambio entre los terroristas y e) Gobierno. Por su parte, Juan Ramón Calero anunció que la próxima semana se iniciarán negociaciones con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para, seguidamente, proponer al presidente det Congreso el sometimiento de la declaración ante el Pleno de la Cámara. José Antonio Segurado, presidente del Pl, puso de relieve que la Constitución no contempla la amnistía general y que cualquier medida de gracia se aplica cuando hay una rendición total NACIONAL Cuaderno de notas VIERNES 4- 9- 87 Fuenterrabía: la Guardia Civil protege a un concejal de HB San Sebastián. Otr El gobernador civif de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, ha puesto dos agentes de la Guardia Civil a disposición det concejal de Herri Batasuna del Ayuntamiento de Fuenterrabía, Fermín Urtiz Berea. para que se encarguen de su seguridad. El pasado día 25 de agosto, la Policía Municipal de Fuenterrabía retiró un artefacto explosivo colocado bajo el automóvil del citado concejal, compuesto de gasolina y metralla, que se hallaba conectado al sistema eléctrico del vehículo. Herri Batasuna, tras conocer el intento de atentado contra uno de sus miembros, pidió ai gobernador civil que se hiciera cargo de la seguridad e integridad física de Urtiz Berea, quien, en varias ocasiones, había recibido amenazas de una organización autodenominada GANE (Grupo Antiterrorista Nacional Español) En septiembre del pasado año, el concejal de la coalición abertzale Fermín Urtiz resultó ileso al ser ametrallado su vehículo en Fuenterrabía y posteriormente recibió una nueva amenaza de muerte del mismo grupo que, a raíz del fallido atentado, le hizo llegar el siguiente aviso Una vez fallamos, pero la próxima vez procuraremos que no sea asi Galicia se ha convertido en escenario de dos episodios relacionados con lo judicial. Por una parte, el anuncio de querella criminal de José Luis Barreiro, ex vicepresidente de la Junta, contra el actual presidente Gerardo Fernández Albor. Por otro lado, la prestación de declaración ante la autoridad judicial de los trabajadores de Sidegasa que zarandearon el automóvil de Alfonso Guerra, en el aeropuerto coruñés de Alvedro, cuando el vicepresidente del Gobierno se disponía a tomar el avión que habría de trasladarle a Madrid tras una breve estancia en la capital gallega. Fernández Albor había declarado que la riqueza de Barreiro no se ajusta a sus ingresos A eso se llama poner peligrosamente el dedo en la llaga. Porque el Barreiro que hace muy pocos años se convirtió en empleado contable de Alianza Popular, atendiendo a un reclamo publicitario insertado en un periódico de Santiago de Compostela, es hoy, aparte de antiguo vicepresidente de la Junta, propietario de una gran vivienda en la ciudad del apóstol y dueño de un chalé envidiable que le construyen cerca del mar. Si todos los políticos españoles, al llegar a un cargo, hicieran declaración de sus bienes- cosa que Barreiro eludió- a estas alturas sabríamos exactamente si el empleado contable de Alianza Popular tenía entonces fuentes de ingreso que justificaran su actual situación patrimonial. De lo contrario, forzoso resulta entender que o ha heredado o ha labrado su fortuna durante su trayectoria política. Naturalmente, el problema estriba en saber cuál es el montante de los sueldos que se perciben en la Junta gallega o qué márgenes o posibilidades se dan para la percepción de comisiones en obras y otras atenciones de la Administración. Barreiro arguye que Fernández Albor pidió en su día doscientos millones de pesetas a cambio de abandonar el cargo. O CASOS JUDICIALES sea, que puso precio a su cabeza. Afirmación que presumimos indemostrable e inferior en vigor a la aseveración presidencial, ciertamente tangible, de que la fortuna de Barreiro rebasa los límites de sus percepciones económicas conocidas. En cuanto al zarandeo del coche de Guerra, ¿qué decir? Con una excitación del celo judicial responde el vicepresidente a la mecida que le dieron los obreros de la primera siderúrgica gallega. Quiere, o quieren por él sus esbirros, las humHdes y poco cotizadas cabezas de quienes, exasperados por la pérdida de sus empleos, hicieron llorar a Pincho y alarmarse a sus padres. O acaso se trata simplemente de preservar el valor del fuero afectado por tan irrespetuosa conducta. Ninguna duda cabe sobre la ineficacia policial en aquel apuro. ¿Pero fue eficaz don Alfonso Guerra? ¿Qué habría ocurrido si hubiese salido del automóvil para busGar el diálogo con unos trabajadores que pretendían precisamente eso, dialogar? En este punto cabe toda una teoría sobre el valor físico del número dos del actual poder político. Uno cree sinceramente que don Alfonso Guerra hace honor a su apellido y se atreve con todo. Sólo que en La Coruña fue víctima de la indecisión. ¿Cómo podía imaginar él. líder o yicelíder de un partido obrero, que en el fragor de la disputa con los trabajadores no se iba a escapar una bofetada? No seamos, pues, temerarios. Nada de eficacias. El ex librero fue consciente de la importancia de una púrpura que se exponía a (a cólera de los desempleados en cierne. Y entre la gallardía de salir del coche o preservar su respetabilidad física a todo trance, prefirió el bamboleo del vehículo. Lorenzo CONTRERAS La sexta parte de los policías Utilizan a la revista Policía del País Vasco piden el traslado para estafas de publicidad Madrid. Sólo 304 agentes de la Policía Nacional de los más de 1.800 que tenían derecho han solicitado su traslado desde el País Vasco a otras provincias de España en el último concurso de provisión de vacantes convocado por la Dirección General de la Policía, según informó el Ministerio del Interior. En el concurso, convocado el pasado mes de agosto para cubrir 713 vacantes, se estableció un baremo que determinó derecho preferente para aquellos funcionarios que llevaran prestando servicio durante más de treinta meses en las provincias del País Vasco y Navarra. De acuerdo con este baremo, un total de 1.818 miembros de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía podrían haber pedido su traslado a Cataluña, Alicante, Málaga, Canarias o Sevilla, destinos en los que se encontraban las vacantes. De este número, solamente 304 agentes han solicitado el traslado. Madrid La Dirección General de la Policía ha informado que se vienen recibiendo numerosas quejas de comerciantes, industrias y todo tipo de establecimientos en las que se denuncian supuestas irregularidades cometidas en la contratación de publicidad para determinadas revistas, empleando procedimientos que pudieran ser constitutivos de delito y utilizando el nombre de dicha Dirección General e incluso, en ocasiones, el de la propia Corporación policial. Por ello, las fuentes informantes han matizado que la única publicación oficial de la Dirección General de la Policía es la revista denominada Policía que no incluye en sus páginas tipo de publicidad alguno. La utilización del nombre de la Dirección General o el de la propia Policía se hace por tanto de forma ilegal, habiéndose dado instrucciones concretas a los jefes superiores de toda España

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